El desarrollo de la nación debe estar presidido por el respeto al Medio Ambiente.
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Y ahora ¿Qué hacemos con el poder?

René Fuentealba Prado.

Las sociedades contemporáneas presentan un panorama bastante heterogéneo. Con sorpresa se observa como en los Estados Unidos, paladín del capitalismo y del individualismo, hay un fuerte renacer de una filosofía comunitaria y en los jóvenes aparece un claro movimiento socializante. Los estados de bienestar de la Europa Central hacen crisis.

Los países enriquecidos monetariamente gracias al petróleo, viven una etapa de desorientación. Las grandes potencias asiáticas emergentes transitan cerca de un  capitalismo de Estado cuyo éxito está sustentado en la mano de obra barata. África, en general, sigue donde mismo. ¿Qué sucede, mientras tanto, en nuestra América Latina?

Los países del sur del río Grande, casi todos, vivieron por décadas un período caracterizado por altos niveles de pobreza y de desempleo, niveles de endeudamiento externo casi imposibles de manejar y, para colmo, sumisión a dictaduras militares amparadas en el anticomunismo propio de la Guerra Fría que apagaban  cualquier atisbo de protesta o insubordinación.

En las últimas décadas del pasado siglo XX, paulatinamente la situación general  empezó a cambiar. El  deterioro de las tasas de interés alivió claramente las finanzas públicas de cada país. Los precios de los commodities se elevaron a niveles impensados favoreciendo las economías locales. El ciclo político de las dictaduras militares se cerró sin que estos regímenes hubieran dejado  huellas positivas tras su tránsito por el poder.

El compromiso que los sectores empresariales y las colectividades políticas de derecha tuvieron con las dictaduras militares,  permitió el acceso al poder, casi sin mayores problemas,  de alianzas de centro izquierda que supieron acoger no sólo las demandas de justicia por las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos sino también por la sustitución de modelos económicos excluyentes que significaron privilegios para los grandes grupos económicos y financieros,  y elevados niveles de pobreza para amplios sectores de la población. Un caso aparte lo constituyó Venezuela, país en el cual el acceso al poder se produjo como consecuencia de la corrupción generalizada de los dos grandes partidos tradicionales.

Las nuevas mayorías político-sociales conquistaron en las urnas el poder formal. ¿Para qué? Para realizar ciertos ideales que fueron surgiendo a partir de un análisis crítico de la realidad:  El reconocimiento de los derechos humanos, la  superación de la pobreza, la educación vista como un derecho social de acceso universal, el avance hacia modelos de sociedad más inclusivos lo que se reflejaría en los campos de la salud y la vivienda dignas, etc.

Los nuevos detentadores del poder  olvidaron un hecho de la causa: que la respuesta natural de los grupos dominantes era salir en defensa de sus intereses. Su control sobre el aparato productivo y financiero y también sobre los medios de comunicación,  les permitiría construir un dique sólido para hacer frente a los afanes reformistas.

Lo anterior era previsible, no así la amplia gama de errores cometidos en terreno propio y que han ido dañando un proceso que llenó de ilusiones a gran parte de la población.

Uno, la falta de convicción en cuanto a los valores del sistema democrático. En muchos casos, los regímenes se han personalizado y sus líderes, sustentados en la incondicionalidad de adeptos favorecidos por prebendas públicas, han creído que sobre sus espaldas descansa la supervivencia del proceso. Reformas plebiscitarias para hacer posibles reelecciones perpetuas, concentración del poder, defensa de atropellos a los derechos humanos que otrora se condenaron con vehemencia, constituyen muestras evidentes.

Ideológicamente, se ha tendido a creer que frente al liberalismo a ultranza sólo cabe oponer un estatismo generalizado, despreciándose fórmulas alternativas de una economía humana con mayor solidaridad y mayor participación y compromiso de la sociedad civil.

Quienes han asumido funciones de representación popular han sido frecuentemente tolerantes con la corrupción y con la ineficiencia, permitiendo que las funciones públicas sean ejercidas en pro de intereses personales o grupales y no en el servicio efectivo a las personas.

La perpetuación en los cargos, la pérdida de la sobriedad de vida y de rangos mínimos de austeridad, han derivado en la creciente pérdida de confianza de los ciudadanos.

En la línea gruesa, se ha tendido a creer que los recursos públicos (alimentados por la bonanza de las materias primas) eran ilimitados  y que podían  financiar, por consiguiente, todo tipo de demandas. Los gritos y la violencia callejera, hicieron  perder todo sentido de la racionalidad y de la priorización.

La emergente clase gobernante ha olvidado conjugar los conceptos de derechos y deberes. Una buena pedagogía social y política debió haber educado en la participación, el sacrificio, el compromiso y la responsabilidad.

Un liderazgo obsecuente no puede conducir a otro destino que no sea el del desgobierno.

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1 Comentario en Y ahora ¿Qué hacemos con el poder?

  1. La “Legalidad”, y el “Poder” son tan diferentes, que este artículo nos demuestra fehacientemente que nuestros políticos actuales, no tienen ni el mínimo concepto de comprensión de esa enorme diferencia, y siguen abusando del poder en forma legal.

    Mis felicitaciones al autor de tan directo mensaje a los gobernantes.

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