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CUANDO DEFENDER UNA CAUSA SE TORNA PELIGROSO

Maroto

Desde Canadá.

En nuestro continente se ha hecho cada vez más común observar que la defensa de ciertas causas puede llegar a acarrear peligros que pueden comprometer la integridad física de las personas o incluso costar la vida. Lamentablemente, escuchar que, en países como México, Honduras y Brasil, los defensores de causas ambientales e indígenas se ven continuamente sometidos a situaciones de acoso y violencia verbal y física, ya casi no nos sorprende.

Esta realidad, que nos parece tan ajena, ha despertado nuestra preocupación, empatía y solidaridad para con quienes en sus respectivos países luchan, desde nuestro punto de vista, por causas que parecen justas.

Desgraciadamente, algunos acontecimientos ocurridos en estos últimos años han generado inquietud y levantado dudas acerca de si los peligros que hasta ahora observábamos en otros países empiezan a manifestarse también en Chile.

En el año 2016, la activista ambiental Macarena Valdés fue encontrada muerta en su casa de Tranguil, en lo que fue calificado como un suicidio. Valdés trabajaba comprometidamente en contra de las actividades de RP Global, empresa austro -chilena que, de acuerdo con lo planteado por Valdés y otros miembros de la comunidad, había ejecutado sus proyectos violando territorios de las comunidades mapuches y transgrediendo el Convenio 169 de la OIT.

En octubre del 2018, el activista ambiental y líder sindical del Sindicato de Pescadores Artesanales S-24 Alejandro Castro fue encontrado muerto cerca de las líneas del tren en Valparaíso, en lo que fue calificado como un suicidio. Castro era ampliamente reconocido como uno de los líderes del movimiento en contra de la contaminación por vertimiento de productos químicos tóxicos que por años ha afectado a la población de Quintero y Puchuncaví.

En enero del 2019, el activista ambiental y presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan,  Marcelo Vega Cortés fue encontrado muerto, como resultado del hundimiento de su camioneta en las aguas del rio Lingue, por cierto un extraño accidente. Vega era un activo opositor a la instalación de un ducto de la empresa Celulosa Arauco – CELCO, que vertería riles al mar en  Mehuín,

En los tres casos descritos los activistas se oponían a las gestiones y proyectos de importantes y bien conectadas empresas o grupos de empresas, cuyo eventual fracaso hubiera afectado la rentabilidad de sus negocios o causado la pérdida de significativas ganancias económicas.

En los tres casos descritos y con anterioridad a su muerte, los dirigentes habían sufrido reiteradas amenazas y amedrentamientos relacionados con los movimientos ambientales que dirigían.

Las muertes antes mencionadas han generado preocupación nacional e internacional, la que ha sido manifestada por líderes sociales y políticos en Chile y por organismos como Amnistía Internacional y la Fundación Heinrich Boll.

¿Es posible afirmar, con certeza que estas muertes fueron el resultado de acciones de terceros? No.   

¿Es razonable pensar que puedan existir dudas sobre las causas del fallecimiento de estos tres activistas? Si.

Las extrañas circunstancias en que ellas sucedieron, el complejo conflicto medio ambiental que las antecedió y los intereses económicos en juego, siembran legítimamente una manto de incertidumbre acerca de lo que realmente ocurrió.

Con prescindencia de estar de acuerdo o no con las causas defendidas por los dirigentes a que hemos hecho mención, es importante reconocer y enfatizar que la labor de los dirigentes sociales en general, y la defensa que en particular hacen ellos de derechos ambientales, étnicos, laborales o de género, sólo por citar algunos ejemplos, constituyen  un componente  clave para la sanidad de todo tejido social y político, que debe ser garantizado como parte fundamental de un sistema democrático y protegido por las instituciones de una república. Son estos dirigentes los que permiten que las voces de los mas débiles sean escuchadas; son ellos los que canalizan y conducen el descontento y las frustraciones que, de no mediar su activismo, serían probablemente ignoradas; son ellos los que, a través de su coraje y compromiso cívico, expresan los diferentes matices que en una comunidad pueden existir respecto de situaciones que la aquejan y apremian; y finalmente son ellos, los que a través de su acción, juegan un importante rol en el control de los equilibrios entre los intereses del Estado, la comunidad y los actores del sector privado.

Nos encontramos aquí frente a dirigentes sociales que no solo debían hacer un esfuerzo gigantesco para intentar que sus voces fueran escuchadas; sino que además debían sobreponerse a las abismantes desigualdades existentes entre la modestia de sus luchas y la inagotable disponibilidad de recursos y capacidad de influencia de sus adversarios.

Su labor nunca ha sido fácil. Históricamente, en el ejercicio de sus liderazgos, han debido enfrentar la carencia de recursos para hacerse escuchar, el silenciamiento del que son objeto por parte de aquellos medios de comunicación comprometidos con los grupos de poder, y los soterrados amedrentamientos a que ellos y sus familiares se ven expuestos. Sin embargo, las muertes de Valdés, Castro y Vega,  y el contexto en que ellas ocurrieron parecen indicar que los niveles de agresividad hacia los líderes de conflictos sociales ha escalado a un grado, a decir lo menos, preocupante. Mas allá de la eventual participación de terceros en los casos antes mencionados, es indudable que estos dirigentes fueron sometidos a niveles de persecución y acoso inaceptables.

Estar de acuerdo o en desacuerdo con sus causas es irrelevante. Reconocer y respetar la importancia de su rol es lo realmente primordial.

La investigación y esclarecimiento de las muertes de estos dirigentes, en condiciones que den garantías a sus familiares y a los movimientos que representaban, es una obligación moral del Estado y un deber de las instituciones de la República.

El establecimiento de un entorno en que los dirigentes sociales se sientan respaldados en el ejercicio de sus funciones de representación y liderazgo y protegidos por el Estado frente a los abusos y amenazas, más allá del contenido y la dirección de sus causas, es condición sine qua non para avanzar en la profundización de nuestra democracia.

Lo anterior no ocurrirá, si no nos detenemos a reflexionar acerca de lo ocurrido, en un esfuerzo por aprender conjuntamente y sacar lecciones que nos permitan reconstruir las resquebrajadas relaciones existentes entre los diferentes actores de nuestra sociedad, en un ambiente en que el ser adversarios no signifique ser enemigos.

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