«La violencia debe ser desterrada de la vida nacional… esto no se resuelve con respuestas técnicas, burocráticas ni policiales por sí solas, todas las expresiones de violencia que vivimos, tienen un origen político, social, cultural , sociológico y, sus respuestas pasan por propuestas que apunten a  cambios culturales, cambios conductuales y planes integrales de salud mental para la ciudadanía. Los profesionales del área, las universidades, las instituciones todas y el estado deben hacerse cargo del tema, con autocrítica y real compromiso con el tema.»

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Los problemas de Gabriel.

Todo nuevo gobierno tiene problemas. Más aún si se trata, como en el caso del presidente Boric, de una nueva generación que además de haber tenido poca experiencia en funciones gubernativas  registra un perfil histórico de oposición, tarea que es relativamente fácil ya que basta con algún eslogan que suene bonito, una oportuna cuña televisiva o un letrero llamativo. Ejercer el poder, sintiéndose esclavo de las actitudes y palabras del pasado, se transforma en un trabajo difícil y complejo.

Un dirigente cercano al actual oficialismo señaló recientemente que las dos coaliciones sobre las cuales está asentado el Gobierno estaban preparadas para ganar las elecciones pero no así para asumir la tarea de gobernar. Se refería, sin duda, a las grandes dificultades que ha habido para conformar los equipos de trabajo especialmente a nivel de regiones, territorios en los cuales aún resta por oficializar gran parte de las designaciones de secretarios ministeriales.

Armar este intrincado puzle tiene muchos bemoles toda vez que junto con satisfacer las expectativas y presiones de las agrupaciones que conforman tales coaliciones debe prestar oídos a los grupos, sectores y sensibilidades que existen al interior de cada una, ligados frecuentemente a intereses de parlamentarios.

Las tres primeras semanas han sido bastante complicadas ya que ha quedado demostrado que la afirmación iniciática en cuanto a que las designaciones en los diversos cargos no serían utilizadas como “premios de consuelo” para quienes han sido derrotadas o derrotados en las elecciones, no ha ido más allá de ser una declaración de buenas intenciones.

Inesperadamente, la primera gran tarea que ha debido asumir el novel presidente ha sido la de procurar imponer orden en sus propias filas. Obviamente, no pueden descartarse errores en el bisoño gabinete pero es inaceptable que algunos ministros (o ministras, como la de Bienes Nacionales) se inmiscuyan impúdicamente en temas absolutamente ajenos como el de la reforma o refundación de Carabineros, aportando gratuitamente un golpe a su propio mandatario. Parece evidente que muchas de estas nuevas figuras no logran entender que para ellos ya pasó el tiempo de los twiteos irresponsables, de las redes sociales, y se entienda algo básico: que cuando se es gobierno cada frase o cada palabra trae consecuencias.

La convocatoria a Cerro Castillo de más de 120 dirigentes políticos (ministros, subsecretarios, parlamentarios, presidentes de partidos) fue un claro esfuerzo por ordenar y disciplinar a las tropas. En qué medida primarán de ahora en adelante las lealtades fundamentales, solo el transcurso del tiempo lo demostrará.

Más allá de las cuestiones que implica la gestión misma en cuanto a los asuntos sectoriales, la consolidación del Gobierno enfrenta dos retos preocupantes.

Por un lado, es indudable que el Partido Comunista, la colectividad más organizada e históricamente dotada de una rígida disciplina, ha sufrido una evolución notoria. El monolítico PC, que sin vergüenza proclamaba bajo Bachelet que estada con una pata en el gobierno y la otra en la calle, ahora es un trípode con un pie en el gobierno, otro en la Convención Constituyente y otro, aunque resulte paradójico, en la oposición. Los actores que integran el Ejecutivo, encabezados por la ministra Vallejo, han mostrado lealtad con las líneas que ha ido definiendo el transcurso de los hechos, entendiendo que la mantención del orden público es esencial para el éxito de la misión asumida y que el respaldo al accionar legítimo de la fuerza pública no puede ser titubeante. El orden social es la condición de una democracia transformadora pero efectiva. El “caso Jadue” ya no llama la atención. Frustrados por voluntad ciudadana su afanes presidencialistas, juega hoy irresponsablemente el papel del “enemigo en Palacio”, auto-asignándose el rol de ángel custodio del programa aunque para ello deba mentir. Teillier trata de ordenar “la casa colorada” para lo cual se ha visto en la necesidad de peregrinar humildemente al Ministerio de Hacienda para “conocer” a Mario Marcel.

En otro campo, la Constituyente se ha ido transformando en una piedra en el zapato de Gabriel. Si bien la Convención es autónoma y corre por rieles independientes a los del mandatario, es evidente que muy pronto las líneas se cruzarán. Durante tres decenios la Constitución de Pinochet (aún reformada) fue criticada duramente no solo por su génesis entre cuatro generales sino por establecer una institucionalidad que amarraba el destino del país a un modelo económico – social de minorías y de privilegios. Sin embargo, como se ha señalado, los sectores hasta ahora dominantes en la Constituyente, cegados por un ideologismo dogmático, pretenden imponer a troche y moche su propio modelo que, como se está viendo, no coincide en muchos términos con lo que sensatamente quiere la mayoría. Existe el riesgo de que el plebiscito de salida rechace la propuesta elaborada por la Convención desatando una crisis político – social de envergadura. Pero también existe, por supuesto, la posibilidad de que el texto propuesto sea aprobado y que sus disposiciones afecten a fondo las políticas programáticas del gobierno que comienza generando un desencanto masivo en la ciudadanía.

Es ahora, y no en julio, el momento en que el presidente Boric debe jugar todas sus cartas a la búsqueda de soluciones racionales y sensatas. 

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