A medio camino, entre la decencia y la barbarie.

Día: Viernes 24 de septiembre de 2021. Hora: 16.57. Lugar: Plaza Brasil, de Iquique.

El “Diario de Radio Cooperativa” cierra uno de sus informativos con el habitual balance policial: 14 inmigrantes detenidos y 5 carabineros con lesiones menores. ¿Un incidente como cualquier otro? No. Desde algunas horas antes, una turba, integrada por una cifra de manifestantes que oscila entre los mil y los tres mil individuos, claramente organizada, con manifestantes que enarbolan gloriosas banderas chilenas, participa de la marcha “NO MÁS MIGRANTES”. Videos del diario “La Tercera” y material fotográfico periodístico, muestran el ataque salvaje a familias extranjeras que acampan en el espacio público. Mujeres y niños huyen. Varones, que luego serán detenidos “por desórdenes en la vía pública”, defienden sus misérrimas pertenencias. Entre los marchantes agresores, se identifica a Felipe Hubner Valdivieso (derrotado candidato a convencional constituyente por la UDI y actual director de la Zona Franca de Iquique), quien en su defensa alega que lo hizo “fuera de su horario de trabajo” y que “condena los hechos”. Niinguno es capturado. Ya sin control, la turbamulta se desenfrena: prende fuego a carpas, pañales, juguetes, y una vieja silla de paseo de guaguas, vuela ardiente por el aire como símbolo del sadismo, la prepotencia y la crueldad.

Pocas horas antes, la prensa internacional exhibe videos que muestran a los guardias fronterizos de los EE.UU., montados a caballo, que azotan a los desfallecientes haitianos que pretenden ingresar “al país de las oportunidades” solo con la esperanza “de poder vivir”.

Todo lo que sucede, tiene antecedentes.

En febrero de 2019, el propio Presidente de la República, en su afán indisimulado de convertirse en “líder internacional”, viajaba a Cúcuta y manifestaba al sufriente pueblo venezolano que Chile tenía los brazos abiertos para recibirlos, para lo cual había creado “la visa de responsabilidad democrática”. El mero transcurso del tiempo ha sido suficiente para demostrar la irresponsabilidad gubernativa y la incompetencia en el manejo de esta situación. Tal como en La Araucanía, las políticas anunciadas son ineficaces o simplemente no existen.  

En reunión habida del Ministro del Interior con el Gobernador Regional de Tarapacá José Miguel Carvajal y alcaldes de la zona, Rodrigo Delgado manifestó: “Nosotros como gobierno nos hacemos cargo de la seguridad y ustedes de la atención humanitaria”. Pocas semanas más tarde sus palabras eran distintas: “Vamos a seguir con los desalojos en todos los espacios públicos. Todo esto tiene que ver con la informalidad administrativa”. En buenas cuentas, para el Ejecutivo el asunto migratorio es un tema burocrático y no un problema político y social grave. 

Muchos medios de comunicación han contribuido subrepticiamente a crear un clima de animadversión trabajando dos ideas – fuerza. Una, que los que inmigran son en su mayoría delincuentes, hecho que la información oficial disponible desmiente. La otra, que han llegado al país a quitar sus puestos de trabajo a los chilenos, lo que resulta absurdo con solo constatar la escasez de obra de mano en diversas áreas de la actividad económica (lo que en un régimen de libre mercado pudiera solucionarse pagando mayores salarios) y el significativo aporte que profesionales calificados hacen en campos como el de la salud pública.

Colombia, cuya vecindad con Venezuela agrava este tipo de problemas, ha mostrado sensatez estableciendo un Estatuto de Protección Temporal que, previa identificación y registro biométrico, permite al inmigrante y a su familia acceder a atenciones de salud y educación y a permisos laborales logrando luego de diez años su visa de residencia definitiva.

Lo que el Gobierno no ha logrado entender (o elude enfrentar para no desacomodar su imagen entre sus partidarios de las comunas del privilegio) es que para nuestro país, guste o no guste, la inmigración es una necesidad. Chile tiene una tasa de reposición de su población cercana al 1,4% lo que significa que la cantidad de habitantes irá disminuyendo año tras año al tiempo que se experimenta un fuerte envejecimiento.  Cerrarse a la inmigración nos llevaría, de partida, al cierre de escuelas y establecimientos de salud con las consecuencias que ello implica. Y, por supuesto, mucho más que eso.

La verdad es incuestionable. Matemáticamente no somos un país pobre pero si un país dañado a fondo por la insultante inequidad de ingresos. Estamos en condiciones de recibir inmigrantes y de garantizarles un estatus mínimo de dignidad y decencia en vivienda, en salud y en educación. Necesitamos entender que para esto no hay soluciones “nacionales” sino que es imprescindible articular políticas que comprometan una acción conjunta de todas nuestras naciones latinoamericanas.

No nos basta con la agresión y la barbarie.