¿El mundo que estamos construyendo, el mundo que estamos destruyendo o el mundo que debemos construir?
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JUDICIALIZAR LA POLÍTICA

La Ventana Ciudadana. Madrid, España.

Hace trece años escribí este artículo, hecho público en diversos medios de Chile y España. Lo leo y compruebo que mantiene plena vigencia. Por eso lo recupero ahora, sin quitarle ni una coma.

La “judicialización” de la política es una forma peligrosa de hacer política. Poner en duda cualquier actuación, declaración o manifestación del oponente, con el fin de que diriman su legalidad los tribunales significará al fin poner en manos de éstos el arbitraje de la propia actividad política.

O sea, sacar de su hábitat natural a la política puede llevar al descrédito propio de los políticos, de todos los políticos. Y colocará a los tribunales en otro papel que no les corresponde y para el cual no han sido elegidos por los ciudadanos.

Y si se politiza la justicia, pierde también crédito. Con lo cual, podemos entender entonces que si eso ocurre, será el hara kiri del sistema democrático.

El estar permanentemente recurriendo a los tribunales, por presunciones, sin pruebas, manifestando solamente sospechas, no sólo distraerá y paralizará la actividad gubernamental y del parlamento, sino que hará lo propio con la de los Tribunales.

Para decirlo en forma sencilla pero directa, utilizar esa forma de hacer política significa una irresponsabilidad con respecto a los intereses de los ciudadanos, que en democracia son los que en definitiva indican a sus representantes lo que desean para su futuro, para el desarrollo general y solidario del país. Porque cada cierto tiempo la ciudadanía se manifiesta hacia uno u otro lado, expresando preferencias y otorgando mandatos de acción política.

Se producen entonces mayorías para gobernar en determinada dirección, cumpliendo con los programas elegidos y respetando escrupulosamente a las minorías, que se transforman en “oposición”. Y esas minorías deben asumir con lealtad la voluntad popular, cautelando que la acción de las mayorías sea correcta y lanzando críticas fundadas, aportando iniciativas para corregir lo que se considere inadecuado o mal hecho. Pero, también, las minorías opositoras deben denunciar las políticas erráticas, pero haciéndolo en los lugares que la propia democracia establece para ello.

Las democracias modernas tienen los estamentos y mecanismos para cautelar cualquier ilegalidad, denunciarla si es el caso y procesar a sus responsables, con todas sus consecuencias. Que ahora se pretenda sustituir tales estamentos y mecanismos significa que se está desvirtuando parte importante de los pilares de la democracia. Y, además, significa paralizar la acción de quienes fueron elegidos para gobernar, lo que implica detener o al menos ralentizar el proceso de desarrollo. En definitiva, perjudicar al conjunto de los ciudadanos.

Sin duda que se trata de un breve y simple análisis, hecho desde la perspectiva de un ciudadano común y detrás del cual se vislumbran denuncias de los vericuetos, intereses y triquiñuelas que se están utilizando como forma de hacer política. Pero es que la cosa es así de simple, porque hay varios ejemplos en la política mundial en los cuales fijarse.

Permítanme sugerirles que echen una miradita a la España actual para saber hasta dónde se puede llegar en el bloqueo del accionar gubernamental cuando la oposición retrasa asuntos de evidente interés general y pone en duda el propio sistema con estridencias verbales y con acciones magnificadas.

No se puede judicializar la política. No se puede politizar la justicia. Los políticos perderán credibilidad, los jueces perderán credibilidad. Será el sistema, en consecuencia el que perderá credibilidad…ante el aburrimiento e indignación de los ciudadanos.

Sin embargo, debemos ser optimistas porque hay un recurso más para superar esta crisis: el pueblo. Son justamente los ciudadanos los que tienen en sus manos la clave, cada cierto tiempo, para darles un correctivo a quienes pretenden desvirtuar el hecho político, a quienes pretenden usar las reglas de juego para su beneficio personal, a quienes alteran las normas de convivencia, impidiendo el desarrollo y las acciones de bien general.

La aplicación del voto, contundente y oportuna, es capaz de restaurar cualquier alteración del sistema democrático.

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