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ANÁLISIS POLÍTICO

Gastar, gastar, que el mundo se va a acabar…

René Fuentealba Prado, Abogado.

La rehabilitación ética de la política, requiere sacrificios de parte de todos los actores involucrados. Las meras palabras no bastan; se requieren testimonios significativos de parte de quienes conforman las elites que gobiernan y legislan. Y en ese terreno, la Nueva Mayoría es la llamada a dar el primer paso en materia de consecuencia para que la gente vea a sus militantes como auténticos servidores públicos.

Que la política y los políticos viven una crisis de confianza, es algo que hoy nadie intenta ni siquiera poner en duda. El juicio de la población es lapidario y si no se dan pasos concretos para superarlo, el abismo que media entre los ciudadanos y sus representantes se hará insondable.

Las remuneraciones de los Ministros de Estado son fijadas por ley en tanto que los parlamentarios – senadores y diputados – de acuerdo al artículo 62 de la actual Constitución, tienen derecho a percibir “como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado con todas las asignaciones que a éstos correspondan”. Pero, ello no es tan así. A la dieta parlamentaria se suma una serie de asignaciones que permite a los legisladores disponer de secretarias, periodistas, choferes, asesores, arrendamiento de oficinas, pasajes, etc. , que hace posible que mantengan una máquina electoral orientada a mantenerse indefinidamente en el cargo.

La reforma que hizo posible poner término al sistema binominal (establecido con el fin de hacer equivalentes las mayorías con las minorías) constituyó un paso importante en el saneamiento de la democracia chilena. Pese a que ella implicaba el aumento del número de senadores en 11 cargos y del número de diputados en 35 nuevos representantes, el Gobierno de la Presidenta Bachelet se comprometió públicamente a que ello no implicaría mayor gasto fiscal. El Senado de la República, a este respecto, no presenta mayor problema pues ha seguido manteniendo en su presupuesto los recursos que correspondían a los “senadores designados” ya anteriormente suprimidos. En el caso de la Cámara de Diputados, se necesitarían trece mil millones adicionales para atender las nuevas remuneraciones y asignaciones.

Además de la obligación del Gobierno en cuanto a mantener su respeto a la palabra empeñada, está de por medio una cuestión ética : El Congreso Nacional no puede continuar viviendo en una isla separada de la realidad del país. Algunos parlamentarios (los menos, en todo caso), como Jackson, Boric y Marcelo Schilling han planteado ya la necesidad de reducir las dietas parlamentarias significativamente, siendo la propuesta que desea fijarla en veinte ingresos mínimos la más concreta. Los argumentos contrarios, en el sentido de que una dieta alta hace posible que llegue al Parlamento “gente decente” y “evita la corrupción” resultan impresentables.

Si lo que se necesita en el Poder Legislativo son recursos para hacer más serio, expedito y tecnificado el proceso de formación de las leyes, no hay problemas. Si los recursos son para beneficiar a las personas que ejercen los cargos, la ciudadanía entera debe decir NO.

Muy útil sería que la Biblioteca del Congreso, cumpliendo su función de asesoría legislativa, reuniera los antecedentes relativos al régimen de remuneraciones parlamentarias vigente en diversos países del mundo para establecer un sistema acorde al nivel de desarrollo de Chile pero que, ante todo, dé muestras de austeridad en el gasto público en clara consecuencia con la realidad que viven millones de compatriotas.

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