
Prensa en Chile. Entre la libertad y la responsabilidad.
El Ministerio Secretaría General de Gobierno ha encomendado a tres universidades estatales, un análisis sobre la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en el Chile de hoy. La iniciativa, obviamente, ha sido ampliamente cuestionada por la gran prensa tradicional dominante, criticando el presunto sesgo ideológico que se cree ver en la selección de los asignatarios escogidos a dedo y viendo en la iniciativa una indisimulada amenaza a la libertad de expresión.
El problema en cuestión tiene tres aristas básicas: la libertad de empresa, la libertad de expresión y el derecho a la información.
En nuestro país, la libertad de emprendimiento periodístico es amplia y está amparada por la Constitución, la ley de prensa vigente y por la legislación general, sin que exista conducta alguna represiva o limitante en la materia por parte del Estado, en sentido amplio.
Asimismo, pocas situaciones constatadas y claramente rechazadas y condenadas por la opinión pública, se han registrado en décadas. En una de ellas, la Armada de Chile pretendió impedir la publicación de un libro de autoría de un oficial en retiro, arguyendo que comprometía la seguridad nacional. En otra, una alta funcionaria del gobierno de Sebastián Piñera (por supuesto que, con la anuencia tácita de los equipos del mandatario, se permitió llamar a México al propietario de un canal de televisión local, para reprocharle su línea editorial e informativa, en una acción censurable de la autoridad. El tercer caso que se conoce, es el del empresario Juan Sutil, presidente da la Cámara de la Producción y del Comercio, quien anunció públicamente que había ordenado retirar la publicidad de los medios cuya orientación no compartía, gesto que implicaba una advertencia de amedrentamiento a los demás: O piensan como nosotros pensamos o les quitamos sus fuentes de financiamiento. Tras lo cual, pretendió adquirir el canal contestatario, aventura en la que fracasó. Otro hecho inolvidable lo constituyó la actitud de los medios tradicionales en orden a evitar que las publicaciones judiciales y legales pudieran realizarse a través de medios digitales, tentativa que finalmente fracasó.
En estos casos, la prensa tradicional (diarios-papel y televisión) hizo una muy débil defensa de la libertad de expresión, dejando al descubierto que, en el eventual conflicto entre los principios fundamentales del periodismo democrático y los intereses sectoriales, no había duda alguna al momento de la decisión.
Entonces, el problema viene a radicar finalmente en el derecho a la información, es decir en le derecho ciudadano a recibir información objetiva, no sesgada, sobre los hechos, distinguiendo claramente lo que constituye comunicación de los sucesos pesquisados de lo que es opinión o juicio sobre los mismos, de tal manera de reconocer siempre al receptor (lector o telespectador) su derecho a formarse su propia opinión.
El pasado martes 13 de diciembre, la Asociación Nacional de la Prensa y la Pontificia Universidad Católica realizaron un seminario sobre “Desinformación, libertad de expresión y democracia”, cuyo objetivo dejó de manifiesto el presidente de la ANP, Juan Díaz: “Tenemos que estar alertas a ciertos padrones que aparentemente tienen buenos objetivos pero en la práctica pueden terminar en censura y vetos a los medios”.
Los panelistas ahondaron en el preocupante tema de la desinformación (fake news) que tiene como propósito “engañar” a través de la desinformación, como advirtió Ignacio Sánchez, rector de la PUC.
Sin embargo, nada se dijo sobre un forma subrepticia, pero no por eso menos dolosa, de engañar mediante el ocultamiento o desperfilamiento de hechos, la falta de reconocimiento de los conflictos de interés o, lo que resulta más grave, la mantención de un tribuna paralela para injuriar o denostar sin límites en aras de la libertad de expresión.
Específicamente, el decano de la prensa nacional mantiene un sitio digital identificado como “Emol” (“el mercurio on line). La periodista Marlene Eguiguren Ebensperger, formada en el colegio católico de las Monjas Ursulinas y en la propia U. Católica, quien lo dirige, se ha propuesto liderar una estrategia para posicionar el sitio como líder de noticias en Chile. Sin embargo, un simple análisis permite constatar sus deficiencias en redacción, ortografía y exactitud de los datos entregados, a lo que se suma su pertinaz insistencia en titular mediante expresiones polémicas y exageradas propias de la prensa amarilla e impropias de un medio que pretende ser reconocido como “serio”. ¿Qué hay detrás de esta operación comunicacional? Simplemente, la voluntad de sostener un espacio para realizar por esta vía el trabajo político sucio. Basta leer los comentarios adicionados a sus “informaciones”, para constatar que, bajo nombres y domicilios claramente falsos, se ofende e injuria sistemáticamente, se manifiestan el clasismo, el odio, la xenofobia, el chovinismo, en suma lo peor y más dañino de una sociedad, en uso del sacrosanto derecho a la “libertad de expresión”. Cabe preguntarse: Siguiendo este criterio ¿publicaría El Mercurio –papel estas denostaciones?
La conjugación de la libertad con la responsabilidad es un problema difícil, sobre todo cuando hay de por medio aspectos éticos que no se tocan en los grandes seminarios.
Estimado René. Totalmente de acuerdo con tu artículo. Saludos. Rodrigo Pulgar