Sabiduría, un estado superior de conciencia, implica habilidades para poner en práctica los conocimientos adquiridos por los seres humanos.
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¡ Que son escándalos, dicen…!

Una de las más clásicas definiciones de la “política”, que la considera como un “arte”, ha sido cuestionada precisamente por la sencilla razón de que la idea de “arte” está ligada en forma directa con los conceptos estéticos de “belleza” y “fealdad”  y, por tanto, carecería de un sentido ético o moral. Lo mismo puede decirse respecto de la “economía” cuando se la mira solo como una ciencia o una técnica y se la priva de toda relación con la ética y la moral.

Caso 1.- Hace algunos días, el conocido empresario José Antonio Guzmán sorprendió a todo el mundo al declarar que Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, al ser denunciado por la llamada “Operación Cascadas” había declarado ante testigos que él era inocente y que si era considerado culpable estaba dispuesto a devolver todos los dineros obtenidos ilícitamente. “Cascadas” fue una compleja maniobra delictual montada con la asesoría de abogados de renombre para alcanzar el control de SQM en fraude de los accionistas minoritarios. Ello le significó una utilidad fraudulenta de 128 millones de dólares. La Superintendencia de Valores y Seguros, en 2018, le aplicó una multa de 1.700.000 UF, algo así como 62 millones de dólares, la que en sentencia dada a conocer al 30 de octubre pasado, fue rebajada por la Tercera Sala de la Corte Suprema a 75.000 UF (2,7 millones de dólares). Es decir, Ponce Lerou, quien se apropió por vías non sanctas de esta empresa del Estado bajo la dictadura de su suegro, ahora pagó de multa poco más del 2% de los dineros obtenidos ilegalmente. El ex fiscal Carlos Gajardo, al conocer el fallo declaró: “¡Qué barato sale ser sinvergüenza en Chile!”

Caso 2.- Andrónico Luksic Carig, dueño de Canal 13 y uno de los hombres más ricos del país, creó una Fundación llamada “La Trapera”. Al declararse la pandemia, se fue a refugiar a Aysén, zona en la cual permanece hasta la fecha. Activo twitero, descubre que en su nuevo hogar prácticamente no se cuenta con redes de conexión. Llama a Entel y en pocos días obtiene lo que pobladores y colonos del sector no habían logrado en décadas. Como un buen empresario no debe perder su tiempo, entre gallos y medianoche solicita al Ministerio de Bienes Nacionales (que está en un arrollador proceso de privatización de inmuebles fiscales) que le otorgue a su fundación la concesión “no onerosa” nada menos que de 10.000 hectáreas fiscales junto al ventisquero Jorge Montt, en la comuna de Tortel. Cuando el trámite debe pasar por el Consejo Regional, se hace público, y ante las críticas de las comunidades del sector la fundación retira su solicitud. El alcalde de Tortel, Bernardo López Sierra, declara haber tomado conocimiento de esta gestión solo en ese momento y que lo sorprendió la celeridad y el sigilo que rodeaban a la operación. Fundación La Tapera, como cualquier niño pillado en falta, manifiesta que reanudará todo pero que ahora profundizará la difusión e intensificará la participación ciudadana. No está de más recordar que hace algunos años este reconocido empresario intentó instalar una fábrica de fideos Lucchetti en la ciudad de Lima en el seno de una reserva natural y, al serle negado el permiso, recurrió a Vladimiro Montesinos, jefe de los servicios de inteligencia de la dictadura civil de Fujimori, revelándose en un video difundido por el sitio Interferencia, el pago directo de las coimas correspondientes. Tampoco debe olvidarse que, cuando Luksic compró Canal 13 a la Iglesia Católica, el entonces cardenal Francisco Javier Errázuriz, gran canciller de la PUC, expresó que le vendían a él la estación televisiva porque “compartían los mismos principios”.

Caso 3.- Carlos Délano y Carlos Lavín, relevantes hombres de negocios, dueños del grupo Penta, fueron condenados hace un par de años por los delitos de fraude tributario y financiamiento ilegal de la política. La ejemplar sanción penal consistió en obligarlos a ir por un semestre a clases de ética a la Universidad cota 1000, Adolfo Ibáñez. Cumplida la pena, ambos Carlos solicitaron al Servicio de Impuestos Internos que se las rebajara de la base imponible para los efectos del impuesto a la renta, la bonita suma de 1.400.000.000 de pesos que habían pagado en honorarios al prestigioso estudio que asumió su defensa. El Director del SII, Fernando Barraza (designado por Bachelet II y confirmado en el cargo por Piñera II ), accedió, en uso de sus atribuciones,  a tan justificada solicitud. El problema está en que la ley permite deducir de la base imponible los “gastos necesarios para producir la renta”. La abogada Marisa Navarrete, ex jefa del Departamento de Litigación Penal del SII, aclaró al respecto que esto simplemente no procedía porque a) Nadie puede aprovecharse de su propio dolo (propósito delictivo); y b) Porque una acción como esta (que incluyó entre otras preciosuras hasta la compra de autos de lujo para las cónyuges y familiares de los sujetos autores de los delitos, pasándolas como gastos de empresa), no está, por supuesto, dentro del “giro de su negocio” (los “giros”, por supuesto, deben ser lícitos) y en el caso esta gran empresa ha actuado cometiendo delitos);  y c) Porque la determinación del Servicio lisa y llanamente abre las puertas a la impunidad como lo confirmaron públicamente tanto la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos y la Asociación de Fiscalizadores de la entidad (Se debe recordar que ya en el caso de las “platas políticas”, que involucraba a personeros de diversos sectores, el Director del Servicio se negó a interponer las querellas correspondientes).

Caso 4.- La Fundacion Jaime Guzmán, centro de estudios ligado a la UDI y que registra como directores a próceres tales como Jovino Novoa, Andrés Chadwick, José Antonio Kast, Hernán Larraín (actual Ministro de Justicia) y Jorge Jaraquemada (Consejo para la Transparencia), presta asesoría a los parlamentarios del referido partido. Las sumas pagadas por esos servicios superan los 330.000.000 de pesos en los últimos dos años. El problema radica en que se ha detectado que muchos de los informes corresponden a documentos de la propia Biblioteca del Congreso Nacional que han sido fotocopiados y entregados a cada parlamentario y se ha procedido a pagar, veinte o más veces, con platas fiscales, el mismo trabajo que, es evidente, no tiene nada de original.

Pregunta de fondo: ¿Quién se atreve a ponerle el cascabel a los gatos de campo?

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