CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE REFORMA AGRARIA EN CHILE

En este 2017 se cumplen 50 años de la promulgación de la ley 16.625 de Sindicalización Campesina y la ley 16.640 de Reforma Agraria, instrumentos legales del proceso de Reforma Agraria que vivió nuestro país en los años sesenta e inicios del setenta y que transformó definitivamente la agricultura chilena y entregó a los campesinos una dignidad nunca antes conocida.

Es cierto que los antecedentes se iniciaron varios años antes que la promulgación de estas leyes, con la creciente toma de conciencia por la sociedad chilena que la situación de la agricultura y el campesinado requerían en forma urgente de profundos cambios.

La izquierda, sus partidos, organizaciones sociales y candidatos, habían planteado reiteradamente las reivindicaciones de los marginados del campo y la necesidad de hacer una Reforma Agraria. Este tema adquiere mayor fuerza en los programas de las sucesivas campañas que realiza el candidato Salvador Allende.

Las instituciones de carácter técnico nacionales e internacionales, explicitaban crecientemente la grave situación de la agricultura, determinada por una alta concentración de la tierra en latifundios que poseían grandes extensiones de tierra explotadas en forma ineficiente, improductivas o abandonadas y con un sector de trabajadores campesinos sometidos a un sistema de inquilinaje, viviendo en miserables condiciones laborales y sociales.

Un Informe del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA) realizado en 1965, mostraba que en Chile 4.876 latifundios de más de 80 Hectáreas de Riego Básicas, que representaban sólo el 2 % del numero total de explotaciones agrícolas, poseían más del 55 % de la superficie de la tierra cultivable del país.

La Iglesia Chilena, en la Cuaresma de 1962, emite una carta pastoral sobre la grave situación del campesinado chileno, denunciando los problemas y abusos que sufren los trabajadores del mundo rural. Y para el 18 de Septiembre de ese mismo año, los Obispos de Chile, dan a conocer su carta pastoral “El deber social y político en la hora presente”, donde realizan un crudo diagnóstico de la situación de los pobres de la ciudad y el campo y hacen un llamado a la responsabilidad de los cristianos de buscar soluciones eficaces contra la miseria y de apoyar los cambios institucionales que Chile necesita, entre ellos la Reforma Agraria.

Para demostrar su preocupación por el tema, el Obispo Manuel Larraín y el Cardenal Raúl Silva Henríquez, dan un ejemplo tomando la iniciativa de entregar a los campesinos algunos fundos que eran propiedad de la Iglesia.

En el ámbito internacional en Estados Unidos, el Presidente John Kennedy, como una forma de evitar el surgimiento de nuevos casos como el ocurrido con la Revolución Cubana, impulsa para América Latina el programa “Alianza para el Progreso” condicionando su apoyo a que los países realicen reformas estructurales internas, para que las ayudas efectivamente lleguen a los sectores más desvalidos. En Agosto de 1961, Chile junto a otros gobiernos latinoamericanos firman la llamada “Declaración de Punta del Este”, donde se comprometen a iniciar procesos de Reforma Agraria en sus respectivos países.

De esta forma y presionado por todos lados, el gobierno del Presidente Jorge Alessandri dicta en el año 1962 una primera Ley de Reforma Agraria (la Ley 15.020), que establece para su implementación toda una normativa administrativa e institucional bajo el Ministerio de Agricultura. Entre ellas la creación de la “Corporación de la Reforma Agraria” (la CORA) y el “Instituto de Desarrollo Agropecuario” (el INDAP).

Esta Ley durante el gobierno de Alessandri, obviamente no tuvo mayor impacto y sólo se limitó a entregar algunas parcelas individuales de terrenos fiscales que fueron traspasadas a la CORA para este efecto. Una parcelación realizada en la zona de Hospital, simbólicamente fue denominada “Colonia Kennedy”, para ser mostrada como ejemplo del cumplimiento por parte del Gobierno de sus acuerdos internacionales. Por eso esta ley fue motejada por los chilenos como la “ley del macetero”.

Pero el tema ya estaba dado en la sociedad chilena y por lo tanto ahora se plantea la necesidad de hacer en el país una real y verdadera Reforma Agraria. La campaña del Presidente Eduardo Frei Montalva así lo señala y postula convertir en propietarios a cien mil campesinos. La llegada en 1964 de su gobierno, da una vitalidad especial a las instituciones del Agro, que se preparan para avanzar con las limitaciones de la antigua Ley en aquellos sectores donde es posible iniciar el proceso y se movilizan fundamentalmente en la organización y capacitación del sector campesino a lo largo de todo el territorio nacional.

Se estudian los términos que debiera tener una nueva legislación tanto para permitir la organización sindical campesina, como para realizar el proceso expropiatorio determinante para efectuar los cambios a la tenencia de la tierra y se presentan los proyectos de Ley para su discusión en el Congreso.

Los trabajadores campesinos en forma creciente, van tomando conciencia de su dignidad y reivindican su derecho de “la tierra para el que la trabaja”. Las organizaciones históricas crecidas al alero de los partidos de izquierda o del trabajo de la Iglesia, trabajan junto a los funcionarios del agro, para ir construyendo un movimiento campesino más fuerte.

Con un proceso de Reforma Agraria ya en marcha, el 27 de Abril de 1967, se firma en el Patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda, la Ley 16.625 de Sindicalización Campesina, que pone fin a todas las trabas legales existentes a esa fecha para organizarse y facilita el surgimiento de una organización campesina masiva y fuerte.

Meses más tarde, el 28 de Julio de 1967, se promulga la Ley 16.640 de Reforma Agraria, destinada a impulsar toda una estrategia de desarrollo rural que limita la acumulación de tierras en pocas manos, asegura la dignificación del campesino y plantea un aumento en la producción de alimentos necesarios para el país.

Con estos instrumentos legales, el proceso adquiere mayor fuerza. Posteriormente en el año 1970, con la llegada del Gobierno popular del Presidente Salvador Allende, el proceso se continúa y profundiza, expropiando finalmente a todo el latifundio, logrando el sector reformado controlar cerca de 9,9 millones de hectáreas, un 40 % de la tierra agrícola.

Luis Enrique Salinas C.