HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE.

A dos años del estallido social los chilenos se preparan para enfrentar en un mes más un proceso electoral. Es sin duda un momento de gran importancia, pero muy diferente a las elecciones anteriores, ya que está por medio un hecho de la mayor trascendencia histórica: el despertar de un pueblo a partir del 18 de Octubre de 2019.

En esa ocasión el pueblo expresó masivamente el deseo de un cambio real en sus condiciones de vida en una explosión sólo comparable con las movilizaciones por la recuperación de la democracia y el término de la dictadura civil y militar de la derecha en el año 1988.  Esas aspiraciones han permanecido en el tiempo, a pesar de los graves problemas derivados de la pandemia del Covid 19 y de la actitud intransigente asumida por el gobierno ante las demandas reclamadas por el pueblo.

En estos dos años, quedó en evidencia la ineficiencia e incapacidad del gobierno para asumir los nuevos desafíos planteados luego de las movilizaciones. Un gobierno que quedó a la deriva con un Presidente ausente e incapaz de recoger los requerimientos del pueblo y atender el sufrimiento de los más pobres. Un gobernante aferrado al poder que mantuvo en forma testaruda y perversa su propósito de agradar y favorecer a los más ricos, ayudar a sus amigos y obtener ganancias en sus negocios particulares.

La huella del dolor

El gobierno sólo planteó la represión como respuesta a la movilización del pueblo. La limitación de las libertades con la declaración de los estados de emergencia, la presencia de los militares en las calles y el interminable toque de queda por estos dos años son hechos que la población no puede olvidar tan fácilmente. Ahora en Octubre, no alcanzó a pasar el mes del momento que se levantó el toque de queda y nuevamente declara un estado de excepción en las provincias del sur. No hay duda que Piñera se acostumbró a gobernar con los militares. Transcurridos estos dos años, aún no se conocen resultados de la investigación de quién provocó el ataque simultáneo y concertado a las siete estaciones del metro, aumentando las sospechas de que fueron auto atentados.

Las víctimas de la represión, los muertos, heridos y mutilados en sus ojos, permanecerán para siempre en el recuerdo del pueblo. Los más de once mil detenidos en las protestas, torturados y los presos que aún permanecen en las cárceles luego de transcurridos estos dos años, son una muestra palpable de la violación sistemática de los derechos humanos. De las más de tres mil querellas presentadas por el INDH, sólo cuatro han recibido sentencias condenatorias. Como ejemplo emblemático de la impunidad, el autor del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica, goza actualmente de libertad. En este punto se notó la ausencia por completo del actuar de la Iglesia católica, quién en otros tiempos  habría jugado un rol importante en la defensa de los derechos humanos y en el llamado a la libertad de los presos de la revuelta. Qué diferencia si hubiesen estado ahora presentes un Cardenal Silva, un Monseñor Alvear, un cura Baeza.

La crisis social y política del sistema económico que se arrastraba ya por décadas y denunciada en forma explosiva en el estallido social, quedó en mayor evidencia con la crisis creada por la pandemia. Los propios trabajadores, con el retiro de sus fondos de cesantía y de pensiones de las AFP, tuvieron que asumir los costos de la crisis del desempleo y cierre de sus fuentes de trabajo. La solidaridad y las ollas comunes asumieron la pobreza y el hambre.

La deslegitimación de las instituciones y los partidos políticos se hicieron sentir con más fuerza cuando el pueblo esperaba una respuesta a sus inquietudes. En el Congreso, los parlamentarios profundamente cuestionados, sólo siguieron jugando con los tiempos impuestos desde el gobierno, la mayoría indiferentes y trabajando cómo si en este país no hubiese pasado nada. Muchos incluso apoyando iniciativas represivas planteadas desde el gobierno y tendiendo su mano para evitar acusaciones a ministros o al propio Presidente de la República. Nada concretaron para lograr la libertad de los presos de las movilizaciones o señalar al gobierno la pronta solución a las demandas populares.

En el último tiempo, los parlamentarios lograron quebrar el sector del oficialismo y obtener los quórum necesarios para doblar la mano al gobierno y permitir el retiro de fondos desde las AFP y aumentar el monto de los bonos de ayuda a los sectores más vulnerables. Todo esto bajo una inmensa y descarada campaña del terror nacional e incluso internacional, orquestada por la derecha ante los supuestos problemas y caos que esto podría provocar a la economía del país.

Una señal de esperanza

Desde el Congreso una salida al conflicto y salva vida para Piñera se traduce en un acuerdo con el gobierno para  asumir una de las demandas de la movilización y convocar a un plebiscito para consultar sobre el cambio de la constitución y la convocatoria a una asamblea constituyente.  El pueblo responde masivamente al llamado y entrega un decidido respaldo al “Apruebo”. Luego en una elección histórica se nomina a los 155 miembros de la asamblea, los que asumen y eligen su directiva el 4 de Julio del 2021. A la cabeza una representante de los pueblos originarios, como verdadero símbolo del cambio y los nuevos tiempos. Se constituye así un grupo humano, proveniente de nuevas fuerzas sociales y actores emergentes, mucho más cercanos al Chile real, con características distintas a las antiguas instancias de representación ciudadana hasta ahora existentes.

La instalación de la constituyente entrega una salida institucional al conflicto social y se dan los primeros pasos para establecer una nueva carta magna que permita romper las trabas de la vieja constitución de Pinochet y abrir camino a un ordenamiento jurídico distinto. Una constitución que recoja las nuevas aspiraciones planteadas por el pueblo en sus movilizaciones: la preocupación por la justicia social, la dignidad, la participación ciudadana, la incorporación de todos los sectores sociales y los pueblos originarios, el agua y la crisis ambiental, el término de los privilegios, una justa distribución de la riqueza y la plena vigencia de los Derechos Humanos, tanto individuales como sociales.

A pesar del continuo y permanente ataque de la derecha y sus medios de comunicación, tratando de descalificar, bajar el perfil o festinar lo realizado por el grupo constituyente, la convención avanza, va consolidando su trabajo y se va transformando en el cauce adecuado para acoger las aspiraciones e inquietudes surgidas de la movilización social de hace dos años. Los hechos van demostrando que la fuerza del cambio y de la historia están de su lado y desde allí se proyecta sin duda el nuevo Chile que todos queremos.

El proceso electoral en la perspectiva del cambio

Lo que ocurra en las próximas elecciones no puede estar ajeno a lo que se anida en la convención constituyente y al proceso refundacional que hoy se gesta en nuestra sociedad. No da lo mismo quien triunfe y quienes sean las nuevas autoridades políticas de los próximos años, en especial porque el nuevo gobierno deberá poner en aplicación los acuerdos del nuevo “contrato social” que desde allí surja y realizar la instalación en la práctica de la Nueva Constitución.

Un gobierno de la derecha sería la negación a todo lo avanzado y volver a una situación previa al estallido social que puede traer insospechadas consecuencias. Por suerte el descalabro y desprestigio del gobierno de Piñera, arrastra en su debacle a sus candidatos, tanto en su versión más radical y fascista de José Antonio Kast, como en su versión empresarial y dialogante de Sebastián Sichel.

EL pueblo esta vez no debe equivocarse. Debe concurrir masivamente a votar y no dejarse engañar por los cantos de sirena, campañas del terror y falsas promesas. La línea de continuidad de la movilización social, el estallido social de Octubre de 2019 y la labor que se realiza desde la convención constituyente, va inequívocamente por el mismo camino del cambio que representa el candidato de la izquierda unida, Gabriel Boric y su propuesta de un futuro gobierno popular. En esa candidatura debieran converger unitariamente todos los sectores que históricamente han estado en las posiciones cercanas al pueblo y han mantenido consecuente e inalterable su línea de izquierda. En forma simultánea, se debe trabajar en forma amplia para asegurar una mayoría parlamentaria que posibilite su actuar como gobierno.

Otros candidatos, como el caso de Yasna Provoste o Marco Enríquez Ominami, representan más bien a esa desprestigiada vieja política que puede tener ahora buenas intenciones, pero arrastran el peso de los años donde fueron incapaces de recoger el sentimiento y las aspiraciones del pueblo o están invalidados en muchos casos, por el sectarismo, las camarillas, casos de corrupción y la interferencia de los intereses de los negocios con la política. Sectores de políticos seriamente cuestionados durante la movilización social de Octubre y que por su actuar, no garantizan que en el futuro establezcan posibles componendas con la derecha o grupos empresariales, colocando en peligro lo avanzado hasta ahora por la movilización del pueblo. Por ello, estos candidatos aunque puedan tener buenos atributos personales, no dan la altura para el momento actual del cambio que los trabajadores y el pueblo esperan.

En las próximas elecciones, se juega mucho el sentir y esperanzas de lo que el pueblo señaló hace dos años en el estallido social de Octubre de 2019, su sueño de avanzar a un Chile distinto con mayor justicia y dignidad. Hoy parece ser posible.