Rápidos y furiosos

En las primeras horas del pasado viernes 9 de octubre, un espectacular accidente de tránsito ocurrió en las cercanías de la ciudad de Victoria, Región de la Araucanía. Una colisión múltiple involucró a veinte vehículos entre automóviles y camiones, varios de los cuales resultaron incendiados a consecuencia de la múltiple colisión. En las horas siguientes, circuló profusamente el rumor que apuntaba a una acción terrorista como causa originaria del hecho, lo que luego fue desmentido al precisarse que el factor causante era la presencia en el lugar de “un espeso banco de niebla”. Al final, irónicamente pudiera señalarse que el accidente no fue tan grave: solo dos víctimas fatales, cifra que pudiera duplicarse en las próximas horas, más una alta cantidad de lesionados.

Este es uno de los miles de accidentes vehiculares que ocurren en el país y que dejan una secuela variable entre “mil quinientos muertos”, en los años buenos, y hasta “dos mil doscientos” en años más complicados.

Al analizar lo acontecido, vale la pena partir por destacar el tratamiento informativo que numerosos medios comunicacionales dan a este tipo de sucesos. En particular, la tradicional prensa escrita y los canales de televisión se apresuran en señalar que los accidentes se han producido a causa “de la presencia de un banco de niebla” como señalábamos, “a lo resbaladizo del pavimento”, a “lo cerrado de una curva”, “a la deficiente señalización caminera”, siendo con frecuencia avaladas estas explicaciones por los propios funcionarios policiales que concurren a os lugares de los hechos.

Por supuesto, estas justificaciones falaces no concuerdan con la realidad. Basta revisar la historia para constatar que en la mayor parte de los accidentes se constatan malas condiciones mecánicas de los vehículos ocultadas hasta con falsificación de documentación generada desde el interior de las propias empresas; conductores que manejan ebrios, bajo la influencia del alcohol e incluso habiendo consumido drogas; conductores sometidos a jornadas laborales que exceden el marco de las normas vigentes; y, por supuesto, conductores “no atentos a las condiciones del tránsito”. Sin duda, puede haber un largo etcétera pero lo indubitado es que en un gran porcentaje existen responsabilidades personales.

Si el número de víctimas fatales y de lesionados causados por los accidentes de tránsito fuera atribuible a acciones violentistas, el escándalo político, social, comunicacional, sería mayúsculo. Sin embargo, la indolencia con que las autoridades tratan el tema pasa casi desapercibida.

Desde hace dos décadas, los proyectos relativos a la regulación del tránsito vehicular en el país duermen el sueño de los justos en el Congreso Nacional. Ni al Poder Ejecutivo, que tiene en sus manos las herramientas necesarias para agilizar el proceso legislativo ni a los parlamentarios, todo esto parece preocuparles. El drama está en que la negligencia e irresponsabilidad de nuestros representantes cuestan vidas humanas, destrozan familias y alimentas una cultura de impunidad que se propaga día a día. El que respeta, por ejemplo, los límites de velocidad es un idiota. Muchos municipios generan trampas en las carreteras para cursar infracciones y alimentar con las multas sus escuálidos presupuestos. El transporte de carga por caminos (como en el caso de la Ruta de la Madera, en la Región del Bío) viola constantemente la normativa. Las grandes empresas que contratan sus servicios no exigen a estos transportistas condiciones elementales para el cumplimiento de su función.

Mientras tanto, cada día mueren madres, niños, mujeres embarazadas, que terminan siendo las víctimas prioritarias de tragedias que no cesan.