
Chilenos, sin novedad.
Lo peor que le puede suceder a una sociedad, es cuando la maldad se hace costumbre.
No se trata solo de la maldad mirada desde un punto de vista moral, como cuando hacemos referencia a una acción mala, abusiva, injusta, que comete un individuo (¿o individua?) sino cuando este tipo de hechos se socializan, se hacen frecuentes, se consideran como algo casi normal y, por tanto, se terminan por aceptar y finalmente se legitiman.
Por ahora, no se trata de buscar a los responsables y ni siquiera de indagar sobre las causas de las conductas de los eventuales hechores, sino de preguntarnos cómo debe responder la sociedad a este fenómeno que pareciera crecer día a día.
La respuesta simple es echar la culpa a otros. La respuesta boba: hay que aumentar las penalidades asignadas a los delitos.
Pero las cosas no son tan sencillas. Los delitos más graves y violentos aumentan y las fuerzas policiales disponibles resultan a todas luces escasas. En la semana, el Gobierno dio a conocer un reforzamiento del contingente policial uniformado en 17 comunas del país seleccionadas conforme a evaluación estadística disponible, las que recibieron con satisfacción el anuncio, en tanto que una gran parte de las 330 restantes elevaron, a través de sus alcaldes, sus protestas tanto por haber sido excluidas del programa como porque más de la mitad de los territorios locales corresponden a comunas de la Región Metropolitana.
Ninguna respuesta al problema produce efectos inmediatos. Baste solo con considerar que la selección y el entrenamiento del nuevo personal demandan un tiempo cercano a los tres años, período en el cual, de seguro, se enseñorearán las bandas especialmente de carácter juvenil. Achacar el grave fenómeno a la pobreza o a la calidad de inmigrante, es simplemente eludir un análisis serio sobre la materia.
La realidad nos muestra sobradamente que estamos viviendo en una sociedad fragmentada y que está infiltrada por la violencia hasta los intersticios. Un rápido recorrido permite comprobar lo que afirmamos. Las ciudades sucias y malolientes; los muros multi rayados de groserías, injurias y grotescos dibujos; una locomoción pública enardecida que con sus aceleraciones, frenazos y bocinazos altera los nervios delos peatones; plazas y parques semi destruidos y abandonados; centenares de vehículos particulares que se estacionan en veredas y lugares prohibidos; etc.etc., constituyen el caldo de cultivo propicio como para que la población crea que todo está permitido. De ahí a la agresión al personal de los servicios sanitarios hay un solo paso y luego una escalada difícil de detener
Es evidente que muchos sectores de la sociedad creyeron que un nuevo gobierno, formado en general por gente joven y con una masiva adhesión permitiría todo tipo de inconductas ya que le resultaría muy impopular tomar medidas de fuerza para controlar el orden público. Los gremios de los camioneros y los trabajadores que laboran para subcontratistas de la Empresa Nacional del Petróleo, constituyen un grosero ejemplo de este abuso. Bloquear rutas camineras, impedir el abastecimiento adecuado de combustibles, son ejemplos de dirigencias incapaces de entender que sus actitudes causan graves daños a las personas que deben concurrir a los hospitales, a las escuelas, a sus trabajos. Más allá de lo justificable que puedan ser sus pretensiones, resulta difícil entender que no conciban otra forma de proceder que no sea a costa del daño directo a otras personas.
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