INSOLITO PROCESO DE MINERIA DE TIERRAS RARAS EN CIUDADES PENCOPOLITANAS

Desde que comenzamos a introducirnos en el tema de la minería de Tierras Raras, así llamados los ‘óxidos lantánidos’, motivados por el caso de la empresa BioLantánidos que ahora tiene entre la espada y la pared a las comunas de Penco y Concepción, nos impresionó la ligereza con la que el Estado chileno promueve este tipo de minería y a los empresarios que están detrás de su gestión.  Nos resultó  desconcertante el rol de altas instituciones estatales, como la clave, el Ministerio de Minería, al otorgar inmensas concesiones mineras, la mayoría en la faja costera de esta región y alrededor de las ciudades (Tomé, Penco, Lirquén, Concepción, Coronel, Santa Juana), y la actitud de la CORFO, al entregarle una gran cantidad de dinero a los gestores para que inicien instalaciones en estos territorios; también el rol de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, al otorgarle amplios derechos de agua de fuentes naturales que se  consideran reservadas para la ciudad de Penco-Lirquén. Uno supone que los ministros y altos funcionarios que manejan la institucionalidad involucrada, a lo menos son profesionales de alta calificación y no entiende como se hizo lo que hicieron con tanta soltura y ligereza, al entregar dineros públicos y bienes naturales tan valiosos como escasos, en localizaciones que son frágiles y con la especie humana tan cercana habitándolas. Y todo lo anterior antes de tener estudios serios y amplios de impacto en el medio ambiente y sobre el medio social, es decir sobre el impacto en la gente que desde tiempos pretéritos ha ocupado esa geografía que pretenden intervenir.

Desde que a profesionales, calificados todos pero sin especialización en minería, nos interesó investigar qué efectos produce esta minería de elementos lantánidos, no encontramos ningún ejemplo en el mundo donde exista esa minería de tierras raras instalada y operando de manera armónica con el territorio que ocupan y con las poblaciones humanas. Son muy pocas y están cuestionadas, si no por el país que las tolera, por el resto del mundo civilizado. Porque es muy destructiva y peligrosa para la vida, sea ésta vegetal, microbiana, animal  o la de los humanos.

Lo que sí se sabe y es vox populi, es que es una minería altamente rentable, por lo escasa en los suelos del planeta Tierra y por el uso de sus elementos químicos: en la más avanzada y alta tecnología eléctrica y electrónica de aplicaciones civiles, espaciales y bélicas. Y la requieren países potentes, como EE.UU. y China, que es la productora por antonomasia. Pero ver las fotografías de los territorios de China (también de EE. UU. y Australia) donde se emplaza esta minería, resulta impactante y penoso. Para peor, hoy existe una especie de guerra por estos recursos, iniciada en el periodo de Trump (era que no), donde el mayor productor y proveedor, China, dado el mal trato que Trump le dio a las importaciones chinas, amenazó a EE.UU. con cortarle el suministro de estos minerales imprescindibles para su industria, probablemente la más avanzada en el uso y aplicación de los óxidos lantánidos.

Y claro, en esa perspectiva o contexto, uno puede entender el interés del Estado de dejar en manos de empresas chilenas o exóticas el buscar y extraer esos óxidos en Chile. Se demuestra con los aportes del principal ente estatal en la promoción industrial, la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, con la gestión rápida y sagaz de Larraín-Vial y adláteres en conseguir capitales y facilidades territoriales con entrega de recursos naturales, en una gestión tan eficaz que antes de aprobarse ninguna autorización legal para ocupar suelos y producir, ya había vendido la empresa a capitales extranjeros peruano-británicos, los que están intentando operando aquí y ahora.

Creemos que este tema y este proceso se presta, o viene como anillo al dedo, para una investigación periodística de alto nivel, que quedaría en los anales de las más insólitas, dado el interés y  las facilidades que le ha dado el Estado a una empresa privada y exótica, y sin demostrar al envés ningún interés por las consecuencias para la gente y las ciudades históricas del país. No obstante nadie parece creerlo así: insólito.

También es insólito el proceso que se ha seguido desde 2011, hace ya hartos años; recién en 2018 se presentó formalmente el proyecto BioLantánidos al Sistema de Evaluación Ambiental del Estado chileno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. No obstante antes, además de obtener las enormes concesiones mineras y los voluminosos derechos de agua, se hicieron prospecciones en varios sectores de la Región y hasta se instaló una Planta Piloto en las espaldas de Penco, a corta distancia del área urbana consolidada. Cuando se presentó el proyecto, se pretendió que lo evaluaran como una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero el SEA exigió un más profundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En tal estudio o base del proyecto, en las dos etapas estudiadas a la fecha, tanto en la primera como en la segunda etapa, se trató de obviar o minimizar al máximo la participación ciudadana, lo que la empresa de verdad consiguió, ya que a lo menos en Penco, la primera fue casi inexistente dado el poco interés y la falta de comunicación demostrada por las autoridades comunales debiendo, obviamente, ser la principal articuladora de ese proceso ciudadano.

En la segunda etapa, fue la comunidad pencona la que exigió hacer una participación ciudadana, en el mismo nivel que las que habían hecho los entes públicos asignados para revisar/observar el proyecto. Solo así se logró por primera vez la presentación de observaciones serias, para lo cual hubo que fomentar con grandes esfuerzos un movimiento ciudadano que sí prosperó, con la comunidad organizada a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Penco. No obstante, otros hechos insólitos: el SEA exigió hacer los eventos de participación ciudadana con gran apuro y ansiedad, no obstante estar en una cuarentena debido a la pandemia del Covid-19,…y no se aceptaron las quejas de los ciudadanos, pues el evento de participación fue virtual, vía “streaming”. El resultado, un proceso con grandes e inaceptables fallas: no se permitió hacer preguntas de un modo a escala ciudadana y uno de los dos eventos fue pirateado por piratas cibernéticos (o “hackers”). En fin, una especie de chacota tipo matinal de TV, que motivó un reclamo formal a la Contraloría General de la República.

No obstante, una vez más lo insólito demarcó el proceso, ya que lo que debería ser observado por los medios de comunicación social, léase la prensa, en la práctica NO OCURRE. Y a quienes somos contrarios a este proyecto no se nos dan espacios y al final, no hay verdadera comunicación social,…y uno se pregunta ¿quiénes están detrás de todo esto y de dónde proviene tanto poder?

Hay cosas inexplicables, como las siguientes:

La Minera emplaza su proyecto detrás de la ciudad de Penco, pero buena parte ocupando lo que tanto el Plan Regulador Comunal como el Plan Regulador Metropolitano de Concepción establecen como Área de Extensión Urbana. Es decir la faena minera ocuparía lo que será parte de la ciudad futura, suelo que para todos los efectos legales tiene la categoría de suelo urbano, y no rural como lo define por sí misma la empresa minera. Pero el ente del Estado que supervigila esto, ya que administra los dos instrumentos de planificación territorial mencionados, no lo toma en cuenta y no formula ninguna observación coherente al respecto. ¿Cómo se explica esto? Es que no tiene ninguna explicación, y nadie, excepto la comunidad pencona, lo expone con claridad y fuerza.

De modo similar al anterior, la empresa ocupa la mitad de su área de explotación donde el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con Forestal Arauco y Constitución propietaria de los suelos, estableció mucho antes que esta irrupción minera, un Área de Protección Oficial por la existencia de bosques nativos, principalmente de queules, valiosísima especie autóctona que está en peligro extinción, y por lo tanto, es especie protegida. El SEA acepta de antemano el proyecto así, y ahora, otra vez casi nadie dice nada al respecto, excepto la comunidad de Penco-Lirquén.  

Lo peor del caso es la muy deficiente consideración con el medio humano en este proyecto, con un estudio ligero y sin base real efectiva, formulando juicios y conclusiones verdaderamente falsas. Otra vez casi nadie lo observa, excepto los afectados… ¿Es que existen Derechos Humanos en este país y su territorio?

Y podríamos seguir con otras observaciones de los entes estatales,  muchas,  de verdad. Sería muy largo numerarlas y comentarlas acá. Algo insólito frente a la amenaza de esta minería a la población, es decir al factor humano, y a la ocupación del suelo que se ha dado esta población con instrumentos legales, como lo son los planes reguladores del uso y destino del suelo.

Finalmente, uno se pregunta ¿cómo puede un Gobierno del Estado permitir hacer estas cosas y con tan insólitos modos? ¿Es que privilegia los intereses económicos por encima de las ciudades y de la gente? ¿Por encima del medio natural (el mar, el litoral, el aire, la vida silvestre) y del medio humano (las ciudades y sus habitantes)? ¿Es esto posible en este país? ¿No sería lo racional filtrar estos proyectos antes de entrar al sistema de evaluación oficial y ciudadana?

Fuente de figura:
https://www.latercera.com/pulso/noticia/tierras-raras-la-historia-detras-del-mas-reciente-negocio-minero/849513/