50 años de la reforma agraria: la memoria, patrimonio, comunidad.

El próximo 28 de julio se cumplirán cincuenta años de la promulgación de la ley 16.640 que viabilizó en el gobierno de Eduardo Frei Montalva la reforma agraria chilena. El proceso se enmarcaba dentro de un programa que perseguía concretar una “revolución en libertad”, opuesto tanto al socialismo como al capitalismo. Este vasto programa de “promoción popular” organizaría al pueblo en juntas de vecinos, centros de madres y sindicatos campesinos. La reforma agraria, aprobada por el congreso nacional en pleno, era una necesidad urgente para cambiar la propiedad de la tierra, muy concentrada en grandes latifundios, lo que la hacía incapaz de satisfacer las demandas de alimentos en el país. Por otra parte, el campesinado en general vivía en condiciones de inquilinaje, sin acceso a mínimas seguridades sociales, sin posibilidad de cambiar de vida, y sin participación efectiva en la vida política del país.

La reforma agraria impulsó la redistribución de todos los predios de más de 80 hectáreas de riego básico a lo largo del país; promovió la formación de sindicatos campesinos y asignó recursos para la preparación de los dirigentes; e impulsó la investigación del medio rural, y la formación y alfabetización campesina, con la idea de preparar a quienes pasaban de un día a otro de una condición de servidumbre en la práctica, a ciudadanos con capacidad de decisión sobre su propio destino.

La reforma agraria tuvo importantes matices en los gobiernos de Frei y del presidente Allende, pero existe consenso en que el proceso se intensificó durante el gobierno popular y algunos atribuyen incluso a la tensión generada al interior del campo, ser antecedente directo del golpe militar y de la virulencia con que actuaron las clases conservadoras de la época, contra el campesinado a través de las fuerzas armadas.

Desde la perspectiva histórica, la reforma agraria es probablemente uno de los hechos más relevantes de nuestra historia, por la trasformación social que introdujo al terminar con el inquilinaje y también, vía contrarreforma, por modernizar mediante la vía capitalista impuesta en Dictadura, las relaciones productivas en el campo.

A pesar de ello la conmemoración de este importante hito ha estado muy acotada al espectro de las organizaciones campesinas que, por derecho propio, mantienen en la memoria colectiva sus propias historias de lo que fue el proceso. Estas narrativas de la memoria suelen diferir de la historia oficial en cuanto asignan un lugar mucho más protagónico al trabajo de organización y autogestión del campesinado. Por otra parte, la reforma agraria para gran parte de ellos es aún un asunto pendiente y que hoy incluiría además otras dimensiones como el acceso equitativo a recursos como el agua, la posibilidad de mantener su cultura tradicional, la participación efectiva de las mujeres y de los pueblos indígenas: ya no es solo cuestión de acceder a la tierra.

Debido a la importancia de este proceso de reforma para la memoria histórica del país, es que en el último año instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, entre ellas el Ministerio de Agricultura y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, e INDAP junto a las diecisiete organizaciones campesinas de representación nacional, han impulsado un programa de conmemoración que recupere y ponga en valor esta parte de la memoria histórica sobre la reforma agraria. El grupo de trabajo ha hecho énfasis en que el foco debe estar puesto en la memoria local y los campesinos/as del país. Gracias a este trabajo se han multiplicado los encuentros regionales y locales donde se ha conversado sobre lo que fue la reforma y sobre su proyección en nuestros días.

El punto más destacable, a mi juicio, es el reconocimiento de que la memoria de las comunidades constituye un activo imprescindible del patrimonio cultural de nuestro país. Sobre todo, si se piensa en las dificultades que dichas comunidades tienen para elevar al discurso público sus opiniones, sus saberes y, en general, su mirada acerca de lo que estiman más adecuado para su propio desarrollo. Es interesante constatar, por ejemplo, como los cambios que afectaron a los campesinos en su relación con sus territorios, afectan los relatos asociados a su memoria y también sus prácticas culturales. Campesinos que siempre habían vivido en los lindes de una gran hacienda, de pronto al pasar a vivir a pequeños villorrios, descubrieron nuevas formas de ser pobladores rurales sin practicar cotidianamente la agricultura.

De esta manera se comprende que la reforma, en lo que ha legado a las generaciones que no la vivieron es ante todo una transformación a gran escala de la cultura y la identidad campesina. Cambio en las relaciones sociales jerarquizadas, cambio en la relación del campesinado con la tierra y junto a ella, cambios en la memoria de dichos espacios, y cambio en sus prácticas tradicionales.

El Estado tiene una gran responsabilidad, hoy mucho más concientizada que hace cincuenta años, de autocrítica para asumir que toda política pública impulsada en estos espacios tiene efectos en la cultura de las comunidades. En un contexto más amplio, existe hoy consenso que la cultura propia es la variable principal que impulsa un desarrollo sostenible en el tiempo al ser las propias comunidades las que pueden orientar sus propios conocimientos hacia su supervivencia en el tiempo mediante la valorización de su propia cultura.

La experiencia de coordinación del Estado con las organizaciones campesinas en torno a la conmemoración del 50° aniversario de la reforma agraria es un buen apronte para proyectos participativos que impliquen al patrimonio cultural de las comunidades, incluyendo su memoria, que (así lo esperamos) será una de las claves del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que está ad portas de nacer.