«Desarrollo a Escala Humana: Si pasamos de la teoría a la práctica, con respeto a la naturaleza, haremos un aporte a la humanización de la sociedad»

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Editorial. La gran tarea de Chile

El domingo 4 de julio de 2021 quedará marcado como uno de los hitos más relevantes de la historia contemporánea de nuestro país. Por primera vez en más de dos siglos de vida independiente, representantes elegidos democráticamente deberán asumir la responsabilidad de elaborar una nueva carta fundamental llamada a regir la vida y la convivencia de la nación. Esta gran tarea deberá definirse entre las opciones de normar la vida en una comunidad en la que son reconocidos los derechos de todas las personas o, por el contrario, en la imposición con visos totalitaristas de los puntos de vista de unos sobre otros. Paradojalmente, esta segunda alternativa tiene una clara semejanza con el proceso constituyente de la dictadura que buscó institucionalizar por la fuerza un modelo político, económico, social y cultural excluyente en beneficio de minorías privilegiadas y protegidas.

En el seno de toda sociedad coexisten grupos de poder con características propias y propósitos diferentes, los que frecuentemente se verán enfrentados con mayor o menor fuerza en la medida en que los intereses de cada uno de ellos choquen con los de los demás. Por esa razón, se ha precisado que los problemas constitucionales no son primariamente problemas jurídicos sino problemas de poder y, por tanto, las permanentes tensiones que plantea la realidad social deben manejarse con criterios de racionalidad y de equidad indispensables. La consagración de poderes dominantes tales como las Fuerzas Armadas, los grupos económicos, las nomenklaturas partidarias, entre varios, no hace otra cosa que esconder transitoriamente un conflicto larvado pero existente.

De ahí que una Constitución democrática esté llamada a concordar un verdadero   contrato o pacto social de cara a la ciudadanía, en el cual se establezcan cimientos inamovibles tales como el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, principio rector que debe imponerse sobre toda el aparataje político y jurídico del Estado. Lo dicho exige, como fundamento moral indispensable, renovar la manida expresión que señala que las personas nacen libres e iguales en derechos ampliando su campo al precisar que este derecho a la libertad y a la equidad se extiende a toda la vida de todas las personas.

Al dar comienzo a un proceso que, de seguro, será más prolongado en el tiempo que lo previsto, es ineludible reconocer el campo de competencia de la Convención Constituyente. Con preocupación se ha visto la pretensión de determinados sectores por asumir tareas que de hecho implican un cogobierno buscando resolver problemas coyunturales, actitud que necesariamente generará mayores problemas que soluciones.

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