Editorial: Crimen en tiempos de democracia protegida.

El miércoles 30 de enero de 2019, el ministro Alejandro Madrid dio a conocer su sentencia de primera instancia por la cual condenó al médico Patricio Silva Garín como autor del delito de homicidio del presidente Eduardo Frei Montalva; a su chofer personal Luis Becerra y al agente civil de la CNI Raúl Lillo, como coautores; al médico Pedro Valdivia como cómplice, y a los médicos tanatólogos de la Pontificia Universidad Católica Helmar Rosenberg y Sergio González como encubridores. Luego de 16 Años y 3 meses de investigación, un minucioso fallo de 840 fojas, dio por establecidos los hechos en que se fundamenta su resolución.

Por supuesto, los sectores que habitualmente no reparan en los hechos mismos  sino que se esfuerzan por diluirlos en lo que denominan “el contexto”, se han esforzado en aclarar que el fallo todavía es  susceptible de recursos de apelación y casación ante tribunales superiores,  y  en destacar asimismo que el ministro no dio por acreditada la existencia de una conspiración para producir la muerte del occiso, por envenenamiento.

El hecho tiene una enorme gravedad, toda vez que se trataría del primer magnicidio (“muerte violenta dada a  persona muy importante por su cargo o poder”) en la historia de la República y, peor aún, cometido bajo una dictadura gremialista-militar en la que el Jefe de Estado concentraba en sus manos todo el poder político y de orden y seguridad públicos al extremo de ufanarse de que en la país no se movía una sola hoja sin su voluntad. Así, Silva Garín declaró  en el proceso que él informaba diariamente de manera directa y personal  al gobernante de la época sobre la evolución  clínica del paciente. Lo que en otras circunstancias  pudiera haber sido  considerado una preocupación y deferencia especiales hacia un ex Presidente de la República, en  el caso específico es demostrativo de una trama urdida al más alto nivel.

Absurdo sería pretender desconocer todo el accionar de los servicios de inteligencia y seguridad, que  durante diecisiete años introdujo la corrupción en las filas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros bajo el amparo de un periodismo obsecuente y venal que cohonestó secuestros, torturas, extorsiones,  asesinatos y desapariciones forzadas de personas. A través de este camino, se consolidó una cultura de desprecio a la vida humana y a la dignidad esencial de las personas, justificando todo a través de  excusas pueriles que solo reflejaban el compromiso incondicional con un régimen incapaz de tolerar que hubiese personas que osaran sustentar y defender una manera  de pensar que disintiera de la voz oficial.

En ese ambiente acontecieron los hechos que llevaron a la muerte de Frei Montalva.

Los abogados de las partes se enfrentarán en las instancias superiores. Los defensores,  para procurar dejar sin efecto la determinación de las responsabilidades hecha por el magistrado o para obtener que se declare la prescripción penal conforme a las normas vigentes a la fecha de los hechos. Los querellantes (familia Frei Ruiz Tagle, PDC, Gobierno) buscarán que se amplíe la condena a otros involucrados o para que se recalifique el delito configurando la figura de “homicidio calificado” (asesinato) en reemplazo del “homicidio simple” que señala la sentencia en cuestión. Llegar a la sentencia de término, requerirá a lo menos un año más de plazo.

No deja de sorprender el hecho de que en el amplio espectro de quienes cuestionan la indagatoria y el fallo, no se haya alzado ninguna voz para defender al Jefe de Gobierno de la época. Enredados en  enmarañadas disquisiciones procesales, nadie ha insinuado siquiera que era inconcebible que una trama criminal como la investigada se hubiera urdido desde Palacio, silencio que implica que hasta los más recalcitrantes partidarios del dictador siempre han considerado como perfectamente posible que así hubiera sido pero que el ministro Madrid no ha logrado probar fehacientemente esa urdimbre.

Además, deben destacarse los aspectos más sórdidos de una conjura construida sobre la base de la degradación humana, de la traición y  de la deslealtad. Silva Garín fue subsecretario de Salud de la víctima y frecuentaba su hogar; Becerra fue su chofer de confianza por décadas con libre acceso a una familia que lo distinguió con su aprecio. Clínicas de alto nivel (Santa María y U. Católica) permitieron el libre y reiterado acceso al paciente por parte de  agentes de la Central Nacional de Informaciones;  distinguidos profesionales realizaron procedimientos clínicos injustificados, con evidente conocimiento de sus niveles superiores; una vez consumado el delito, se practicaron autopsias en secreto violando los procedimientos de rigor;  se hizo un vaciamiento de las vísceras de la víctima en su propia habitación y sin conocimiento ni autorización de la familia;  se practicó un embalsamamiento innecesario del cual nadie se hizo responsable, se ocultaron fichas clínicas por largos años.

Es perfectamente posible que el dilatado procedimiento penal concluya, por razones formales, en la exención de responsabilidades.

Sin embargo, en la memoria de Chile quedará grabado  para siempre lo abyecto de un homicidio que siempre se consideró como algo inimaginable en una sociedad que pretendía ser civilizada.