GOBIERNO CENTRAL — GOBIERNO REGIONAL: ¿DISRUPCIÓN NECESARIA?
Desde mis años estudiantiles en la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, siendo provinciano era obvio que me interesaran las regiones cuando trataba de enfocar el planeamiento territorial. Creo que también en parte era la óptica de mis profesores de urbanismo y planificación, pioneros en Chile en el sólido involucramiento de nuestra profesión en el pensamiento sobre la geografía, el territorio, las ciudades y la sociedad allí establecida. Moisés Bedrack, Juan Honold [1], Pastor Correa [2], fueron algunos de mis profesores señeros. Bedrack, profesor guía en mi seminario de planeamiento, fue entonces (y hasta ahora) el único chileno en el directorio de la Unión Internacional de Arquitectos, UIA, la que en sus famosos primeros congresos emitió la Carta de Atenas, la mejor base nunca antes formulada para aplicar, ya institucionalmente, el urbanismo y el planeamiento territorial, tal vez de manera pionera en los países miembros, pero en muchos otros también.
En nuestra región del Biobío, desde siempre nos ha interesado su gobernanza (el ya manido término que nos trajo el neoliberalismo), que de casi nula ha llegado a ser algo mejor después del establecimiento de los Gobiernos Regionales, un escalón de la escala institucional y burocrática del gobierno del Estado, todavía nuevo pero aún poco sólido o no del todo bien estructurado; que es aún casi incipiente en lo formal y administrativo, menos claro en sus recursos y en sus disponibilidades económicas para de verdad “hacer gobierno” en las regiones.
Sostenemos que los gobiernos regionales partieron tardíamente (los soñábamos desde los años ‘60), con un proceso dubitativo a punta de coyunturas y sin una estructuración o gobernanza clara bien enraizada en la base del Estado. Pero ahí están, funcionando con pruebas y errores, algunos bastante graves, incluso judicialmente hablando. Tanto con los gobernadores elegidos, como con los consejos regionales (y los pertinentes consejeros, el factor humano claro está), también elegidos, ha habido resultados dulces, otros anodinos, pero también algunos con bastante agraz (agraz: jugo de uva sin madurar, de sabor amargo o ácido).
Hemos visto que una de los peores efectos de lo anteriormente dicho, es la discordancia entre el Gobierno Regional y la institución del Delegado Presidencial, donde nos encontramos con un curioso y pseudo paralelismo entre ellos, o definitivamente con declaradas discordancias. Pero este último es también el instrumento de un centralismo que siempre ha estado vigente… y que probablemente lo seguirá estando.
Entre lo que en esta región pencopolitana me preocupa están las demostraciones de descoordinación, de sorderas imperantes, y de decisiones que, por lo confusas, terminan yendo contra el Bien Común, una de las bases conceptuales fundamentales de la democracia que a todos nos gustaría tener, vivirla, ejercerla y disfrutarla.
¿A qué me refiero? Pues a cosas simples de enunciar, pero complejas y difíciles de armonizar en sus variados y disímiles componentes, y tratar de hacerlos congruentes. Tales como las decisiones sobre algunos grandes proyectos de obras o infraestructuras públicas, como es el caso de la pretendida autopista concesionada, la “Ruta Pie de Monte” que el MOP se afana e insiste en construir en el frágil encuentro entre la costera cordillera de Nahuelbuta y el llano costero entre San Pedro de la Paz y Coronel. Encuentro físico que es un humedal continuo desde la Laguna Grande – Humedal Los Batros por el norte y el gran (y magnífico) Humedal Boca Maule por el sur. Una obra que, además de ser una aberración contra natura y el equilibrio ecológico, no sería la gran solución que el MOP proclama para resolver el intríngulis entre Concepción y Coronel-Lota.
Está demostrado que la mejor solución es una ruta en pleno borde costero, definida en un didáctico estudio sobre este gran problema vial, que fuese realizado por ingenieros holandeses de la Universidad Tecnológica de Delft (TUDelft) que de motu proprio vinieron y se dedicaron a preparar su tesis de Magíster con tres meses de residencia aquí, como huéspedes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hicieron un estudio con varias opciones de ruta, las que recibieron diferentes puntajes de acuerdo con la metodología empleada, el “Análisis Multicriterio”, el que una vez terminado fue aportado al gobierno por intermedio del ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga en 2016, durante el segundo gobierno de la presidente Michelle Bachelet, para que luego la ciudadanía, atenta al suceso, se encontrara con la tozudez del MOP al descartarlo, lo que sabemos, tiene otro origen inconfesado.
Hay otro caso ya emblemático a nivel nacional: el proyecto minero de Tierras Raras que una empresa extranjera quiere establecer en la ciudad de Penco (y deliberadamente digo en la ciudad porque el área pretendida es de categoría oficial URBANA). El Servicio de Evaluación Ambiental, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, tramita en estos meses el tercer intento de abrir esa actividad minera donde no se debe ni se puede. Ya en las pretéritas discusiones en el transcurso del obscuro proceso iniciado en 2015, los entes gubernamentales regionales y centrales han demostrado oír y favorecer más a la minera peruano- canadiense que a la ciudadanía y a los estudios técnicos locales. Hay ministros actuales que, al consultarles por esa minería en Penco, respondieron anecdóticamente que las Tierras Raras y esa actividad minera son una suerte de “caja de ahorros”. Por ende, probablemente refiriéndose a esa iniciativa empresarial, la que en los hechos va derechamente contra el Bien Común, demostrado entre otras cosas con un plebiscito comunal (regulado por el SERVEL) donde el 99% de la ciudadanía votó contra la aceptación de la localización de esa actividad minera en el borde urbano, sobre y bajo áreas oficialmente previstas para el desarrollo habitacional en los dos instrumentos oficiales de regulación territorial: el Plan Regulador Metropolitano y el Plan Regulador Comunal.
Con esos dos ejemplos queda entonces claro para los ciudadanos que las maneras de gobernar una región deben ser diferentes a las usuales empleadas por el Estado centralizado que nos ha regido siempre y por tanto tiempo ya. Una regionalización de verdad amerita otra gobernanza, disruptiva con la tradicional, y adaptada para tiempos y circunstancias nuevos, a ejercer de otra manera.
Para aclarar lo dicho nos ayudamos con párrafos de la IA e Internet: en las últimas décadas el término disrupción ha sido utilizado en las áreas tecnológicas, de negocios y de gobierno para referirse a la introducción de nuevos procesos, métodos o productos que cambian la forma en la que tradicionalmente se hacía algo, agregando valor al sector al que están dirigidos. La disrupción también implica que aquello que estaba antes se vuelve obsoleto, dado que no está adecuado a las nuevas circunstancias.
Por otra parte, extraemos de publicaciones académicas [3]: La gobernanza territorial se refiere a la capacidad de las sociedades para resolver sus asuntos y contribuir al desarrollo de sus territorios mediante la participación de diversos actores, incluyendo el Estado, la sociedad civil, las agencias públicas y el sector privado. Implica la organización colectiva de grandes territorios habitados por múltiples comunidades que deben acordar las normas y políticas que regirán en sus áreas.
AZE
26/08/2024
FUENTE DE FIGURAS
Cabecera: https://laventanaciudadana.cl/mineria-en-penco-y-vocacion-turistica-disruptiva-explosiva/
REFERENCIAS
[1], [2] Juan Honold y Pastor Correa, ambos obtuvieron en conjunto el Premio Nacional de Urbanismo, Colegio de Arquitectos de Chile y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2010.
[3] Documento académico: REHREN, A., ORELLANA, A., ARENAS, F.; HIDALGO, R.
La regionalización en un contexto de urbanización regional: desde los desafíos a las propuestas de criterios de zonificación para el caso chileno. Revista de Geografía Norte Grande, 2018, Nº69, p.191-209. [Links]
En la revista digital www.laventanaciudadana.cl se puede encontrar varias publicaciones de este mismo autor y de Carlos Bonifetti D. sobre los dos (malos) ejemplos de desarrollo tratados en el presente artículo.
Otro certero enfoque sobre gobernanza y proyectos extractivistas emblemáticos que andan dando vueltas a trompicones en al áspero camino que han elegido las —abiertamente pro empresas y anti bien común— instituciones.