El silencio de los corderos

En el ámbito del periodismo, constituye un lugar común la frase que señala que “la libertad de expresión es para la democracia como la sangre que corre por las venas del cuerpo humana”.

Así lo han entendido importantes organizaciones gremiales. En 1943 se creó en La Habana, la Sociedad Interamericana de Prensa, asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativos de América. En sus objetivos, la SIP declara su compromiso de defender la libertad de prensa, la dignidad y derechos de los periodistas y promover el intercambio de información, denunciando casos de violación a la libertad de prensa, amenazas o agresiones a periodistas o medios. Su constitución constituyó un acto heroico (¿?), toda vez que se realizó bajo la dictadura ejemplar de Fulgencio Batista. Desde entonces, ha corrido mucha agua bajo los puentes. Un hito lo marcó la llegada a la presidencia del organismo de Danilo Arbilla, periodista uruguayo que venía de ocupar el cargo de jefe de prensa de la dictadura de Juan María Bordaberry.

En el país, la Asociación Nacional de la Prensa agrupa a empresas editoras de diarios, revistas y medios digitales chilenos. Proclama asimismo su compromiso con las libertades de información y de opinión, lo que comprende el deber de entregar una completa y oportuna información, ayudar a establecer la verdad de los hechos, llevar los conflictos al plano de la discusión racional facilitando el debate pluralista y contribuir a fiscalizar la acción de las autoridades y los poderes del Estado y a educar a la comunidad.

Si no fuera por algunas debilidades (Batista, Bordaberry, Garrastazú- Medici, Pinochet, Videla y otros próceres del anticomunismo) podría decirse que este derecho fundamental ha estado bien custodiado por las organizaciones empresariales del periodismo.

Lo bueno de todo, es que en Chile se vive en un verdadero “oasis” en esta materia. O, al menos, se vivía.

El 27 de septiembre de 2017, el general Schafik Nazal Lázaro, director de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), en el marco de la llamada Operación Topógrafo, solicitó la autorización legal para espiar las comunicaciones de cuatro funcionarios: capitán Daniel Harvey Valdés, ex teniente Carlos Farías Ramírez, ex sargento Juan Pablo Díaz Pino y Cabo Sergio Andrés Tudesca Órdenes, todos eventuales denunciantes de hechos de corrupción en el Ejército.

A partir del hecho, se destapa una preocupante cadena de sucesos.

• Se conoce que desde una sola dirección IP se pidieron al Registro Civil datos de periodistas que han investigado los casos de corrupción y de violación de derechos humanos al interior del Ejército. Según informe de la PDI, Luis Toledo Cid requirió antecedentes del periodista Mauricio Weibel Barahona, denunciante de los casos de corrupción militar; Carlos Farías, ex uniformado que habría aportado los antecedentes; de Javier Rebolledo, autor de libro sobre crímenes militares en tiempos de dictadura y de Juan Cristóbal Peña, autor de libro sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Al ser interrogado, Toledo declara no recordar quién, dentro de la DINE, le ordenó pesquisar la información.
• Aída Segovia Crisóstomo, con la misma IP requiere antecedentes personales de la madre del también denunciante en casos de corrupción capitán ® Rafael Harvey.
• La DINE pide datos de Pascale Bonnefoy, corresponsal en Chile, del New York Times y autora de investigación sobre DDHH; de Santiago Pavlovic, periodista de Informe Especial, de TVN; de Danae Fuster, también periodista de Informe Especial.
• Correos anónimos intentan obtener antecedentes de cónyuge e hijos del capitán Harvey;
• Se constata que el Ejército engañó al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Poblete Méndez al solicitar autorización para intervenir el teléfono de “una agente extranjera” que “buscaba antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile”, lo que fue justificado ante Comisión de la Cámara de Diputados tanto por el Ejército como por el Ministro de Defensa de la época Alberto Espina. Resultó que el fono de “la agente extranjera” era ni más ni menos que el del periodista Mauricio Weibel.
• CIPER (Centro de Investigaciones e Informaciones Periodísticas), informa que el sargento 1° del Regimiento de Inteligencia Soberanía César Neira Medina, ha sido descubierto por el ex sargento 2° Juan Pablo Díaz espiando a la ministra Romy Rutherford y a quienes eran citados a declarar en la causa por corrupción. Díaz pregunta a Neira: ¿Qué haces aquí? Respuesta: “Estoy vigilando a los arrepentidos”. La información es acompañada por foto de Neira y su acompañante.
• La Tercera (5.01.21) informa que el 28 de agosto de 2020, Carabineros sorprendió a dos individuos en actitud sospechosa frente a la oficina de la ministra investigadora Rumy Rutherford, quienes huyeron. Uno de ellos, Aníbal Simón Fernández Gajardo, funcionario de la DINE fue aprehendido. Declaró estar ahí “para proteger a los declarantes”, sin poder explicar por qué, entonces, habían huido.
• Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción, sin arrugarse, declara que sus 32 empresas han quitado la publicidad de un determinado medio por no ajustarse su línea editorial a los intereses del conglomerado.
• Durante la discusión de la reforma que permite la postergación de las elecciones, un diputado propone, ni más ni menos, que durante el nuevo período que antecederá los comicios, se prohíban las entrevistas a los candidatos. El Mercurio, siendo consecuente con su línea, protesta editorialmente cintra este grave atentado a la libertad de los medios.
• Magdalena Díaz, hija de Juan Pablo Díaz, embajador en Portugal e íntimo amigo del Presidente y actual Jefa de Gabinete del mandatario, llama a Miami al magnate mexicano Remigio Ángel González, propietario del canal La Red,  (al parecer, por orden del jefe) para reclamarle porque su canal “se fue a la izquierda” ya que entrevistó a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por asesinato ddel senador Jaime Guzmán.
• Sebastián Piñera llama personalmente a Jorge Carey Carvallo, Presidente Ejecutivo de Chilevisión e hijo de Jorge Carey Tagle, dueño del más importante estudio jurídico del país, para reclamar por comentario de Julio César Rodríguez sobre la “variante Piñera”. El canal rechaza el reclamo y anuncia que recurrirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa de su libertad editorial.

La trama anterior refleja la actitud de algunos importantes medios del país en cuanto a desconocer los principios y valores que suscribieron al integrarse a importantes asociaciones gremiales. El ocultamiento o el simple desperfilamiento de hechos especialmente graves y que afectan la esencia misma del periodismo en democracia, es algo sobre lo cual es indispensable tomar conciencia oportunamente.

La libertad de expresión y la custodia irrestricta de la dignidad profesional, van mucho más allá de las palabras de buena crianza. En estos momentos, el silencio pasa a ser complicidad.

Un gobernante que amedrenta a los medios, un Ejército que se siente con el derecho a espiar a los periodistas, empresarios que condicionan su publicidad comercial a la línea de los medios, medios que reniegan de principios éticos esenciales en la profesión, constituyen un atentado al sistema.

Ver todo lo que está pasando, y no denunciarlo ni condenarlo, constituye cinismo. Y el silencio, un acto supremo de cobardía moral.