«La violencia debe ser desterrada de la vida nacional… esto no se resuelve con respuestas técnicas, burocráticas ni policiales por sí solas, todas las expresiones de violencia que vivimos, tienen un origen político, social, cultural , sociológico y, sus respuestas pasan por propuestas que apunten a  cambios culturales, cambios conductuales y planes integrales de salud mental para la ciudadanía. Los profesionales del área, las universidades, las instituciones todas y el estado deben hacerse cargo del tema, con autocrítica y real compromiso con el tema.»

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Editorial. Un país imaginario.

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

De acuerdo a los antecedentes disponibles, el día 4 de septiembre próximo se realizará el “plebiscito de salida” que cerrará el proceso constituyente. Ello significa, en buenas cuentas, que no habrá una ampliación de plazo disponible y que, en consecuencia, la Convención Constituyente estará obligada no a aumentar sus horas diarias de trabajo sino a elevar la calidad de las disposiciones que a diario son sometidas a la decisión de la comisión respectiva y, finalmente, del pleno del organismo.

Un adecuado análisis de la realidad con que nos encontraremos como país debe tener como punto de partida un hecho indiscutible: una inmensa mayoría de la ciudadanía votó favorablemente la propuesta tendiente a sustituir la Constitución de 1980 modificada en algunos puntos importantes bajo el mandato de Ricardo Lagos, pero cuya ilegitimidad de origen provocaba su permanente cuestionamiento al tiempo que gran parte de sus disposiciones sustantivas eran categóricamente rechazadas tanto por pretender amarrar y proteger per sécula un modelo económico –social determinado como por cerrar las puertas a la voluntad ciudadana democráticamente expresada.

Sin embargo, la afirmación política de que cualquiera que fuese el resultado del trabajo de la Constituyente siempre sería mejor que la Carta que está vigente, no resulta ni lógica ni aceptable. El sentido común nos recuerda a cada momento que siempre las cosas pueden ser peores y, por lo tanto, resulta obvio que si Chile se embarcó en un proceso de elaboración de una nueva Constitución ello era con el objetivo final de lograr un documento razonablemente satisfactorio y que tuviera la capacidad de interpretar el sentir absolutamente mayoritario de la población.

La Convención, sin embargo, ha proyectado hacia afuera de los muros de su sede de trabajo una visión poco favorable a su labor. Objetivamente puede tratarse de un mero problema comunicacional (“lo que se informa”) pero, más allá de eso existe la percepción bastante generalizada de que los convencionales trabajan para un país imaginario, para normar un país que no existe en la realidad ni tampoco existirá en el corto plazo, ya que con abundante imaginación y voluntarismo parecieran creer que basta con consagrar en las palabras algunas decenas de derechos fundamentales para que estos por arte de magia se expresen en las vidas personales.

El grave peligro que se enfrenta va mucho más allá del resultado del plebiscito antes mencionado. Existe el riesgo evidente de defraudar las ilusiones y expectativas que se han ido generando en la gente ya que no deja de ser ilusoria la pretensión de que el Estado todo lo puede, que los recursos son ilimitados, que las soluciones son inmediatas. Basta con revisar las disposiciones ya aprobadas para constatar que muchas de las eventuales soluciones son naturalmente derivadas a la ley lo que, con Senado o sin Senado, implica años de trabajo y elaboración y otros tantos de implementación y ejecución.

Lo que se vislumbra como anteproyecto constitucional se estaría caracterizando por ser uno de los más extensos y detallista del mundo lo que lo transformaría en un instrumento que, además de generar innúmeros problemas en su aplicación práctica, difícilmente logrará la adhesión de la ciudadanía.

En lo sustancial, se percibe la intención de saltarse uno de los pilares en que se sustenta una democracia auténtica cuál es el equilibrio entre los poderes esenciales del Estado mediante un adecuado sistema de pesos y contrapesos confiando en que una cámara única será la instancia dominante. Como lo hemos señalado constantemente la democracia no consiste en un ritual formalista mediante el cual cada cierto tiempo el ciudadano mediante un papel designa a quien entregará el ejercicio del poder sino en un compromiso vital con la libertad y con el respeto a los derechos fundamentales de cada persona. Un marco claro en esta materia lo fijan dos principios básicos: Que la asignación del poder es solo por un tiempo determinado y que siempre debe tenerse presente la perspectiva de que las minorías puedan transformarse en mayorías. Si tales consideraciones son dejadas de lado, el peligro de que las tendencias estalinistas de derecha o fascistas de izquierda busquen dominar y someter a la sociedad constituye una amenaza que debe tenerse siempre presente.

Creemos que es el momento para que la Convención se replantee las facultades de la “Comisión de Armonización” de tal forma que su labor no se limite a una simple concordancia de disposiciones. La Fundación Horizonte Ciudadano, ligada a la ex presidenta Bachelet, ha sido muy clara al afirmar: “Ha llegado el momento de tomar en serio las dudas y preocupaciones que ha manifestado la ciudadanía a través de diversas expresiones”. El tiempo avanza y el día de mañana está a la vuelta de la esquina.             

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