«Si la justicia existe, tiene   que ser para todos; nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia»

Paul Auster

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EDITORIAL. Un hecho lamentable y condenable.

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

La muerte en Putre de un conscripto voluntario del Ejército de Chile, en pocas horas dejó de ser un lamentable accidente para transformarse en un proceso a la institucionalidad y procedimientos militares en democracia.

La onda expansiva nos ha mostrado a un joven que debió sufrir la amputación de una mano y el compromiso grave de salud de decenas de soldados, arrastrados a un esfuerzo supremo en las condiciones más adversas impulsados por sus mandos inmediatos “a hacerse hombres”.

La tragedia de Antuco, que costó la vida de cuarenta y cinco jóvenes hace casi dos décadas por la irresponsabilidad de sus jefes inmediatos, revivió plenamente a la luz de este nuevo evento.

Para decirlo claramente, lo que está en juicio es el tipo de formación que este tipo de instituciones entrega a quienes se incorporan obligada o voluntariamente a sus filas, el que debe ser radicalmente reformulado.

Las entidades uniformadas chilenas continúan en gran medida adscritas a la enseñanza que sus mandos recibieron directa o indirectamente de la desprestigiada Escuela de las Américas. Basta ver la película “Chaqueta metálica” (“Full metal Jacket”) para constatar las similitudes de instrucción y trato entregadas a los “marines” estadounidenses.

En este terreno, es imprescindible hacer un alto en el camino y revisar nuestros comportamientos.

Así como la policía uniformada tiene la obligación de ajustar sus actuaciones, especialmente en materia de orden público, a los estándares propios de una sociedad democrática, también las fuerzas armadas en sus diversas ramas y niveles tienen el deber de comportarse conforme a principios elementales de respeto a los derechos de las personas, tanto a nivel interno como en su relación con la comunidad.

Lo acontecido en Putre es doloroso y lamentable, pero que se haya tratado de evadir la verdad alterando las circunstancias del caso, es categóricamente condenable.

La querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha agregado fundadamente una serie de antecedentes que develan aspectos inaceptables del trato dado a los subordinados en el ámbito castrense.

El país necesita de su Ejército, de sus Fuerzas Armadas y de sus policías. Unos y otros tienen constitucionalmente el monopolio del uso de las armas. Este privilegio les impone una responsabilidad mayor ineludible.

Condenar los abusos y denunciar actuaciones impropias, no significa atacarlos sino resguardar el adecuado cumplimiento de sus deberes y hacerles comprender las obligaciones que nacen de la democracia misma. 

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