La humanidad continúa, lamentablemente, ligada a los antivalores humanos y apartada de los valores, ética, normas y procedimientos que engrandezcan la bondad, solidaridad y la búsqueda real de una nueva vida.

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Por la vivienda digna y por la ciudad democrática

En vísperas de la inauguración de la Convención Constitucional, diversos grupos han compartido posturas sobre la vivienda y la ciudad hacia la Nueva Constitución. Aquí, queremos añadir otros principios indispensables para alcanzar un hábitat digno en las ciudades y territorios del nuevo Chile.

El 14 de junio, El Mostrador publicó una declaración de integrantes del Foro Ciudad Política. Coincidimos con la mayoría de sus planteamientos: una nueva institucionalidad, la ‘página en blanco’ para abordar la equidad territorial, o las propuestas redistributivas de funciones y recursos, potenciando las escalas regionales, metropolitanas y sobre todo la barrial. Compartimos el rol y vocación transformadora del Estado, a través del gobierno de cada ciudad, además del protagonismo de las comunidades locales.

Otro grupo desde TECHO-Chile, Fundación Vivienda, GI-ESCR, Urbanismo Social y Casa Abierta, el 2 de julio en estas páginas propone un “Compromiso por el Habitar en Dignidad”. Concordamos con la urgencia de dejar de pensar la vivienda sólo como un techo, y de entender las diversas características del derecho humano a una vivienda adecuada. También compartimos la idea de “consagración del interés público en la regulación del uso del suelo”, que materialice parte de los anhelos colectivos del derecho a la ciudad. 

Celebramos el contenido de ambas columnas que, posiblemente, reflejan un consenso  transversal ya conquistado en el mundo social, político y académico. Desde Ciudad Constituyente, pensamos que la Nueva Constitución debe ir más allá y enfrentar temas del hábitat y de la ciudad que aún no están en el debate nacional.

Ciudad Constituyente, una plataforma de más de 30 organizaciones sociales, territoriales, movimiento de pobladoras y pobladores, profesionales y académicas apunta hacia la transformación democrática, ecologista y feminista de nuestros territorios, ciudades y barrios, dejando atrás la herencia neoliberal, antiecológico y patriarcal. Abogamos por un Estado garante de los derechos al hábitat, reemplazando la lógica mercantil y subsidiaria por la justicia socio ambiental y la solidaridad. Queremos la ciudad de las y los peatones, de la movilidad sostenible, cuya regulación y planificación del suelo sea desde la integración social, los cuidados y el buen vivir de la población, respetando nuestros barrios y su identidad.

Recogiendo las demandas sociales por la vivienda digna, por revertir la segregación y la fragmentación de nuestras ciudades, y por superar las profundas desigualdades de nuestro territorio, debemos discutir principios esenciales para el futuro de nuestros espacios de vida. Entre ellos, la propiedad y pensar cómo aplicarla, anteponiendo el bien común y la sostenibilidad del cohabitar al interés individual.  

Es evidente que el derecho de propiedad es incuestionable en nuestra sociedad. Desde el enfoque de los derechos al hábitat, la seguridad jurídica de la tenencia es esencial. No podemos centrar únicamente esta seguridad desde la óptica de la defensa de ‘mi casa’ y ‘mi barrio’, sino desde la defensa del convivir entre muchas comunidades en un mismo territorio. Como lo indica una definición habitual del derecho a la vivienda — el derecho de toda persona a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad — debemos repensar los alcances de la propiedad con función social y ambiental. 

Esto significa que, además del alcance y garantía de los derechos fundamentales ya prácticamente consensuados en nuestro proceso constituyente, corresponde avanzar hacia los mecanismos de implementación y fiscalización, para que estos derechos se cumplan en el nuevo marco legal y normativo, en las políticas públicas que re-definiremos una vez acordada la Nueva Constitución. Debemos entender lo que pasa en la ciudad, sus trampas, exclusiones, abusos o irregularidades, para fijarnos en cómo los procesos de toma de decisión movilizan las instituciones jurídicas y cuáles de estas instituciones realmente cuentan para llegar a la meta de la ciudad democrática.  

En este sentido, la revisión de la función social del derecho de propiedad (actualmente muy desarrollada, desde un enfoque mercantil, en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución vigente) debe ser estratégica, más que dogmática. Repensemos este derecho desde su uso productivo, o sea su inserción en la ciudad. 

Hagamos el gran esfuerzo político de colocar la ciudad en la vida constitucional. Los constitucionalistas verán cómo anteponer el interés público y colectivo sobre el concepto de uso del suelo por encima del interés individual y/o privado. A partir de las exigencias de la sociedad y de la calidad de vida de todas sus comunidades, el texto constitucional deberá explicitar el bien común y los derechos vecinales como una garantía de dignidad y de un medio ambiente sano y seguro. Desde nuestras capacidades de denuncia en contra de abusos e irregularidades en intercambios comerciales y en la especulación financiera, precisamos la letra chica de la constitución que permitirá evitar la impunidad, penalizar las infracciones urbanísticas y prohibir todo tipo de abuso inmobiliario. 

Viendo la emergencia del nuevo desastre habitacional en Chile, y en el mundo también, tenemos la oportunidad de proponer las bases y principios económicos, sociales y ambientales para que la Nueva Constitución permita y facilite otras formas de producción y gestión del hábitat: con el protagonismo centrado en las personas y sus organizaciones territoriales; el fomento de iniciativas autogestionarias en sus distintas formas de cooperativismo y de cohabitación; la producción masiva de viviendas, públicas y privadas, en propiedad, arriendo y comodato (o cesión de uso), en densidad a escala humana, acompañada de políticas públicas de suelo; con incentivos a la innovación científica y tecnológica; con el uso intensivo de materiales nobles locales (nunca más mandar madera en chip fuera del país sin procesarla para viviendas de alta calidad); con la recuperación de la producción de la ciudad a partir de proyectos locales (y no de subsidios), en coordinación con gobiernos regionales y municipales (y no sólo desde el poder sectorial y focalizado; con concursos públicos; un hábitat que responda a las exigencias de los cuidados respetando los equilibrios de género; un hábitat que garantice una movilidad sustentable.

Creemos que la Nueva Constitución debe surgir del encuentro y el debate entre distintas perspectivas, saberes y experiencias. Valoramos las propuestas y visiones presentadas por distintos grupos y también es importante hacerse parte de este proceso, presentando diversos elementos en el debate constitucional. Confiamos en el proceso participativo que esperamos sea central en el proceso que comienza.

RED CIUDAD CONSTITUYENTE

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