«Aquellos o aquellas que creen que la política se desarrolla través del espectáculo o del escándalo o que la ven como una empresa familiar hereditaria, están traicionando a la ciudadanía que espera de sus líderes capacidad y generosidad para dar solución efectiva sus problemas.»

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Yo acuso, tú acusas, nosotros acusamos

El escándalo de los “convenios” y las “fundaciones” que ha ocupado páginas y páginas de la autodenominada “prensa seria del país”, cedió por algunos días sus espacios a la “acusación constitucional” interpuesta por los diputados del Partido Republicano y de ChileVamos en contra del Ministro de Educación Marco Antonio Ávila.

La vacilante lectura de los cargos hecha durante más de dos horas por la parlamentaria Francesca Muñoz, permitió apreciar la debilidad de las imputaciones. El resultado final del proceso bien puede ser leído como una lección práctica del viejo refrán que dice “ir por lana y salir trasquilado” ya que la derecha terminó sufriendo las consecuencias de sus arrebatos opositores y hasta ahora mastica los efectos críticos de la derrota, al interior de la propia coalición.

Este tipo de acusaciones está normado en el artículo 52 de la Constitución Política de la República que en el numerando 2, letra b, considera a los Ministros de Estado como una de las categorías de personas que pueden ser objeto de ellas. ¿Las causas? Están claramente detalladas: “por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”. La simple lectura del texto transcrito permite constatar la improcedencia de la acusación ya que, forzando sus alcances, solo podría acusarse al Ministro “por haber dejado las leyes sin ejecución”, punto este que, según todas las interpretaciones académicas, tendría que ser “grave” para justificar el procedimiento.

Es claro que la interposición de esta acción era solo una aventura política destinada a causar el máximo de daño al gobernante. Las palabras, tanto del diputado Alessandri como de la diputada Cordero, de un nivel soez inaceptable, terminarían demostrando a cabalidad cuáles eran los fines perseguidos.

Pero el problema es, en nuestra opinión, mucho más grave.

En el último tiempo, el artículo de la Carta Fundamental antes citado, ha sido utilizado reiteradamente como una herramienta destinada a impedir el normal ejercicio del poder por parte del gobernante y, en buenas cuentas, para imponer un parlamentarismo de facto.

La sola circunstancia de que exista una mayoría opositora ha permitido que se utilice esta herramienta para complicar la gestión gubernativa, actitud que ha sido asumida por todos los sectores con un alto nivel de irresponsabilidad. Los casos de los ministros de Educación Harald Beyer y Yasna Provoste, quienes fueron acusados y luego sancionados por el Senado, son paradigmáticos ya que su destitución, absolutamente infundada en ambos casos, fue usada para golpear al Gobierno vigente.

Durante el mandato de Boric ya se llevan cuatro acusaciones, es decir una cada tres meses, lo que permite presagiar que se seguirá por esta vía.

Lo positivo del caso presente es que un sector de la derecha – Evópoli – ha optado por desmarcarse y que incluso un parlamentario UDI – Lavín – se ha negado a sumarse al extremismo de derecha capitaneado por la bancada republicana.

Si se miran las cosas en una perspectiva más amplia, es doloroso constatar que en el último tiempo los ministros de Educación han permanecido un promedio de 17 meses en sus funciones, hecho que por sí solo demuestra que la desprestigiada clase política, ya sea que se encuentre en el gobierno o en la oposición, ha sido históricamente incapaz de asumir en forma responsable, con una política de Estado, os graves y constantes problemas del sector.

El país tiene derecho a exigir de sus autoridades – Ejecutivo y Congreso – mayor madurez y seriedad en un campo que compromete el futuro de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

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