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Territorialidad por sobre el regionalismo aparente

Rafael Galdames Fuentes

Sociólogo CEUR- Universidad del Bío-Bío

En nuestro país (Chile) el Estado ha sido el principal configurador del territorio. Esto ha sido así en los ámbitos jurídico, político, administrativo y, en buena medida, el económico (por ejemplo: la CORFO post terremoto de 1939 de impacto meso-regional). Las provincias del pasado y las regiones de hoy, así lo indican.  Se dice que el “territorio dado” es aquél definido por una decisión político-administrativa, cuyos intereses, en la mayoría de las veces, son el establecimiento de políticas de desarrollo gubernamental. Al respecto, en nuestro caso en Ñuble y con mayor historia regional actual Biobío la incidencia de las políticas públicas y los intentos de Estrategias de Desarrollo Regional de las últimas décadas (fines del siglo XX y del actual siglo) así lo reflejan.

Por otra parte, como se sabe, el territorio es más que una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad) es, sobre todo, un espacio construido social, histórica, económica, cultural y políticamente. En Chile la colonización española y la construcción de la república lo rememoran con claridad. Su incidencia en Ñuble y Biobío es evidente. En la primera su historia centrada en la ruralidad desde la hacienda e inquilinaje, artesanado campechano y arte focalizado; así como, en el último tiempo en el desarrollo de la agroindustria. En Biobío, el poblamiento urbano minero industrial no ha estado ajeno a la tensión histórica con la “nación mapuche” en todas sus acepciones, acrecentado por la expansión forestal como política de crecimiento económico país post triguera, junto al acrecentamiento de una elite profesional e intelectual capaz de levantar la vida universitaria propia. De ahí que el espacio geográfico va adquiriendo formas, estructuras, patrones y procesos que lo caracterizan en diferentes escalas de lo local, regional, nacional, mundial, y en ámbitos urbanos y rurales diversos según las condicionantes ambientales y las prácticas sociales establecidas.

Lo anterior entraña que el territorio va más allá del espacio de soberanía estatal o de una circunscripción político-administrativa al interior de la entidad política. Si bien el territorio cuenta con una base constituida por el espacio geográfico o por delimitaciones políticas como la del Estado, es un resultado de relaciones sociales de un entramado social diverso en evolución y cambio. Ello, abarca la dimensión geo-eco-antrópica que genera a partir de la apropiación social del espacio y las formas de relación entre los diversos actores territoriales la convivencia, la vida productiva y la construcción de proyectos comunes o antagónicos a partir de un territorio. Este trasfondo social es el que no emerge de las políticas públicas y los programas de desarrollo pro estatales (incluidos regionales y en muchos casos municipales) o de grupos de interés extraterritoriales sin alianzas legitimas con la diversidad social territorial.

Bajo el iceberg político administrativo, tenemos un territorio evolutivo, en movimiento constante, donde nada puede explicarse fuera de su tiempo, de su memoria implícita, del contexto. Territorialidad es, entonces, la relación, el dominio y la apropiación del territorio que afectan su representación, su organización y el ejercicio de poder que lo configuran.

Una región con nomenclatura territorial sugiere considerar las relaciones de poder y su entramado y reconocer sus conflictos y dar pie a elementos de convivencia territorial/regional para avanzar en un proceso transformador común. Para ello, es preciso nuevos liderazgos y capacidades institucionales territorializadas.

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