«La ética, la moral, las personas, la solidaridad, la justicia social y el medio ambiente, y una economía a escala humana, deben estar en primer lugar de los programas de quienes pretenden gobernarnos»

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Sin fraude, no hay paraíso.

“Yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan porque muchas veces los paraísos se utilizan para actividades reñidas con la ley y la moral como el lavado de dinero u ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o el crimen organizado. O muchas veces se utilizan para evadir impuestos y, por tanto, yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales debieran ser más transparentes de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos”.

Las palabras anteriores corresponden a Sebastián Piñera y fueron pronunciadas en 2016 mientras preparaba su nueva candidatura y participaba en un importante foro económico en Ecuador. En cuanto tomé conocimiento de ellas, me alegré mucho pensando que el presidenciable tenía las cosas muy claras.

Al poco tiempo de asumir la presidencia en 2017, el mandatario impactó fuertemente a los movimientos ambientalistas. Sorpresivamente, y saltándose todas las normas legales y administrativas, informó que había llamado telefónicamente a los dueños del proyecto “Barrancones” (que pretendían construir dos centrales termoeléctricas a carbón a 21 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt con una inversión de 152 millones de dólares) que su iniciativa no sería autorizada por el Gobierno. Aunque la determinación claramente violaba el “estado de Derecho”, los inversionistas la acataron y la ciudadanía la aplaudió.

Desde entonces han pasado cuatro años.

Esta semana (nueva sorpresa) se destapó a nivel mundial el resultado de un reportaje realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, grupo del cual forman parte los chilenos La Bo y CIPER. Durante años, 600 profesionales de todo el mundo indagaron el oscuro y tenebroso mundo de las llamadas “guaridas fiscales” (corresponden a los “paraísos fiscales” condenados anteriormente por el mandatario chileno). Se hicieron públicos entonces millones de documentos reservados, en un trabajo cuyo volumen supera ampliamente a los famosos “wikileaks” y a los “panamá papers” y que involucran a reyes, primeros ministros, deportistas y cantantes de altos ingresos, empresarios de todo el mundo. El diario estadounidense Washington Post, El País de España y la prensa de Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, entre otros medios, se han esmerado en divulgar los llamativos datos. Desgraciadamente, nuestro país, también se ha visto afectado por el escándalo lo que dañado fuertemente nuestra imagen internacional.

Uno de los casos dados a conocer, implica y complica al Presidente y a su “amigo de toda la vida” Carlos “Choclo” Délano (uno de los empresarios condenados a “clases de ética” por fraude fiscal y financiamiento ilegal de la política). Poco antes de asumir la presidencia, empresas familiares de Piñera que eran dueñas del proyecto de minería de hierro “Dominga” vendieron éste a empresas de propiedad de Délano. El precio pactado fue de 152 millones de dólares pero, curiosamente, la transacción se hizo en Chile solo por 14 millones en tanto que el resto del negocio (138 millones) se hizo en las poco virginales Islas Vírgenes Británicas, seguramente por alguna de las causales mencionadas por Píñera en Ecuador. Esta significativa parte de la operación se pagaría en 3 cuotas iguales pero, y aquí está el quid del asunto, el pago de la última cuota (46 millones de dólares) quedaría sujeta a la condición de que no hubiesen cambios regulatorios (por parte de la autoridad) que obstaculizaran la instalación, explotación y operación de la mina y del puerto correspondiente, faenas todas proyectadas para operar a escasos kilómetros de la Reserva Nacional antes mencionada. En buenas cuentas, el pago del saldo de precio quedaba sujeto al arbitrio del propio acreedor quien, para percibirlo, se obligaba a no adoptar determinadas medidas en su carácter de autoridad.

Si eso no implica categóricamente conflicto de interés…¿Qué es entonces?

La Moneda ha insistido en señalar que en causas penales anteriores esta cláusula habría sido conocida y, por lo tanto, sería improcedente un nuevo enjuiciamiento al respecto. Es posible, a lo mejor, que así haya sido pero cabe preguntarse: ¿Es conveniente para Chile que su máxima autoridad registre una permanente lista de acciones que se encuentran al filo de la legalidad?

Un Presidente de la República, dueño de una significativa fortuna, no puede pasar por la vida urdiendo triquiñuelas de toda especie para eludir o evadir impuestos. El solo hecho de tejer marañas de sociedades utilizando para ello no solo a sus hijos sino a sus pequeños nietos, no constituye una muestra de hombre “hábil para los negocios” sino un ejemplo bastante deleznable para el común de los ciudadanos. Lo extraño es que nadie de su familia le haya llamado la atención.

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