INCENDIOS FORESTALES Y MINEROS. RAZONAR FRENTE AL DESASTRE

Es el intríngulis de la PROPIEDAD PRIVADA el que hoy tiene complicada a la mayoría de la población chilena. Nos complica la vida por la falta de políticas que permitan resolver la intangibilidad de la propiedad privada cuando la propiedad pública (léase el Estado) no puede resolver problemas que complican al interés común, derechamente al BIEN COMUN, el de la gran mayoría de los habitantes de este territorio que es Chile. A lo que me refiero es a la gran propiedad privada rural, donde los propietarios creen que en SU propiedad pueden hacer lo que quieran y nadie puede intervenir en eso. Están firmemente convencidos de aquello y, desde el punto de vista legal, que los ha favorecido siempre, tienen razón en creerlo: porque las leyes chilenas privilegian a la propiedad privada, es decir al interés particular contra el interés público, que es el interés de la gran mayoría de la gente.

¿En qué lo denotamos? En la tremenda dificultad de la clase política, más que los gobiernos en sí mismos, de legislar cuando se toca al interés privado, entre ellos principalmente a la propiedad. Esto que parece tan abstracto, se demuestra simple e ingenuamente con el lento y escaso avance de la planificación del territorio rural tal como se ha pretendido hasta ahora, casi infructuosamente. Para peor con la idea de Ordenamiento Territorial, una forma además rebuscada de sacarle el cuerpo al concepto duro de la planificación de los territorios rurales. Territorios o suelos que están principalmente en manos privadas, sea como propietarios reales o con concesiones gratuitas o perpetuas e intocables, como es el caso de la minería en manos de grandes empresas.

La dramática situación que estamos viviendo en este verano de 2023 (y que ya habíamos vivido en el de 2017) es consecuencia en buena parte de la falta de planificación (¿qué queremos, para dónde vamos y cómo lo hacemos, a quién servimos?) del suelo rural, donde el Estado no se mete, no interviene y deja hacer. Porque las regulaciones son mínimas o no existen, y cuando se quieren hacer, las políticas públicas necesarias se encuentran con las fuerzas negativas que son los gobiernos de derecha, los de centro derecha -y porque no decirlo, también de la centro-izquierda-, la clase política y los grandes propietarios.

Y cuando hay votaciones entre alternativas, los votantes o electores con falta de cultura o conocimiento cabal de los temas, o mal informados por los medios interesados, nos encontramos con la gran parte de la gente que se opone a lo que en rigor es de su conveniencia. Fue el caso del insospechado triunfo de la opción RECHAZO a un proyecto de Constitución de la República que sí quiso avanzar de verdad a favor del interés mayoritario en todo lo antes someramente descrito.

Pero hoy, febrero de 2023, todo el país, su suelo y principalmente la gente que lo habita, es y será victima por mucho tiempo por delante de la destrucción de los bosques, de los campos, de la agricultura, de partes importantes de la ciudades, y del ‘cañonazo’ en favor del cambio climático que ha significado para el mundo esta hoguera gigante que tiene lugar en el país; eso, paradojalmente, en buena parte también debido a este calentamiento del clima del mundo, en el que aun pocos creen (partiendo por grandes políticos mundiales, pero también incrédulos políticos locales).

Hasta ahora en Chile, lo único que se planifica son los territorios urbanos: las ciudades y algunos pueblos que alcanzan la categoría oficial de Área Urbana, y donde de partida, se establece un Límite Urbano con fuerza de ley.  Allí sí se pueden hacer planes reguladores que permiten, regulan o impiden el uso y el destino del suelo. Hay grandes ciudades que se aglomeran con otras y allí se constituyen los planes reguladores metropolitanos, donde también se establece un Límite Urbano Metropolitano.  Pero cada ciudad que se constituye en Comuna, también debe tener un Plan Regulador Comunal. Es así como esos ámbitos menores son las únicas partes territoriales donde en Chile se permite planificación del territorio, de los suelos y todo lo que permite que una ciudad exista, funcione y se desarrolle. Las áreas externas, es decir la mayoría del suelo del país no se planifica, peor aún, no se permite allí planificación física alguna como es en las ciudades. Nadie puede decir en un campo en esta zona o área no se permite hacer plantaciones u otra cosa. Eso solo depende del propietario.

Aunque, curiosamente frente a lo dicho, las leyes mineras, leyes privilegiadas y casi omnipotentes, son las que permiten dar concesiones mineras sobre la superficie y el subsuelo de los campos y de las ¡CIUDADES! Oh sorpresa: El Estado permite ocupar subterráneamente las ciudades, el espacio público y privado, plazas, edificios. También campos y territorios rurales, fondos de lagos y del mar. Parece insólito, propio de un REINO MINERO, y casi lo somos. De ahí que ahora una minera trasnacional pretende asentarse en los cerros que hay detrás de la ciudad de Penco y sacarles toda su costra superficial (“costra” de entre 30 y 40 metros de espesor, ni más ni menos). Adicionalmente puede pasar por sobre el Plan Regulador, nada menos… ¿LEY DE REYES?

¿A quiénes privilegian estas políticas y no políticas en el Estado y en los territorios? 

Difícilmente será al BIEN COMUN.  ¿Quién ha permitido esto? ¿Será el capitalismo internacional, será la política neoliberal imperante hoy en el mundo? ¿Serán los gobiernos y las políticas populistas? Lo que nos queda claro es que hoy -enfrentándonos a la decadencia del planeta Tierra, al deterioro de sus climas, y al negro futuro del que alertan los científicos del mundo-, parece que hay que ocupar los raciocinios, lo racional para enfrentar con algún éxito el futuro.

Y en Chile, en vista de lo que pasa, con mayor razón: ¡¡por favor RAZONEMOS!!

AZE

09.02.2023

Fuente de figura:

https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/02/09/una-semana-de-incendios-forestales-en-chile-hay-84-focos-activos-que-estan-fuera-de-control/