La ciudadanía no puede permitir que lleguen al gobierno, los que se coluden contra sus intereses.
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Salud, dinero… ¿y amor?

Esteban Lobos, analista.

En una época en que se lucha para consagrar  a la “educación” y a la “salud” como “derechos sociales”, a todas luces representa un despropósito dedicarse a analizar alguno de estos temas en función de la “economía de mercado”. Ya, hace algunos años, un ex presidente, impulsado por su locuacidad incontrolable, afirmó  que la educación era “un bien de mercado” suscitando el reproche de los indignados. Ahora, a raíz de la crítica situación de la Isapre Masvida, por nuestra parte no tenemos ningún empacho en sostener que la salud en Chile, es un bien de mercado.

Las Isapres (Instituciones de Salud Previsional) fueron creadas bajo el gobierno militar inspiradas en el principio estadounidense del “catch as catch can”, es decir, de acuerdo a una traducción más bien libre, “agárrate como puedas”. Mediante ellas, se legalizó el individualismo en salud haciendo posible que los sectores más pudientes de la sociedad se autofinanciaran sus propios programas asistenciales en tanto que la atención de salud de los más carenciados era confiada a las manos del Estado (FONASA). Las insuficiencias y problemas de la salud pública, llevaron a que, en forma creciente, sectores de clase media se desplazaran a las Isapres en busca de rapidez y de especialistas pese al mayor costo económico que ello implicaba. Se consolidó así una realidad indesmentible: la población se incrementó muy poco, las escuelas de medicina privadas se multiplicaron y sus egresados se concentraron en los sectores de más altos ingresos de la Región Metropolitana. Así, un alto porcentaje de profesionales se niega a atender “por Fonasa” ya que en su consulta privada pueden cobrar sumas considerablemente más elevadas.

Las Isapres dejaron de tener su razón de ser en la cobertura sanitaria de la sociedad, para transformarse  en un negocio más. Este mercado privilegiado es atendido virtualmente por 5 isapres abiertas a las cuales cualquiera de nosotros puede ingresar cuando quiera (salvo que tenga problemas de nivel de ingresos o  de salud). De éstas, cuatro  pertenecen a grupos económicos: 1) Banmédica y Vida Tres, juntitas las dos, con  el 26% del mercado, pertenecen a la familia Fernández León y al Grupo Penta (sí, el mismo que sigue investigado por fraude tributario y financiamiento ilegal de la política); 2) Cruz Blanca, con un 20% de participación de mercado, pertenece al Grupo Said; 3) Consalud,, con 22% del mercado, es controlada por la Cámara Chilena de la Construcción;  4) Colmena, con un 16%, pertenece a la Familia Trucco. La excepción, corresponde a Masvida, la “isapre de médicos”, que controla poco más de un 13%. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, en su artículo 173, prohíbe en este campo  la llamada “integración vertical”, pero ello no constituye problema para los inversionistas ya que, así como han podido hacer caso omiso de la ley que prohíbe el lucro en las universidades (prohibición que se ha burlado sistemáticamente por los mismos que redactaron la ley bajo el gobierno militar,  mediante inmobiliarias truchas y fondos de inversión) no se ve a simple vista cuáles pudieran ser los obstáculos en el campo de la salud. Así, una amplia red de clínicas en todo el país (Santa María, Bío Bío, Dávila, Vespucio son del grupo Banmédica; Reñaca, Antofagasta y San José de Arica, de Cruz Blanca; Tabancura y Avansalud, de Consalud; El Loa, Las Lilas, San Pedro de la Paz, Universitaria y Magallanes, de Masvida) “integran” el negocio y permiten hacerlo más rentable.

En el caso Masvida, su congelación del valor de los planes le permitió un crecimiento importante pero, simultáneamente, su desfinanciamiento fue provocado por el traspaso indiscriminado de recursos a sus clínicas coligadas sin que la empresa matriz exigiera garantías reales con las cuales resguardarse. Ya veremos qué hace la Superintendencia del ramo para proteger a los afiliados que, por el momento, están imposibilitados de emigrar.

Hay otro tema  que, de ser cierto, constituiría un grave fraude. La ley 19.966 de 2004,  reguló el plan AUGE, estableciendo las llamadas “Garantías Explícitas en Salud” que cubren acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, las que deben ser aseguradas tanto por las Isapres como por Fonasa, mediante cotizaciones adicionales en su caso. El AUGE ha hecho posible que un alto número de pacientes puedan acceder a tratamientos con costos asequibles que de otra manera jamás hubiesen podido financiar. Sus beneficiarios han acogido con satisfacción este programa.

Pues bien, uno de ellos nos ha señalado que para el tratamiento de la hipertensión arterial, le fue recetado en 2015 el medicamento denominado “Simperten” (Losartan potásico de 50 mg.) elaborado por el otrora estatal y hoy privado, Laboratorio Chile. Las dos cápsulas diarias le implicaban dos cajas de 30 comprimidos, cada una con un precio público de $10.790.- de los cuales el beneficiario sólo pagaba un mínimo inferir a $1.000.- Pues bien, en su control periódico el médico le señaló que el Simperten ya no estaba en “la canasta de la Isapre” así que lo reemplazaría por el Simperten D. Lo curioso es que ambos productos contienen losartan potásico, y como excipientes almidón, lactosa monohidrato, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, poliacrilato, talco, dióxido de titanio, simeticona y macrogol. ¿Cuál es entonces la diferencia entre uno y otro? Que al Simperten D se le han suprimido los excipientes polividona, lauril sulfato de sodio y colorante azul lacado,  y se le ha adicionado a su fórmula  hidroclorotiazida (producto diurético). Hasta ahí, todo bien. Entonces ¿dónde está el problema? Sencillamente en que la supresión de los tres excipientes indicados, obviamente debiera bajar su precio en tanto que la adición de la hidroclorotiazida debiera subirlo. ¿En cuánto? Una caja de hidroclorotiazida tiene un precio público de $720.- más o menos, pero el Simperten D por la adición de este producto eleva su precio desde los $10.790.- ya indicados, a …¡.$22. 640 ! por caja, es decir en $11.130.- . Si se considera un año de tratamiento, estaríamos hablando de un sobreprecio total de $267.120.- y se piensa en un universo de unos 200.000 pacientes, nos vamos a  ¡ 53.424 millones !  Al paciente AUGE, todo esto le es indiferente. El sigue pagando por su medicamento, con D o sin D, con hidroclorotiazida o sin hidroclorotiazida, una cantidad ínfima pues el sistema se lo financia. Pero, la cuestión de fondo  es que ALGUIEN AQUÍ ESTÁ ROBANDO Y, OBVIAMENTE, NO SE TRATA DE UN MALHECHOR  CUALQUIERA SINO DE UN CABALLERO DE CUELLO Y CORBATA, DE ESOS QUE NO DETECTAN NI SIQUIERA LOS DRONES.

Si se considera la posibilidad de que los pacientes sean muchos más que 200.000, que esto mismo esté pasando con otros medicamentos, y se tiene presente que estamos ante un delito que se perpetúa en el tiempo, nos  encontramos ante sumas siderales. ¿Quién le puede poner  el cascabel a este gato?

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