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LA LIBERTAD NUESTRA DE CADA DÍA

Análisis Político

René Fuentealba Prado, abogado.

La querella de la ciudadana Bachelet contra cuatro periodistas de la revista “Qué Pasa” constituyó una grave torpeza, más aún si se tiene presente que fue ese medio el que develó el escándalo Caval, cuyas esquirlas siguen golpeando a La Moneda. Por otra parte, no es fácil poner las manos al fuego sobre la rectitud de intenciones de la información. Pero, como no hay mal que por bien no venga, la polémica abrió la puerta sobre un tema de interés ciudadano: ¿Existe realmente la libertad de expresión en Chile?

El periodista estadounidense Ken Dermota publicó, en 2002, su libro “Chileinédito (El periodismo bajo democracia)”, obra que constituye una de las más exhaustivas investigaciones que se ha hecho sobre la realidad de los medios de comunicación en el país.

Más allá del sobradamente conocido control duopólico de los medios de comunicación social, que a partir de esa fecha se ha incrementado incesantemente, el autor hace un detallado análisis acerca de la forma en que se presentan las informaciones alterando con frecuencia en forma dolosa sus contenidos con el claro propósito incidir en la percepción que el público (lectores, auditores, teleespectadores…) se forma acerca de los hechos que suceden.

La actual Constitución, en su artículo 19, numerando 12, señala que se “asegura a todas las personas….”la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”, para agregar luego que “toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señale la ley”, es decir, se consagran, por un lado la “libertad de expresión” y, por otro, “la libertad de emprendimiento comunicacional”.

Cabe agregar que, el 4 de junio de 2001, se publicó la ley Nº 19.733 sobre “libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo”, más conocida  como “Ley de Prensa”, aprobada en el proceso legislativo tras un arduo debate, la que vino a sustituir las normas de ley “ de abusos de publicidad”, claramente restrictiva y sancionatoria, promulgada bajo el gobierno de Jorge Alessandri a instancias de su ministro Enrique Ortúzar Escobar, el mismo que más tarde presidiría la comisión redactora de la Constitución de 1980. Pese a las insistentes campañas impulsadas por los medios tradicionales y sus organizaciones gremiales,  arguyendo que, en materia de prensa “la mejor ley es la que no existe”, la ley vio la luz y durante 15 años ha regido sin mayores problemas.

Lo concreto, es que  la “libertad de expresión” (o, más bien dicho, la “libertad de prensa”) funciona en el país sin trabas. Nadie, y menos aún los medios de comunicación pertenecientes al duopolio que controla la información en Chile, pueden decir que se sienten atemorizados por una acción judicial de una autoridad. La inserción de la Asociación Nacional de la Prensa, asociación gremial que cobija precisamente  a esos medios, que habla del “grave efecto inhibitorio” que la querella  tendría sobre los demás medios, no constituye sino una declaración con solapados propósitos políticos.

Revista “Qué Pasa” cometió, sin duda, un grave atentado a los principios  de un periodismo serio, responsable y democrático. Bachelet bien pudo haber jugado sus cartas  en el campo de la ética y haber sometido al enjuiciamiento crítico de la ciudadanía a los responsables. Al contrario, el camino escogido resultó propicio para que los autores  del desaguisado se hayan mostrado como victimas propiciatorias llegando incluso al absurdo increíble de señalar que la querella constituía un paso en el camino represivo de la prensa  seguido por Kirchner, Maduro o Fidel Castro.

Obviamente, el conflicto no habría podido ser llevado al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, si se tiene presente la fría confesión del ex director de El Mercurio, Arturo Fontaine Aldunate: El Consejo lo forman “personas de confianza de la Asociación Nacional de la Prensa, un grupo de periodistas y ex penalistas intentando mejorar las noticias dentro del sistema existente. No podemos ser fiscales morales sobre los medios. ¿Qué derecho tenemos (para hacer eso) cuando estamos nombrados por los mismos medios?”.

Si se revisan los medios escritos tradicionales, es fácil constatar una gama innumerable de vicios deliberados que no resistirían la prueba de la blancura.

Ocultamiento de informaciones, “errores en las traducciones”, uso permanente de fuentes anónimas cuyas expresiones son colocadas entre comillas para darles visos de verosimilitud, recurso a seudo expertos independientes para validar prejuiciados puntos de vista, páginas de opinión entregadas sin restricciones a las elites para hacer creer que ese es el “sentir ciudadano”, exclusión sistemática de amplios sectores sociales vinculados a temas como la pobreza, el sindicalismo, la injusta distribución del ingreso, etc. constituyen el pan de cada día.

La ciudadana Bachelet perdió una oportunidad única para abrir un amplio debate en este campo. Es difícil que los parlamentarios y dirigentes partidarios incursionen en este terreno ya sea porque no quieren pelearse con la “prensa establecida”, ya sea porque no son pocos los que tienen tejado de vidrio y temen ser enfrentados al juicio público.

La sociedad chilena, dentro de un amplio espectro de pluralismo, debe reclamar un periodismo mejor. El solo hecho de exigir a los medios de tendencia que hagan públicos sus conflictos de interés con el fin de que los ciudadanos sepan “quien es quien”, sería el primer paso. Y, en verdad, si estas relaciones incestuosas se develaran sistemáticamente, que Dios pille confesados a los predicadores de la libertad.

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