En un mar proceloso.

No hay vuelta que darle. Aunque el problema de la sequía se ha atemperado levemente en los últimos días con lluvias y vientos otoñales – lo que sería una muy buena noticia frente a la dramática escasez de agua – los demás problemas se acrecientan y agravan con todo lo que ello significa.

En las mesas del pueblo, el plato más presente está en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Clavado sobre el 10% anual, ello implica, en buen castellano, la “expropiación” de un 10% de los ingresos de la inmensa mayoría.  Asalariados, pensionados, personas sin ingresos permanentes, ven como la canasta familiar se empobrece afectando el logro de un mínimo de alimentación sana la que es sustituida por pan, farináceos y arroz. La invasión de Rusia a Ucrania – dos países proveedores de cereales nivel mundial – aporta su cuota a esta crisis inflacionaria y la especulación desenfrenada y sin justificación alguna a nivel interno, también pone su parte. Técnicamente, el incremento de la masa monetaria circulante que ha sido provocado por los tres sucesivos retiros de fondos previsionales (se ha indicado que la economía ha recibido cifras cercanas a los 60.000 millones de dólares en el curso de un año) cierra el círculo. Los pobres agotaron sus escasos “ahorros obligatorios” y los demás, beneficiarios de importantes exenciones tributarias, han podido viajar a remotos países o adquirir, en cuatro meses, casi 150.000 nuevos autos. Mientras el Banco Central hace ingentes esfuerzos por frenar el descontrolado fenómeno, el nuevo Presidente procura paliar la situación con bonificaciones a los combustibles, agua, luz, electricidad. ¿Y la diputada Jiles? Bien, gracias. Tanto ella, como la corte de políticos que la secundó por temor a la impopularidad, permanecen impávidos.

La Convención Constituyente, por su lado, enfrenta la conclusión de los últimos capítulos de su telenovela. Uno de sus miembros, el exitoso escritor  y convencional Jorge Baradit, ha sido denunciado por la prensa, por haber cobrado honorarios, más pasajes aéreos y hotel para él y su equipo asesor (y alguien de su familia, además) por ir a dar una charla a una escuela municipal de Vilcún, región de la Araucanía. Ojalá todo ello sea falso. Y si no es falso, es una clara sinvergüenzura.

En esta etapa de la vida, más allá de las palabras de la extensa propuesta de Carta Fundamental, resulta imprescindible insistir, ahora más que nunca, en algunas “ideas – fuerza” que definirán el marco político futuro del país.

Una, que múltiples ofertas o sueños programáticos, particularmente en temas densos, no podrán en modo alguno ser implementados de inmediato. Todos los académicos, de tendencias diversas, coinciden en precisar que el proceso respectivo durará entre 4 y 12 años y que, por lo tanto, constituye un engaño insinuar siquiera que las condiciones concretas de vida de la población cambiarán de un día para otro. Los economistas Eduardo Engel y Alejandro Micco han coincidido en señalar que la discusión y aprobación de una gran reforma tributaria implicará un año a contar de julio próximo más un semestre de implementación y aplicación, lo que significa que estará en pleno vigor para el año tributario 2024.

Dos, en otra cara del mismo problema es destacable considerar que la Convención, ni por asomo ha estudiado los costos financieros de las tareas programáticas que ha ido definiendo. La nueva estructura institucional supone la instalación de 110 nuevos cargos de primera línea con sus consiguientes aparatos burocráticos.

Tales son preocupaciones importantes con miras a la realidad y el futuro.

Sin embargo, en la agenda del presente el problema N° 1 sigue siendo el problema del orden público o, más precisamente, el desafío a la autoridad del Estado. Desconocer que “el derecho al uso legítimo de la fuerza” corresponde exclusivamente al aparato estatal, significa abrir las puertas a la desintegración del país y alimentar una conflictividad social permanente. Hoy no es posible negar que bandas de delincuentes y narcotraficantes armados se han apoderado de crecientes áreas urbanas y rurales del territorio, desafiando al Gobierno y causando cada día víctimas inocentes. Las reivindicaciones presentadas por los pueblos originarios necesariamente deben encauzarse por los canales propios de un Estado de Derecho y para ello han sido invitados al diálogo. Si la voluntad gobernante es rechazada, llegando al extremo de atacar a sus propios connacionales acusándolos de traidores, llegará el momento de escrutar nuevas medidas.

Que estamos en problemas, estamos en problemas. Pareciera que ciertos grupúsculos antisistema buscan provocar, generando un clima propicio a la violencia y a la represión. Como se ha señalado, tales individuos objetivamente trabajan en pro de sectores regresivos de la sociedad.