EDITORIAL. Consejos para los consejeros.

En la semana que termina, fueron proclamados los cincuenta y un consejeros constituyentes (cifra que incluye un solo representante de los pueblos originarios) aunque solo cincuenta asumieron sus funciones ya que uno de ellos, elegido por el Partido Republicano y por la Región del Bío Bío, optó por abandonar el país ya que se le ha señalado como responsable de conductas delictivas de carácter sexual.

Este Consejo Constituyente trabajará a partir de ahora y durante seis meses en base a los insumos entregados por la Comisión Experta y podrá modificar estas propuestas sin que, por supuesto, pueda sobrepasar los doce “bordes” fijados en el mandato derivado de la última reforma de la Carta Fundamental. 

El proceso que se inicia, marcó ya algunas diferencias formales pero fundamentales con la Convención. La puesta en marcha implicó la seriedad que imponen actos de esta naturaleza, dejando atrás la burla al himno patrio y los exabruptos que distinguieron el anterior encuentro y que, a partir de ese momento, marcó un derrotero que condujo inevitablemente a su fracaso.

El “borrador de los expertos” tiene rasgos positivos innegables. Se consagra la idea de que el país constituye un Estado social y democrático de derecho, se establece un sistema de garantías para resguardar los derechos sociales y económicos, se reconoce el estatus de los pueblos originarios, se rediseñan las normas del proceso legislativo para hacerlo más ágil y eficiente y se estatuye un régimen especial de participación ciudadana regulando las bases de funcionamiento de os partidos políticos, instrumentos esenciales de una democracia representativa.

Se han formulado observaciones que deben tomarse en debida cuenta, como por ejemplo en materia del Poder Judicial ya que con el propósito de liberar a la Corte Suprema de tareas y responsabilidades que no son propiamente jurisdiccionales. Se exageró la respuesta creando múltiples consejos especializados (de coordinación, de ética, de formación, de capacitación) que bien pueden constituirse paulatinamente en obstáculos prácticos para una buena gestión.

Un tema insuficientemente resuelto es el relativo a la relación ineludible en materia de derechos humanos que debe existir entre la normativa interna – Constitución y leyes – y los tratados internacionales que operan y deben ser aplicados, más aún cuando hay múltiples voces de populismo de derecha que han manifestado reiteradamente su propósito de desafiliar al país de la red de organismos supranacionales de los cuales Chile forma parte. Este punto será la prueba de fuego a que se someterá la mayoría republicana dominante, al tener que optar entre la protección irrestricta de los derechos fundamentales de las personas y el peligroso populismo penal.  

Un análisis exhaustivo del borrador en cuestión, puede llevarnos a reconocer varios otros puntos que ameritan ser reanalizados, tanto en cuanto al otorgamiento de poderes excesivos a algunos organismos como a la terminología que se ha utilizado y que puede traer remembranzas poco gratas del tiempo de la dictadura.

Hay peligros que no se pueden desconocer. Así como la fracasada Convención se esforzó inopinadamente por consagrar un verdadero programa de gobierno que satisficiera el querer de minorías identitarias, el país debe estar alerta ante el riesgo de que una mayoría tan ocasional como la anterior quisiera consagrar constitucionalmente propuestas radicalizadas en materia de AFPs. Isapres, aborto, eutanasia, etc., y, en general, materias que deben ser abordadas a través de las leyes correspondientes.

Se abre a partir de este puntapié inicial un momento de treinta días en que, en teoría, los ciudadanos pueden hacer llegar al Consejo Constituyente las propuestas, observaciones y críticas que consideren pertinentes. La pregunta que tenemos por delante es cuán dispuestos estarán los consejeros a escuchar puntos de vista diferentes y a acogerlos en el texto.

Existe la posibilidad de que el abuso de la mayoría dominante, los oídos sordos al sentir ciudadano, puedan llevarnos a un nuevo despeñadero. El interés de Chile no puede ser arriesgado y, por lo tanto, es obligación moral de los constituyentes entregar un producto que merezca el visto bueno plebiscitario de Diciembre.