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Operación Plebiscito.

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

El domingo 25 de octubre, se realizará el plebiscito constitucional convenido por una amplia mayoría de los actores políticos tras la grave crisis social generada por el estallido del 18 de octubre de 2019.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Electoral, catorce y medio millones de personas se encuentran habilitadas para participar en un evento que puede ser considerado como el más relevante de la historia, ya que por primera vez la ciudadanía, en su sentido más amplio, tendrá el derecho a pronunciarse libremente sobre el futuro de la sociedad chilena.

Las opciones sometidas a la resolución del país son dos: la primera, si se aprueba o se rechaza el ir hacia una nueva Constitución; la segunda, si la elaboración de la nueva carta fundamental se encomienda a una convención mixta integrada por un 50% de constituyentes electos para este fin y un 50% por representantes del Congreso, o a una convención constitucional elegida directamente en su totalidad para este fin.

Todos los estudios de opinión coinciden en anunciar un amplio triunfo de la opción “apruebo” y también una victoria de la opción “convención constitucional” dado el elevado nivel de desprestigio del Parlamento.

Algunos dirigentes políticos se han hecho eco de las voces académicas que han precisado que una Constitución, en buenas cuentas, es un pacto político cuyo objeto es limitar el poder estatal, proteger los derechos de todas las personas y encauzar la acción política del pueblo.

Tal visión, si bien tiene una cierta validez conceptual, es claramente incompleta en cuanto esquiva algunos temas de fondo que no pueden ser ignorados.

Una Constitución puede y debe definir aspectos institucionales básicos como quiénes gobiernan, cómo se les elige, cuáles son los límites a que está sometido el poder que se les confía. Pero, también, cuáles son los derechos fundamentales de las personas que hacen posible que una verdadera democracia exista y que quiénes hoy son minoría puedan llegar a ser en el futuro una mayoría gobernante. La compleja conjugación de ambos temas contribuye a armar el andamiaje indispensable que debe sustentar a una sociedad que busca establecer los mínimos indispensables de una convivencia racional y civilizada.

Sin embargo, la experiencia histórica nos permite visualizar un problema encubierto pero trascendente. Las sociedades no son meras piezas de un puzzle que pueden conjugarse a voluntad. En su interior, coexisten diferentes líneas de fuerza que, de una manera u otra, tratan de ejercer un dominio sobre las demás.

Así, aunque la teoría jurídica y las normas expresas de la Constitución y de las leyes consagren la igualdad esencial de los ciudadanos, puede afirmarse, sin duda, como se dice burlonamente, que en la práctica hay algunos que son más iguales que otros. Y ese es, precisamente, el problema más grave de la Constitución de 1980 que no se reduce solamente a su absoluta ilegitimidad de origen sino al establecimiento y consagración inamovibles de los poderes de los grupos dominantes.

Cuando a los grandes sectores económicos se les permite un libertinaje casi absoluto que les autoriza para operar sin trabas, para coludirse impúdicamente, para expandir su dominio al control incesante de los medios de comunicación social, para la creación artificiosa de múltiples roles tributarios con el fin de hacer  imposibles los derechos de los trabajadores  (y, también, para eludir impuestos), la democracia se transforma en una ficción. Si en la vereda del frente, el mundo del trabajo es atomizado en su accionar conforme al individualismo neoliberal, las posibilidades de alcanzar un sistema político participativo e integrador pasan a constituir una utopía.

En el largo devenir de la historia, estamos a punto de comenzar una etapa bastante decisiva. Entonces ¿Cómo podemos lograr que nuestra nueva Constitución sea buena y duradera?

De nada sirve lo que escribamos en una hoja de papel aunque luego lo refrendemos y plebiscitemos, si en su momento no se tuvieron presentes los elementos efectivos del poder para abordarlos con criterios de justicia y equidad. La metodología constituyente debiera en consecuencia transformarse en un proceso pedagógico de tal forma que los diferentes estamentos de la sociedad tomen debida conciencia de que no puede haber convivencia y estabilidad si no estamos dispuestos a aceptar un equilibrio entre los derechos de unos y otros.

La madurez y responsabilidad con que asumamos la tarea será imprescindible. Nada bueno se puede construir sobre el aplastamiento de los demás.   

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1 Comentario en Operación Plebiscito.

  1. QUE DIFÍCIL AMIGOS ES ENCONTRAR EL EQUILIBRIO.
    LO BUENO PARA UNO DEBE SER PARA TODOS NO PUEDE HABER DIFERENCIAS DE LO CONTRARIO TODO SERÍA UNA FALACIA.
    SI SE IMPONE UN BENEFICIO PUES QUE TODOS LO TENGAN…EQUIDAD…
    SI UNOS PAGAN IMPUESTOS PUES QUE NADIE SE SALVE DE PAGARLOS..ESAS CONSIDERACIONES DE QUE POR QUE SON DE TAL O CUAL REPRESENTACIÓN NO LES CORRESPONDE ES ESTABLECER CORRUPCIÓN A SABIENDAS…
    LES DESEO CLARIDAD Y JUSTICIA EN LAS DECISIONES.

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