«La violencia debe ser desterrada de la vida nacional… esto no se resuelve con respuestas técnicas, burocráticas ni policiales por sí solas, todas las expresiones de violencia que vivimos, tienen un origen político, social, cultural , sociológico y, sus respuestas pasan por propuestas que apunten a  cambios culturales, cambios conductuales y planes integrales de salud mental para la ciudadanía. Los profesionales del área, las universidades, las instituciones todas y el estado deben hacerse cargo del tema, con autocrítica y real compromiso con el tema.»

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Una respuesta adecuada

El plebiscito que definió el itinerario constitucional implicó algunas definiciones fundamentales: Uno de cada cinco ciudadanos se pronunció en favor de una nueva Constitución al mismo tiempo que una inmensa mayoría apoyaba la idea de que su discusión y elaboración fuera hecha exclusivamente por convencionales elegidos al efecto excluyendo la coparticipación de parlamentarios en ejercicio.

La posterior elección de los convencionales constituyentes arrojó un resultado bastante sorpresivo. Las tradicionales colectividades políticas alcanzaron magros resultados irrumpiendo de manera significativa listas de independientes cargadas con una fuerte dosis de populismo y de fundamentalismo ideológico.

La gestión de la Convención ha sido bastante deficiente ya que una parte importante del tiempo considerado en la reforma constitucional, cercana al 40% del tiempo, ha sido ocupada en discutir tanto los reglamentos internos como la designación de las autoridades del organismo.

 Hoy la Convención se encuentra apremiada por los plazos y lamentablemente ha incurrido en un gigantesco e infructuoso detallismo que ha hecho posponer la racionalidad y el sentido común que son los principios en que debe asentarse una carta fundamental.

En general, al adoptarse ciertas definiciones sobre temas trascendentes se ha mostrado incapacidad para vislumbrar las consecuencias prácticas de muchas de las propuestas. Un ejemplo claro se encuentra en el campo judicial en el cual, más allá del cambio de nombre (Sistema Nacional de Justicia en vez de Poder Judicial) se han trabajado ideas que afectan claramente la autonomía e independencia de los tribunales o que crean una pluralidad jurídica imprecisa y compleja.

En este comentario, pretendemos centrarnos en el complejo asunto de las “autonomías” que, in abstracto, suenan muy bien pero cuya aplicación práctica genera innumerables problemas. Si nos referimos a las “autonomías territoriales” (como podría ser el caso dela deteriorada “comuna autónoma”, establecida por normas legales provenientes de las últimas décadas del siglo XIX) la resolución aparece relativamente simple: entregar determinado nivel de atribuciones a órganos públicos que operan a un nivel más cercano a la población. Pero si simultáneamente se considera otorgar también autonomías legales, políticas y financieras a niveles provinciales o regionales, el tema toma otro cariz. Más aún, se hace grave si ello se pretende conjugar con eventuales autonomías de carácter personal (pueblos originarios) con la idea de favorecer a grupos que, de hecho, no están asentados en un lugar específico del territorio. No puede olvidarse, por ejemplo, que la gran mayoría de la población mapuche se encuentra por décadas asentada en la Región Metropolitana.

La pretensión más que legítima de descentralizar y regionalizar el país, no pasa de ser una quimera si no va acompañada de ciertas condiciones indispensables para su operatividad. El régimen de gobierno interior establecido por la Constitución de 1925, dio origen al establecimiento de veinticinco provincias, cada una de ellas con “asambleas provinciales” que jamás operaron y que de hecho fueron suprimidas mediante una triquiñuela legislativa.

Desde entonces, año a año, los Municipios han sido sobrecargados de responsabilidades y tareas que, especialmente en las comunas de menor población y disponibilidad de recursos, simplemente no pueden cumplirse. Así, la Convención Constituyente incurre en un grave error al pretender transformar la carta fundamental en un verdadero “programa de gobierno” o de “buenas intenciones” en vez de limitarse a establecer un marco normativo cuya aplicación práctica quede fijada por la ley y su ejecución sea entregada a la responsabilidad de del Estado en sus diversos niveles claramente determinados.

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