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El libre albedrío o la voluntad (III)

Jonathan Marcial Mendoza

Licenciado en Derecho con Especialidad en Formación Docente

En la segunda parte de este artículo quedó claro que en el ámbito del derecho civil, específicamente en la teoría general de las obligaciones civiles, es donde el tema de la voluntad o autonomía adquiere mayor relevancia, ya que constituye la base de todo acto jurídico, expresado en el consentimiento y se encuentra sometida a las normas de carácter público. Ahora, en esta última parte, es preciso de exponer los fundamentos legales.

La Constitución Política Federal de México establece, en el artículo 130, que: “la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley”, disposición que es retomada literalmente por el artículo 4º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Tal disposición implica tanto el reconocimiento de la voluntad para celebrar todo tipo de actos jurídicos lícitos, como el deber de cumplir aquello a lo que se obliga a través de ella.

No obstante lo anterior, es importante recordar que la voluntad de los particulares viene limitada por el propio marco jurídico y que las normas de interés público no pueden ser derogadas por la voluntad de las personas. En este orden de ideas el artículo 6º del Código Civil Federal determina que “la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero” y el artículo 7º indica que “la renuncia autorizada en el artículo anterior no produce efecto alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia”.

En los mismos términos se expresan los artículos 17 y 18 del Código Civil del Estado de Veracruz, agregando además en su artículo 19 que “los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas e imperativas, serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario”.

De lo anterior puede colegirse que la voluntad debe ser lícita, no violentar derechos de terceros y respetar el orden público. En relación con el último punto anotado, Acosta et al. (Código Civil para el Distrito Federal. Comentarios: Legislación, Doctrina y Jurisprudencia. Volumen I, México, 1998) comenta que el orden público, el interés general, la utilidad pública y el beneficio social buscan el buen uso de la voluntad en los contratantes de un acto jurídico; es decir, la tranquilidad y paz pública que son intereses superiores de la sociedad que deben prevalecer sobre los intereses individuales.

Por último, puede citarse la forma en la que ha sido interpretada la voluntad o autonomía en los criterios jurisprudenciales del país. Los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC) han sentado una tesis aislada de rubro siguiente:

“CONTRATOS. PÚEDEN MODIFICARSE EXPRESA O TÁCITAMENTE EN ATENCIÓN A LA ‘AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD’, SIEMPRE QUE NO AFECTE EL ORDEN PUBLICO, LA MORAL O LAS BUENAS COSTUMBRES, INCLUSIVE AUNQUE SE HAYA CONVENIDO EN CLÁUSULA ESPECÍFICA LA FORMALIDAD ESCRITA PARA ELLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). En términos de los artículos 1255, 1256 y 1300 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas…la voluntad de las partes es la suprema ley que se traduce en una libertad contractual, que suele darse en dos aspectos, el externo y el interno, también denominado este último por la doctrina como “autonomía de la voluntad”, en donde el primero es la facultad de decidir si se celebra o no el contrato y, el segundo, es la posibilidad de establecer el contenido del acuerdo de voluntades, esto es, el derecho y las obligaciones de cada una de las partes. Tal libertad no es un derecho ilimitado del que gocen los contratantes, ya que se encuentra acotado por el orden público, la moral o las buenas costumbres, lo que significa que las partes en uso de esa máxima autoridad que impera en los contratos, como es la voluntad de elegir, siempre que no contravenga tales principios, pueden expresar o tácitamente crear, transferir, modificar, conservar o extinguir lo inicialmente pactado […]” (Tesis: XIX, 2º A.C., 46 C, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia: Civil en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, p. 1048).

En otra tesis aislada, los TCC entienden que la voluntad no debe afectar el interés público como cito a continuación: “DERECHO, RENUNCIA DE LOS. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. Las estipulaciones relativas a los contratos de arrendamiento regulan relaciones entre los particulares y con ello no se afecta el interés público, de suerte que los contratantes pueden válidamente renunciar a aquellos derechos que el Código Civil establece en su favor, como el de la prórroga del contrato de arrendamiento […]” (Semanario Judicial de la Federación. Informe de 1983, tercera parte, Tribunal Colegiado del Décimo primer circuito, p. 358).

Finalmente, el propio Semanario Judicial de la Federación publicó el criterio jurisprudencial siguiente en materia de voluntad en cuanto a renuncias: “Las renuncias que legalmente pueden hacer los contratantes no producen efecto alguno, sino que expresan en términos claros y precisos; y no pueden extenderse a otros casos que aquellos que estén comprendidos en las disposiciones legales renunciados” (Apéndice de Jurisprudencia de 1917-1975. Semanario Judicial de la Federación).

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