Parcial… ¿Variando a lluvioso?

Los días pasan volando y los plazos fijados a la Convención Constituyente se acaban. Su trabajo ha sido arduo y la inmensa mayoría ciudadana no tiene mucha claridad sobre los resultados logrados. Las informaciones que giran en torno al proceso no son claras ni fácilmente comprensibles para el chileno común y, además, son indudablemente sesgadas. Los convencionales que conforman la mayoría dominante del organismo, defienden, por supuesto, lo que hasta ahora se ha aprobado en tanto que el fuerte poder de los grupos que otrora votaron el “rechazo” se encuentran en una acendrada campaña (“mercurial”, que la llaman) destinada a construir una mayoría que registre el fracaso de la tarea formalmente cumplida.

Por de pronto, hay un mérito evidente en lo que hasta ahora se ha hecho. Diversos analistas especializados, junto con realzar casos como el de los Estados Unidos o de Alemania que se ufanan de contar con constituciones  breves, eficaces y duraderas en el tiempo, han relevado los casos extremos en extensión que serían los de Ecuador cuya ley fundamental tiene nada menos que 444 artículos y la India que tiene 448 artículos. La proyectada carta básica chilena va más o menos por los 446 artículos y todo parece indicar que con sus disposiciones transitorias sobrepasará los 500. Si nada se interpone en el camino, el país podría vanagloriarse de tener la Constitución más extensa del planeta.

En general, se aprecia un juicio crítico al trabajo constituyente, opinión que va desde los militantes del rechazo hasta quienes esperan que la “comisión de armonización” corrija a tiempo los defectos y errores del documento. El broche de oro en la materia lo puso el abogado Fernando Atria, ideólogo influyente de la Convención, quien, en entrevista a Radio Cooperativa, reconoció que “muchos convencionales no han estado a la altura requerida”.

Más allá de lo complejo del texto que en septiembre será plebiscitado y que resulta de difícil comprensión para los “no expertos” que constituyen la gran mayoría del país, es claro que al redactarse las nuevas disposiciones ha habido una nula valoración de los efectos y consecuencias prácticas de lo que se aprueba. La eventual nueva Carta Fundamental, en vez de constituirse en el marco propio de una “casa común”, amenaza con erigirse en una fuente inagotable de conflictos al momento de discutirse las leyes que concretarían la aplicación efectiva de sus disposiciones. Un exacerbado ideologismo está llevando a que los autores de diversas propuestas que ya han sido rechazadas por el pleno, intenten reponerlas a través de las “normas transitorias” en violación flagrante de la reglamentación inicialmente acordada con el voto de ellos mismos.

El peor problema que se plantea radica en el hecho de que el producto de la Convención será sometido al veredicto ciudadano a fardo cerrado, sometiendo a cada persona a un dilema bastante ilógico cuál es el de votar eligiendo entre “el todo” y “la nada”. Al votar en favor de “el todo”, cada uno se ve obligado a aceptar disposiciones específicas con las cuales puede eventualmente no estar de acuerdo. Por el contrario, si se inclina por la opción del “rechazo”, es decir si opta por “la nada”, la persona se ve obligada a negar la aceptación de un texto con el cual está genéricamente de acuerdo pero tiene serias reservas en puntos concretos determinados.

Mala cosa es que desde ya se infantilice el debate, polarizando posiciones e impidiendo la formación de juicios maduros y fundados.

Si en el país se pretendiera actuar racionalmente, lo lógico sería buscar una solución “política” a la alternativa planteada oportunamente, es decir ahora, antes de que la fórmula plebiscitaria esté definida. A nuestro juicio, si el resultado de la consulta es estrecho, el país entrará en una etapa de conflictos que causará tremendo daño hacia el futuro.

Los sectores conservadores que, como lo demuestra la historia, se han opuesto ciegamente a reformas fundamentales convencidos de haber clavado para siempre la rueda de la fortuna, necesitan abrir su horizonte de futuro y demostrar con los hechos que defienden principios y no intereses. Los ciudadanos, por su parte, deben estar advertidos de que los sectores extremistas, aparte de mostrarse como grupos intransigentes, identitarios, fundamentalistas, son conjuntos humanos que objetivamente trabajan en favor de los sectores retardatarios antes aludidos.

¿Primarán la razón y el buen sentido?  Es difícil pronosticar el tiempo.