La Costa Oeste de los EE.UU. Pelea Contra Trump

Por: Guilmo Barrio Salazar

El gobierno federal de los EE.UU. puede tener todos los derechos, pero los Estados de California, Oregón y Washington, están experimentando los momentos políticos más progresistas de las últimas décadas.  En los años recientes, estos tres Estados han conquistado un aumento muy significativo en el salario mínimo, también con medidas ambiciosas relacionadas con el medio ambiente, además de expandir el acceso ciudadano  al cuidado de la salud, como asimismo  una protección para los trabajadores indocumentados, y los derechos de las personas homosexuales y lesbianas, aumentando los servicios relacionados con la salud mental, y reformando significativamente las leyes sobre la justicia criminal.

El Estado de California, por ejemplo, ahora luce dramáticamente diferente del estado que había aprobado medidas anti-inmigratorias, y las leyes que castigaban a cualquiera que hubiese cometido faltas a la ley por tres veces consecutivas.  También luce distinto de hace una década atrás, cuando fue gobernado por el republicano Arnold Schwarzenegger, y fiscalmente sofocado por asumir que cualquier aumento en los impuestos, era como una tercera línea ferroviaria en la política estatal.  Las conquistas políticas recientes, que incluyen alrededor de U.S.$20 mil mllones de dólares en la nueva Ley del Cuidado de Salud Al Alcance de Todos, lo que ha conseguido un seguro de salud que cubre una masiva población californiana, lo que ha transformado la mentalidad de la ciudadanía en una democracia socialista.  Claro, hoy este Estado está bajo un constante ataque de la administración de Trump.

Desde el día de la inauguración de la nueva presidencia, la mayoría de la población en las ciudades de la costa oeste, se ha mantenido casi diariamente en demostraciones masivas y  en ocupaciones en los aeropuertos, como respuesta a los asaltos de Trump contra los refugiados y los inmigrantes musulmanes. Además,  permanece en constantes vigilias apoyando a los trabajadores indocumentados, y participando  también de las  protestas destinadas a defender  el medio ambiente.  Se estima que más de un millón de californianos, es decir, 1 de cada 30 residentes, se tomaron las calles el día 21 de Enero pasado, en apoyo de la Marcha de las Mujeres.  En el Condado de Los Ángeles, por ejemplo, la organización conocida como La Coalición Por Los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, movilizó 1 de cada 10 residentes.  Toda la región, desde la ciudad de San Diego en California, hasta la ciudad de Seattle, del Estado de Washington, es una revolución, porque esa parte de la ciudadanía siente que se encuentra bajo un constante asalto de la administración de Trump, viéndolo como una fuerza de ocupación y como un mandato autoritario.

En estos tres Estados, que tienen el equivalente a un sexto de la población estadounidense, y a un quinto de la economía nacional, es probable que una oposición regional sea exitosa contra el «Trumpismo», en los próximos meses o tal vez en los próximos años.  El gobernador del Estado de Washington, Jan Inslee, puso una demanda judicial en la corte, contra el gobierno de Donald J. Trump, indicando: «Nosotros continuaremos aceptando refugiados, y no vamos a tener ningún examen de carácter religioso.  Eso no es aceptable para mantener nuestros valores básicos como sociedad estadounidense.  Vamos a mantener la alfombra de bienvenida en nuestro Estado, que le ayudará a los inmigrantes en sus entrenamientos de trabajos y en los cursos de enseñanza del inglés como un segundo idioma, para que ellos puedan construir sus nuevas vidas en esta nación».

Por otro lado, en el Capitolio de la ciudad de Sacramento, del Estado de California, el presidente del Senado Estatal, Kevin De León, ha dicho con severos términos sobre los desafíos que se presentan: «Hay una variedad de batallas que realmente pueden impactar nuestra calidad de vida.  Estamos en el proceso de hacer una evaluación con gran amplitud para encontrar los medios posibles de contraatacar cualquier intento de un golpe político o económico contra California.  Es imperativo que unamos las fuerzas con los Estados que piensen como nosotros.  Estamos hablando de los medios legislativos que no deberían ser subyugados por ninguna Orden Ejecutiva firmada por el actual presidente».  Con relación al prospecto de conducir detenciones masivas y deportaciones de inmigrantes, De León, que representa la zona central del sector Este de la ciudad de Los Ángeles, cortó con su diente político en una campaña de oposición a las medidas de castigo a los inmigrantes que California tenía en los años de 1990’s, señalando: «No tenemos ningún poder jurisdiccional, y no tenemos que utilizar los fondos recibidos de los impuestos ciudadanos, tanto estatales como municipales, para colaborar con esas medidas absurdas.  Creemos legalmente, que la administración de Washington, D.C. no tiene la habilidad de mandar y cambiar la responsabilidad de los departamentos policíacos».

El Representante de la Asamblea de California, Anthony Rendon, expresó con mayor énfasis aún: «Las tendencias autoritarias de Trump, las que puede señalar que vienen de una presidencia facista, por lo que debemos tener mucho cuidado, porque no estoy seguro de que necesariamente él crea en una democracia».  También, el recientemente electo Alcalde de la ciudad de Portland, del Estado de Oregón, Ted Wheeler, ha demostrado sus similares sospechas, reaccionando sobre lo que él ha llamado «disgusto visceral», sobre la posibilidad de un registro especial para las personas de la religión musulmana, una idea que Trump repitió muchas veces durante su campaña presidencial, a lo que Wheeler ha dicho: «Todavía hay gente que vive en esta comunidad y que aún  llevan un tatuaje en sus frentes, desde que un líder nacionalista alemán los registró.  Esta comunidad ya está cansada de escuchar que habrá otra clase de registros en esta nación».

Los Estados no tienen control sobre las leyes de inmigración ni de los registros federales.  Como resultado, a pesar de las protestas del gobernador del Estado de Washington, Jay Inslee, las del presidente del Senado del Estado de California, Kevin De León, y del Representante de la Asamblea de California, Anthony Rendon, puede que deban hacerle una reverencia a algunos de los edictos viciosos de Trump.  Pero, tanto la gobernadora del Estado de Oregón, Kate Brown, como el gobernador de California, Jerry Brown, (no existe ninguna relación entre ellos), están llevando a cabo una dramática diferencia, una visión más influyente que la propuesta por Trump.  Además, ellos están obteniendo un increíble apoyo público, como también de muchos legisladores estatales y oficiales municipales, para mantener una gran batalla contra la intolerancia.  El gobernador Inslee insiste diciendo: «Nosotros no vamos a dejar la historia estadounidense en este estado».

Para el Alcalde Ed Murray, de la ciudad de Seattle, que es un reconocido político homosexual, quien ha apoyado a obtener un salario mínimo para los obreros y trabajadores de U.S.$15.00 dólares por cada hora trabajada, además de lograr unos programas que han hecho a la ciudad más eficiente en la energía, y menos dependiente de los combustibles fósiles, la presidencia de Trump posee una existencia atemorizante. Ha expresado claramente: «Mis instintos me dicen que estamos tratando con el primer gobierno autoritario de los Estados Unidos de Norteamérica, este país ha sido construido todo el tiempo bajo los reglamentos de la ley.  Donde las reglas de la ley son  fuertes, también la economía es fortalecida.  Si Trump le ordena a la fuerza de deportaciones que saque a los residentes locales de sus casas o de sus trabajos, en ese momento tendremos un golpe de estado.  Yo no le permitiré a mi fuerza policíaca municipal que coopere con esa orden.  La pregunta es: ¿Qué harán ellos conmigo y con los otros alcaldes de la Costa Oeste? Ese será un escenario de una gran pesadilla para todos».

Donald J. Trump ha intimidado cortarle los fondos federales a todas las ciudades que persistan en declararse «santuarios» para los inmigrantes indocumentados, y él ha firmado una Orden Ejecutiva con ese motivo, en el quinto día de su presidencia.

Kevin De León propuso la Ley SB54, creando amplias prohibiciones contra la cooperación con el Departamento de Enforzar la Ley de Inmigración y Aduanas, (ICE, siglas en Inglés), por los departamentos de policías municipales, las escuelas, las cortes judiciales, y los hospitales.  Otras medidas prohibirían una cooperación estatal de California en establecer registros religiosos.  Las ciudades a través del estado están creando unos fondos de defensas legales para los inmigrantes, y parece muy certero que la legislación estatal será aceptada para financiar tal programa.  El lunes siguiente  a la Orden Ejecutiva firmada por Trump para terminar la admisión de refugiados y suspender la entrada al país de ciudadanos de siete países musulmanes, la legislatura de California votó por amplia mayoría, condenar esas acciones.

De León enfatizó: «Estaremos firmes en la oposición, porque estos son los valores de nuestra gente de California.  No tengo ninguna duda que podamos crear un bloqueo progresista en otros Estados que piensen como nosotros.  Los Estados de Washington, Oregón y California somos creativos e innovadores.  Estamos en el proceso de evaluar cada vía posible de protección de los valores y de la gente de nuestros Estados».