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BÍO BÍO EN PIE DE GUERRA CONTRA LA INSTALACIÓN DE LAS SALMONERAS

Eduardo Pacheco

Periodista.

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

En la última semana se conoció el ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de dos nuevas peticiones de concesión marítima para salmoneras en las costas de la región del Biobío. Nuevamente la empresa Cultivos Marinos Lago Yelcho está detrás de ellos, esta vez en la comuna de Tomé y con una suma de inversión de 3.600 millones de pesos.

Semanas atrás se conoció de otras 13 peticiones de concesiones en otros puntos tales como Hualpén, San Pedro de la Paz y la Isla Santa María, lo que ya ha desatado la intensa oposición de las comunidades locales y en especial de los pescadores artesanales. Los 15 proyectos significarían una inversión de 27 mil millones de pesos, pero el costo social sería altísimo según organizaciones sociales, los parlamentarios y alcaldes.

El Director Nacional del Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), Luciano Pérez, al ser consultado por La Ventana Ciudadana por esta arremetida de la empresa salmonera en otros territorios, fue lapidario: “Nos parece desastroso, porque tal como hemos tenido un daño irreversible con accidentes de las salmoneras en el sur, esas secuelas o daños quedan, los ecosistemas no se restauran tan fácilmente y luego de todo ese daño ambiental estas empresas están siendo de alguna forma expulsadas por la comunidad, ya no tienen el apoyo ni siquiera del chantaje emocional por las fuentes de trabajo, ni siquiera eso ha compensado el daño que se ha producido en el sur. Entonces que ellos hayan emigrado hasta el norte era algo esperable, no nos sorprendió cuando empezaron las primeras solicitudes de concesiones, desde Cobquecura hasta la zona nuestra”.

Pérez, añadió que el impacto de estas empresas “no es sólo la carga en sí que se produce en el lecho marino, no sólo los antibióticos, no sólo las fecas, no sólo el material de desecho que es el típico material que se destruye cuando hay marejadas o algún accidente que rompe las jaulas, sino que además de todos esos impactos, está la navegación, las embarcaciones, los derrames, hay traslados de barcos y lanchas todos los días, un acarreo de personal, de materiales”.

El representante de CODEFF deja en claro el daño ecológico que podría generarse: “Acá tenemos tránsito permanente de ballenas, de delfines, de tortugas y todos ellos entran en riesgo, al tener este tipo de actividades en la costa. La verdad es que son muchos los impactos. Está la idea de que estos proyectos tienden a presentarlos fragmentados, son grandes actividades territoriales y las presentan una por una, lo que es un intento de burlar al sistema. Nosotros al analizar esto vemos muchas deficiencias, mucha mala fe, de meter estos proyectos acá en la zona”.

Desde el mundo político encabeza la oposición a estos nuevos proyectos salmoneros el diputado socialista, Gastón Saavedra, que manifestó su completo rechazo a la instalación de estas empresas e hizo un llamado al gobierno a colocarse del lado de la ciudadanía: “Espero que este clamor sea entendido por quienes toman las decisiones posteriores, una cosa es la presentación y la decisión después está consagrada en la ley a las autoridades y al Consejo de Ministros finalmente que es el que toma una decisión, por tanto va el mensaje también para ellos que la situación que hoy día se está viendo acá en la región no es favorable para la instalación de este tipo de proyectos, pero al mismo tiempo no desaten las movilizaciones que son legítimas y que podrían venir por parte de quienes son los más afectados, las familias de los pescadores artesanales”.

Una zona donde los ojos de todos están puestos es la Isla Santa María, de la comuna de Coronel. Los pescadores del lugar están en pie de guerra contra las concesiones solicitadas en el sector. De hecho voces expertas indican que es uno de los lugares más idóneos para instalar salmoneras y por ello es evidente la preocupación de la comunidad.

Aurora Chamorro dirigente de los pescadores de la ínsula consideró que sería “inconcebible que el Estado teniendo la forma de poder rechazar (no lo haga). No se equivoquen, porque sería un desmedro, sería lamentablemente hacernos desaparecer como isla. Nosotros, quiero que quede claro a la opinión pública y a estas empresas, no vamos permitir, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que esto no suceda. El bien de la isla Santa María tiene que protegerse”.

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