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Laicidad y la aconfesionalidad del Estado (III)

Jonathan Marcial Mendoza

Licenciado en Derecho con Especialidad en Formación Docente

En la parte 2 se dejó en claro la laicidad constituye neutralidad como fundamento básico en la vida política y jurídica, frente a las religiones, para un equilibrio en sus fines. Ahora es preciso indicar el fundamento legal en México sobre la temática que se ha venido manejando.

El reconocimiento del principio de separación Iglesia-Estado lo encontraremos en la Constitución Política Mexicana, de acuerdo al artículo 130, primer párrafo, que a la letra dice: “El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orientan las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.” El mismo precepto es retomado por el artículo 1°, primer párrafo, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP); lo mismo que por el artículo 32 del reglamento de dicha ley.

La laicidad se encuentra contemplada en los artículos 3, 24 y 130 de la Constitución Federal. De manera expresa el artículo 3° establece: “[…] La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Dichas disposiciones han sido retomadas por los artículos 5° y 8º de la Ley General de Educación (LGE).

En el artículo 24, segundo párrafo, regula de manera indirecta de esta manera: “El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna”. Finalmente, el artículo 130 amplía las funciones propias del Estado y de las Iglesias: “[…] Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: […] b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. […] e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones”.

Retomando la LARCP, cabe decir que éstos recogen las disposiciones constitucionales, ampliadas, sobre la aconfesionalidad del Estado. Por parte de la ley, basta enumerar los artículos 1° segundo párrafo, 3°, 8° (fracción I), 14 (párrafo segundo) y 25 (párrafos segundo y tercero). El numeral 1° precisa que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país y que nadie puede alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en el marco jurídico mexicano. El 3° recalca que México es un país laico y que el Estado no debe estar a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religioso. El artículo 8°, fracción I, exhorta que toda asociación religiosa debe siempre sujetarse a la Constitución y a las leyes que de ella emanen, y respetar las instituciones del país. El 14 explica que los ministros de culto deben evitarse asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Finalmente, en el precepto 25 exhorta que las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas.

En lo que respecta a la LARCP, se encuentran reconocidos la laicidad y separación Iglesia-Estado en los artículos 5°, 28, 32 y 37. El primero precisa que las autoridades gubernamentales no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas, además exige a las asociaciones religiosas que sus convicciones no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país y que nadie podrá alegar dichos motivos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. En el segundo artículo recalca que los servidores públicos no podrán asistir de carácter oficial a ningún acto de culto público, ni practicar en actividad que tenga motivos o propósitos similares. El numeral 32 indica que las relaciones con las asociaciones religiosas, las autoridades observarán el principio de separación del Estado y las Iglesias, el carácter laico del Estado mexicano y la igualdad ante la ley. En el 37 se dice que “La intervención de las autoridades competentes cuando se trate de conductas de intolerancia religiosa…se basará en los principios de no discriminación e igualdad ante la ley”.

Para finalizar, existen pocos criterios jurisprudenciales emitidos por los altos tribunales de nuestro país que han hablado de manera indirecta la aconfesionalidad del Estado. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una tesis aislada, ha sostenido que los ministros de culto no están facultados para desempeñar cargos públicos ni realizar el servicio militar (Tesis Aislada, Tesis: 1ª XXVII/2005, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias: Constitucional, Administrativa en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, p. 729).

La Primera Sala de la SCJN, en otra tesis aislada, ha señalado que la libertad de enseñanza es meramente laica en establecimientos públicos como garantía del hombre (Tesis Aislada, Instancia: Primera Sala, Quinta Época, Materia: Constitucional, en Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, p. 1426). La misma Sala en cuestión, sentó criterio jurisprudencial en el sentido de que la única limitante para el ejercicio público o enseñanza en escuelas públicas es la laicidad (Tesis Aislada, Instancia: Pleno, Quinta Época, Materia: Constitucional, en Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, p. 543).

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