
EDITORIAL. Cuando la justicia se uniforma.
Los actores protagónicos de regímenes dictatoriales tienden a autoconvencerse de que su situación contingente se prolongará indefinidamente, garantizándose la impunidad absoluta. Aunque algunos han escapado indemnes, ya sea porque han buscado refugio en gobiernos amigos que les han otorgado el amparo indispensable o porque simplemente la llegada implacable de la muerte les ha permitido escapar de las garras de la justicia, hay otros que se han visto juzgados por sus crímenes y abusos.
Ejemplos hay muchos de todo tipo, y a la mente se vienen los casos de Honecker, Fujimori, Videla, Pinochet, que, pese a todo, quedaron marcados por el juicio de la historia. En el caso chileno, más allá del enjuiciamiento crítico a los propios tribunales de justicia por su actitud pasiva, indolente y remisa, no puede dejar de reconocerse el hecho objetivo de que, a pesar de todos los pesares, varias decenas de autores, cómplices y encubridores de delitos de lesa humanidad permanecen hoy privados de libertad purgando sus crímenes.
Se podrá decir que hay otros tantos personajes que han logrado evadir sus responsabilidades penales, pero no deja de ser destacable que, habiendo sido sometidos al debido proceso, con todas las garantías procesales que les otorga un estado de derecho, han sido debidamente condenados. Hace treinta años era simplemente inimaginable pensar que el propio jefe de los servicios represivos de la dictadura y muchos de sus más acérrimos colaboradores terminaran encarcelados.
La lección es clara y destacable. La normativa internacional vigente, con todas sus limitaciones y dificultades, fija un marco valórico ineludible que constituye una amenaza siempre pendiente sobre la cabeza de los autores de atropellos a los derechos humanos.
Nuestro país enfrenta en estos días dos casos de especial interés, cada uno de ellos con sus propias y especiales características.
Uno, es el del general director de Carabineros Ricardo Yáñez. Se trata de la máxima autoridad policial del país -lo que de por sí enreda la situación – quien sería pronto formalizado por eventuales responsabilidades de mando en violaciones de los derechos humanos durante el estallido social de 2019. A Yáñez le afectan diversas querellas por acciones de sus subordinados, incluso por operativos con resultado de muerte. Al respecto, cabe comentar que no parece pertinente que la defensa del oficial se haya centrado inicialmente en atribuir a los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz, odiosidad y animadversión manifiesta hacia el Cuerpo de Carabineros y que no haya habido especial preocupación en materia de formación policial para ajustar sus procedimientos y actuaciones a las características propias de una sociedad democrática.
El caso del ex Comandante en Jefe del Ejército, general ® Juan Emilio Cheyre, tiene ribetes de alto interés. Siendo en la época un joven suboficial, fue destinado a prestar servicios administrativos a la reunión en que un grupo de oficiales del Ejército determinó arbitrariamente la ejecución de determinados civiles que, por sus convicciones ideológicas, eran considerados una amenaza al emergente régimen militar.
Moralmente, hay aquí una responsabilidad clara de quienes determinaron las ejecuciones y, por supuesto, la responsabilidad penal derivada que no siempre se ha hecho efectiva. Pero, en justicia, ¿es legítimo atribuir culpabilidad al subordinado que actuó por miedo o simplemente por un malentendido sentido de la obediencia a los superiores? La lección de la historia necesita ser aprendida. Hay dos principios que debiesen ser considerados por la trascendencia práctica que tienen. El primero, es que las fuerzas de orden y seguridad en una sociedad democrática no deben considerarse como ejércitos de ocupación en guerra contra la ciudadanía sino que deben actuar siempre con la mesura y el criterio necesarios para restablecer el orden público. El otro, es que quienes en un régimen autoritario mandatan o toleran abusos de cualquiera naturaleza, nunca están dispuestos a hacerse cargo de las consecuencias de sus órdenes o determinaciones y, por el contrario, se ocultan o guardan silencio protegidos por la actitud de los bien llamados “cómplices pasivos”.
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