Editorial. Un desafío ineludible e impostergable.

Para la comunidad nacional, un tema recurrente es el relativo a la seguridad y al orden público.

Si bien es claro que los medios tradicionales de comunicación – en particular, la gran prensa escrita y la televisión – reflejan un propósito deliberado de exacerbar los hechos que acontecen, presentándolos y repitiéndolos una y otra vez, es claro que estamos viviendo sumergidos en un clima de alta violencia.

La agresividad es un fenómeno que se respira a diario y que puede ser constatado en los diversos frentes de las vidas personales provocando ambientes de angustia y temor en nuestras relaciones con los demás integrantes del medio en que vivimos. En buenas cuentas, si se pretende hacer un análisis básico al respecto, podemos concluir que hoy impera una “cultura de la violencia” que se expresa al interior de la vida familiar, en las relaciones de pareja, en la actividad laboral, en el mundo estudiantil, en la conducción automotriz y, (¿será necesario destacarlo?) en el debate público cotidiano.

La democracia es un sistema político que, más allá de sus aspectos técnicos y definiciones académicas, se construye, se mantiene y progresa en función de la calidad de las relaciones humanas.

El notorio deterioro que puede observarse en este terreno, se refleja en una vivencia que es incapaz de aceptar al que es distinto, de tolerar diferencias, de discutir en base a razones y argumentos, en reconocer que probablemente nuestros contradictores tengan “algo” de razón.

En la discusión sobre el tema relevante del aumento persistente de la delincuencia, del involucramiento creciente de menores de edad en la comisión de delitos, se evade conscientemente la necesaria investigación sobre las causas y consecuencias de las infracciones de ley, para privilegiar las acusaciones mutuas de un bando a otro, mientras la gente, el ciudadano común y corriente, esperan expectantes soluciones y respuestas concretas. Imputar a un gobierno que asume responsabilidades por su ineficacia en el actuar es tan torpe como echar culpas a quienes lo antecedieron en sus funciones. Las soluciones populistas tales como la elevación de las penas o las promesas tontas como la de la histórica frase “delincuentes, se les acabó la fiesta”, no es lo que espera un país sensato que de verdad quiere darse soluciones.

Hemos insistido tozudamente en la imperiosa necesidad de romper el círculo de la violencia a través de una seria política de Estado, que vaya más allá de los sectores políticos y más allá de los gobiernos de turno. Y eso implica no tener un doble estándar en la materia y definir políticas claras y consecuentes.

Al actual gobierno le toca asumir sus obligaciones en un campo que sin duda es crítico. El país no acepta explicaciones ni justificaciones sino que demanda un gran esfuerzo global para quebrar la línea de una inercia negativa que para los ciudadanos se ha transformado en una experiencia traumática.

Nos parece que en la seguridad y el orden público se jugará el destino del actual proyecto progresista y que, tal como está sucediendo en muchos países, la falta de respuestas adecuadas y oportunas, abre camino a experiencias extremistas de ultraderecha.