Partidos, partidos y más partidos.

Este domingo 20 de noviembre se dará comienzo al Campeonato Mundial de Fútbol, en el pequeño emirato árabe de Catar.

32 selecciones nacionales disputarán el trofeo mayor del deporte más popular del mundo. Sobre las críticas que se han multiplicado por la condición de los derechos humanos en el país; por las restricciones en materia de vestuario, consumos y resguardo de silencio durante las cinco jornadas diarias de oración; de la baja calidad de los hospedajes low cost que ofrece el gobierno a 305 dólares por noche, lo concreto es que el planeta del balompié tendrá la oportunidad de asistir dentro del plazo de un mes – presencial o televisivamente – a un total nada menos que de 64 partidos lo que implica en promedio 3 encuentros por cada día hábil deportivamente hablando. Lo positivo de esta situación, es que los chilenos podremos continuar trabajando en la forma acostumbrada ya que optamos por no participar.

Siguiendo con el tema enunciado en el epígrafe, es bueno que exploremos la realidad nacional.

En doctrina, los partidos políticos son definidos como “asociaciones voluntarias de ciudadanos que, sobre la base de una doctrina o de un programa, procuran obtener el poder político para realizarlos, confiando las funciones públicas a sus militantes o simpatizantes”.

De acuerdo a la ley chilena sobre la materia (N°18.603 del 2017, con sus modificaciones) los “partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias, organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”.

Los partidos, señala la misma ley., constituyen expresión del pluralismo democrático, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular, son instrumentos de participación democrática y mediadores entre las personas y el Estado. Para ello, difunden sus principios, políticas y programas; contribuyen a la formación ciudadana; y promueven la participación y la inclusión especialmente de las mujeres.

Hasta ahí, todo bien, prácticamente sin espacios para la crítica. Los partidos, de acuerdo a lo dicho, son entidades indispensables para el adecuado funcionamiento de un régimen de democracia representativa ya que encarnan una comprensión global del país – con miras al bien común y al interés general – por sobre movimientos o asociaciones que defienden intereses particulares de personas o grupos de presión.

Pero, vamos a la “realidad verdadera”.

Como la ley permite la fácil constitución de nuevas colectividades (lo que permite hacer efectivo el pluralismo), estas se han multiplicado más allá de lo imaginable convirtiéndose en el camino expedito para aventuras individuales que surgen sin problema cada vez que alguien enfrenta desencuentros con sus correligionarios o (tácitamente) desea emprender una vida de satisfacción de sus apetitos o ambiciones personales.

El SERVEL registra formalmente, a la fecha, nada menos que 15 partidos: Comunes, Democracia Cristiana, PPD, Radical, Convergencia Social, Socialista, Federación Regionalista Verde Social, Liberal, Partido de la Gente, Partido Republicano, Revolución Democrática, Evolución Política, Partido Comunista, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.

Como si ello fuese poco, estarían en proceso de formación, ocho más: Fuerza Popular, Movimiento Amarillos por Chile, Partido Libertario, Partido Humanista, Partido Acción Humanista, Partido Ecologista Verde, Demócratas y Transformador.

La normativa vigente, con el fin de limpiar la acción política de la influencia del dinero, posibilitó su financiamiento público, lo que, por otra parte, hace hoy posible sustentar estas andanzas e incluso alcanzar algunos excedentes, lo que nunca está de más. De concretarse la generalización del sufragio obligatorio, el riesgo será el mínimo y el beneficio estará asegurado.  De llapa, cada partido legalmente formado, puede inscribir, en el momento oportuno, sin más trámite, un candidato presidencial, personaje que verá su rostro y nombre reflejados en afiches, franjas televisivas, etc. ¿Puede ser seria y funcionar una democracia que hace posible la sola inscripción de veinte o más postulantes al cargo de primer mandatario?

En el maremágnum de problemas que afectan al país, este es solo uno más. Si bien es meramente instrumental frente a demandas más sustantivas y más urgentes (orden y seguridad públicos, pensiones, vivienda, educación), tiene una importancia relevante porque condiciona el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Los riesgos son evidentes. En una segunda vuelta presidencial, el país puede ser convocado para optar entre dos nombres con mínima representación y, en todo caso, este jueguito ciertamente nos conduce a una situación de ingobernabilidad total.

Es hora de que ya vayamos pensando en este problema.