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“No hay un p..t. peso, viejo”

Nelson Pizarro Contador, ex Presidente Ejecutivo de CODELCO-CHILE, la empresa cuprífera más grande del planeta, sorprendió a la prensa cuando el martes 23 de Agosto de 2016, abrumado por las preguntas que lo apremiaban para que detallara cómo se iba a lograr la impostergable reducción de costos, lanzó con vehemencia esta joyita: “No hay plata, no hay plata, viejo, entiéndeme, no hay un puto peso” (sic).

En las circunstancias que se vivían, su chilenísima expresión quedó más grabada en la mente de la opinión pública, que cien discursos o informes técnicos. La frase exhibía una realidad en términos tales que todo el mundo podía comprender.

Casi cuatro años más tarde, una nueva noticia nos sorprende: El Consejo de Defensa del Estado presentó ante el 7° Tribunal de Garantía de Santiago una querella criminal en contra de Nelson Pizarro Contreras, hijo del susodicho,  por el delito de cohecho.

Los hechos: Pizarro Contreras compró una vivienda en la comuna de Colina, a través de la Sociedad San José a José Miguel Julián. El precio pagado fue de $75.000.000.- pero el solo avalúo fiscal del inmueble transferido alcanzaba a la suma de $548.000.000.-, es decir casi siete veces más. La plata para el financiamiento de la operación la puso el padre del comprador, Pizarro Contador. El quid del asunto está en que el día anterior a la transferencia, el gerente general de la División Salvador de Codelco había asignado a Indak (empresa ligada a Julián) un contrato por 1.800 millones de manera directa, sin licitación, y poco tiempo más tarde le asignó un nuevo contrato a la empresa sucesora de Indak, por nada menos que 22.000 millones de pesos.

La Justicia calificará los delitos cometidos por los Pizarros y su amigo Julián en esta operación, pero es claro que nos encontramos frente a nuevos hechos intolerables de corrupción.

Otro caso de interés.  El 29 de abril de 2020, la Fiscalía Nacional Económica requirió ante el Tribunal de la Libre Competencia el inicio de una investigación en contra del denominado “cartel del fuego”.

La Fiscalía pide al citado tribunal, la aplicación de multas por la suma de 6.000 millones de pesos acusando a los denunciados por “afectar el resultado de diversos procesos de liquidación del mercado nacional”.

Las involucradas en este nuevo atentado en contra de la libre competencia son tres empresas dedicadas el rubro del combate a los incendios forestales, las que (siguiendo los malos ejemplos del papel tissue, de las farmacias, de los pollos y varios otros) se coludieron para repartirse territorialmente el mercado con el fin obvio de no competir entre ellas y de mejorar sustantivamente la rentabilidad de sus operaciones. Las víctimas de estos delitos que se prolongaron en el tiempo entre los años 2006 y 2014 son, por supuesto, la Corporación Nacional Forestal y otras empresas que en su oportunidad contrataron sus servicios.

Como se ha comentado en oportunidades anteriores, ya se ha hecho una costumbre en nuestro país definir a las empresas con siúticos nombres en inglés para generar así la imagen de que se trata de corporaciones serias e intachables, lo que les permite ser consideradas debidamente en los procesos licitatorios.

En este caso, las querelladas son: 1) Calquin Helicopters SpA; 2) Inaer Helicopter Chile S.A.; y 3) Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SpA. Es posible, aunque no probable, que en un tiempo futuro logren filtrarse los nombres de las personas naturales a las que corresponden estos emprendimientos, tarea que de seguro cumplirán entidades que en la actualidad están realizando verdadero periodismo de investigación ya que, por lo general, la prensa seria tradicional al igual que los grandes canales de televisión. Tampoco puede descartarse el hecho de que entes públicos o privados de otras naciones sudamericanas hayan sido también víctimas de estos rapaces.

Si prestamos debida atención a lo expuesto, en uno y otro caso está claramente comprometido el interés público. Cuando a los trabajadores de Codelco se les convence acerca de la necesidad de bajar costos, eliminando gastos inútiles o improcedentes o renunciando a ciertos privilegios, resulta escandaloso que al nivel de la plana ejecutiva de una empresa que es de todos los chilenos y que contribuye sistemáticamente al financiamiento fiscal, se descubran este tipo de actos. Cuando los incendios forestales han diezmado miles y miles de hectáreas y han puesto en riesgo hasta la vida misma de los trabajadores rurales y de los combatientes, es inaceptable que mentes desquiciadas ven ahí no un problema grave que hay que enfrentar sino una oportunidad de hacer negocios a cualquier costo.

Al cierre de este comentario, debe señalarse que llamó la atención la costosa campaña publicitaria de “Isapres de Chile” (Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Isalud, Vida Tres) que, con la excepción de Nueva Masvida, informan que “devolvieron excedentes en  efectivo por más de $58.000.- millones” a sus afiliados, atribuyéndose un mérito que no les corresponde en absoluto. Se trata de valores percibidos en exceso por estos institutos por sobre el valor de los planes pactados por una u otra causa y que deben restituir a sus clientes por obligación legal, administrativa y moral. La Superintendencia de Salud ha ordenado que “debe(n) reembolsar …lo percibido por concepto de cotizaciones de salud en exceso y/o documentos pendientes de cobro (cheques y/o vale vista caducos)”. Entonces cabe preguntarse: ¿No será como mucho publicitar estos pagos como si se tratara de un acto de generosidad o de buena administración?

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