De pronósticos, vaticinios y conjeturas

Por fin, ha llegado el día tan esperado.

Luego de un prolongado proceso que, sumando etapas antecedentes y días posteriores al cierre de la Convención, supera largamente los dos años, corresponde ahora que la ciudadanía emita su veredicto como es propio de un sistema democrático.

La novedad para este plebiscito la aporta la restitución del voto obligatorio, lo que habilita a más de 15 millones de personas para sufragar siendo posible asegurar que, sin duda, esta será la votación más masiva de la historia nacional elevándose la cifra de concurrentes muy por sobre los 10 millones. Como de costumbre, los colegisladores (diputados, senadores, Ejecutivo, de la época) han mostrado su absoluta falta de esmero al aprobar la normativa del caso procediendo al efecto en forma simplona sin mayor estudio. Con la misma liviandad con que hace algunos años aprobaron el voto voluntario para luego arrepentirse de lo decidido, hoy vuelven sobre sus pasos, restablecen la obligatoriedad, derivan a los colapsados jueces de policía local los más de  cuatro millones de infracciones que se generarán y ni siquiera contemplan la exención de responsabilidad para los adultos mayores. En un año más, de seguro, se promoverá una ley de amnistía general para este grupo etario.

En otro “acierto” legislativo, se prohibió la divulgación de encuestas en la quincena precedente a un evento electoral como si por este simple hecho se garantizara que los electores no quedaran sujetos a influencias indebidas.

Yendo al asunto de fondo, todo hace presagiar que el resultado final será más bien estrecho. Las campañas del “Apruebo” y del “Rechazo” se han movido por canales distintos. Mientras los líderes del Rechazo se han empeñado en crear un “clima de opinión” mediante titulares de la prensa que comparte sus posiciones y la reiterativa divulgación de encuestas, los partidarios del Apruebo se han volcado al trabajo en terreno procurando movilizar a las generaciones más jóvenes (entre 18 y 30 años) y a los ciudadanos que en oportunidades anteriores se han abstenido de participar.

El presidente Boric, casi sin disimulo, ha jugado prácticamente todas sus cartas a la alternativa que implica dar un reconocimiento al tan cuestionado trabajo de la Convención Constituyente sin que ello implique negarse a hacerle algunas importantes correcciones a posteriori. El gran riesgo que esta actitud del oficialismo conlleva es que, sean cuales sean las razones de cada persona para decidir, en un mismo voto se juzgará tanto al “producto” de la Convención como a la gestión del Gobierno en funciones.  

A partir del 5 de septiembre, cualquiera que sea el resultado final, los días que se avecinan serán complejos.

Boric, en su círculo político más íntimo, deberá enfrentarse a tomas de decisiones que marcarán los tres años siguientes.

En primer lugar, le será imprescindible e impostergable ampliar la base política de su gobierno para poder consolidar una cierta mayoría parlamentaria que le permita avanzar en la concreción de las propuestas fundamentales de su programa. En tal sentido, sus opciones son más bien acotadas. Dando por supuesta la posibilidad de un mayor acercamiento a la Democracia Cristiana (integrando por ejemplo a equipos técnicos de esta colectividad) el aporte parlamentario de este partido es hoy por hoy limitado lo que deriva en que necesariamente se verá obligado a lograr cierto tipo de entendimiento con sectores políticamente más abiertos de la derecha. Ese cuadro generará un cierto nivel de desencuentro con el Partido Comunista, colectividad que curiosamente se mueve entre la lealtad racional y pragmática de Vallejo, Cariola y otros, y el titubeo de un Teillier que, cada vez que puede, amenaza con “la calle”.

El segundo punto, quizás más importante, es el relativo al orden y la seguridad públicos. En este punto, a nuestro juicio, se juega el destino del gobierno. La delincuencia, y especialmente su campo de acción asociado al narcotráfico, han elevado la audacia y la gravedad de sus conductas. Si a ello se suma el descontrol de pequeños grupos “estudiantiles” empeñados en provocar a diario a la fuerza pública, se hace imposible avanzar por la senda aprobada por la ciudadanía.

Habrá que resolver este problema. Las palabras y los derechos considerados eventualmente en la nueva Constitución, no se plasmarán si no se crean las condiciones objetivas necesarias. La situación del país es bastante crítica y su abordaje requerirá la concurrencia da todos quienes aspiran a una sociedad mejor fundada en ciertos valores esenciales.