LA LEY DE LA REFORMA AGRARIA

Hace 50 años, el 28 de Julio de 1967 se promulga la Ley 16.640, el  instrumento legal que permitía finalmente hacer una verdadera Reforma Agraria en el país.  Asumiendo que la propiedad de la tierra debe cumplir una función social, la ley establecía un máximo de 80 Hectáreas de Riego Básico para las explotaciones agrícolas. El concepto de Hectárea de Riego Básico (HRB) se utilizaba para hacer equivalentes tierras de distinta calidad, clima y zona, asimilándolas a una hectárea de riego del Valle central del río Maipo.

Por esta ley el excedente a esas 80 HRB era factible de ser expropiado. De igual manera podían ser expropiados en su totalidad todos los predios abandonados, mal explotados o pertenecientes a sociedades, existiendo la posibilidad de que el propietario, de acuerdo a las circunstancias, pudiese conservar una “reserva”.

La expropiación se cancelaba al dueño al precio de la tasación fiscal del predio, con un porcentaje al contado y el saldo con la entrega de bonos de la Reforma Agraria a largo plazo. El porcentaje del pago al contado y el plazo de los bonos, estaban en relación al estado y condiciones de explotación del predio.

Para la explotación del fundo expropiado se constituía una sociedad entre la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y los campesinos del predio, denominada “Sociedad Agrícola de Reforma Agraria”(SARA),

más conocidos como “Asentamientos”. Esta sociedad funcionaba durante un período de tres años, tiempo en que los campesinos con la ayuda de los técnicos y profesionales de CORA, debían aprender y capacitarse para asumir definitivamente la conducción de la nueva explotación agrícola.

Transcurrido ese tiempo, la tierra se entregaba en propiedad con título de dominio a los campesinos. La Ley establecía, de acuerdo a las condiciones técnicas de producción, las posibilidades de la entrega de parcelas en forma individual o asignaciones en sociedad o en cooperativas campesinas.

En el transcurso del gobierno del Presidente Frei, (1965-70), se expropiaron un total de 1.408 fundos y durante el período del Presidente Allende, (1970-73), son expropiados otros 4.401 fundos, eliminándose definitivamente el latifundio.  Al año 1973, el total de predios expropiados representaban 9.896.868 hectáreas, un 40 % de la tierra agrícola, incorporando al área reformada a 76.565 familias campesinas con una población aproximada a las 380.00 personas.

Al año 1973, se habían entregado títulos definitivos a 9.918 familias con una superficie de 1.087.143 Hectáreas. Las otras 8.809.725 Hectáreas, se encontraban en poder de los campesinos en sus unidades productivas transitorias, organizados en “Asentamientos” (SARAS), “Centros de Reforma Agraria” (CERAS) o “Centros de Producción” (CEPROS).

De esta manera, la Reforma Agraria, actuando en el marco de la Ley y en estricto apego a las normativas del Estado de Derecho, había puesto término al antiguo sistema del inquilinaje del latifundio, con sus graves problemas productivos y de injusticia social.  Los campesinos habían recuperado su dignidad, obteniendo mejoras significativas en sus condiciones de vida en el ámbito económico, social y cultural.

El golpe de la derecha de 1973, corta abruptamente el proceso de Reforma Agraria en ejecución, afectando todas las esferas del mundo campesino y eliminando los distintos avances logrados en el proceso democratizador de  los años precedentes.

El sector reformado es intervenido, se devuelven muchos fundos a sus antiguos patrones o se les otorga un derecho a “reserva”. Se transfieren miles de hectáreas a las fuerzas armadas o diversas instituciones, otras tierras son licitadas a particulares o rematadas a personas naturales o empresas de distinto tipo, ajenas al sector campesino. Así de los casi 9 millones de hectáreas en poder de los campesinos a 1973, quedan finalmente para ser asignadas sólo 1.799.863 Hectáreas.

Y para ese proceso de asignación, se dicta el Decreto Ley 208 que prohíbe asignar tierra a los dirigentes y a todos aquellos campesinos que se hubieran tomado los fundos para solicitar su expropiación. De esta manera se margina a un gran número de campesinos y en especial a las personas más capacitadas y líderes del proceso de Reforma Agraria. Por otra parte en el proceso de selección para recibir parcelas, CORA privilegiará a los campesinos que hubiesen ocupado cargos de responsabilidad en los antiguos fundos, tales como administradores, mayordomos, capataces, llaveros o personas que mantenían cierta lealtad con sus antiguos patrones.

De esta manera, se termina desplazando a cerca de 100.000 campesinos y sus familias, quienes deben abandonar de un día para otro sus casas y sus tierras, teniendo que establecerse para sobrevivir en poblados marginales que se crean en los faldeos de los cerros, a orillas de los ríos, caminos o líneas férreas.

De las hectáreas que  quedan finalmente disponibles para los campesinos, el gobierno militar las entregara a 40.000 familias utilizando exclusivamente la posibilidad de la asignación mediante “parcelas individuales”, las que al quedar marginadas de toda ayuda técnica y crediticia por parte del Estado, provoca que muchos se vean forzados a vender o entregar sus parcelas, incorporándose al alto número de campesinos cesantes y sin tierra, dispuestos a trabajar en los antiguos fundos a cualquier precio y condición.

El enorme esfuerzo puesto por los chilenos en el proceso de Reforma Agraria para incorporar al desarrollo del país al sector del campesinado que se encontraba marginado de la vida nacional y que éste pudiese asumir un rol preponderante en la producción agropecuaria, queda así desvirtuado e inconcluso.

Al mismo tiempo, se traspasan todas las inversiones, infraestructuras agroindustriales y activos que posee el Estado y las organizaciones económicas del sector reformado a los empresarios, los que a medida que avanza la implantación del sistema económico van consolidando una agricultura empresarial orientada a las exportaciones, provocando una alta concentración de tierra y poder en manos de grandes grupos económicos, ligados a empresas transnacionales y el capital financiero monopólico, que pasan a controlar el negocio forestal, frutícola, pesquero, de aves, cerdos y alimentos.