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Editorial: El cuerno de la abundancia

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

La rica y multifacética mitología griega esconde en sus páginas y relatos diversas versiones que aluden a la cornucopia o cuerno de la abundancia. Las ilustraciones que han buscado recrear esa figura icónica, la muestran como un cuerno de significativo tamaño, hecho en metal o en mimbre, el cual siempre está rebosante de frutas y de flores, de monedas, de bienes y de riquezas sin fin. Como todo mito, la cornucopia constituye solo una imagen simbólica, en este caso la de la prosperidad.

Muy lejos de la legendaria Grecia, tanto en el tiempo como en la distancia, nuestro país ha empezado a caminar por el pedregoso sendero de la construcción de una nueva institucionalidad fundamental sustentada en los pilares de una democracia participativa auténtica y en la eliminación de todas las trabas y obstáculos que obstaculizan la concreción de derechos ciudadanos fundamentales.

Este proceso es tremendamente trascendente por cuanto implica tomar definiciones que regirán nuestra vida como país por varias décadas. De ahí que resulte inexplicable que un elevado número de integrantes de la autodenominada “elite política” persistan con irresponsabilidad manifiesta en vender la ilusión de que un nuevo orden constitucional solucionará, como por arte de birlibirloque, los graves y persistentes problemas que afectan a la sociedad chilena.

Los vendedores de ilusiones y expectativas hacen un grave daño a la subsistencia misma del régimen democrático cuando buscan hacer creer al ciudadano común, a mujeres y hombres de trabajo, a jóvenes, al mundo rural, a los sectores más marginados y vulnerables de la comunidad nacional, que con un mero cambio en los vocablos cambiarán sustancialmente sus condiciones de vida.

Los partidos políticos, tan venidos a menos, y en especial las colectividades de oposición que tienden a proclamarse como representantes de las fuerzas sociales progresistas y mayoritarias, cometen un grave error cuando se dedican a vender ilusiones y no hablan a la ciudadanía con la verdad. Es necesario establecer lazos con la sociedad fundados en la transparencia y en la responsabilidad.

Una nueva carta fundamental debe eliminar los privilegios de casta y paralelamente establecer un marco jurídico que haga posible un régimen de derechos humanos y sociales que sea viable en el tiempo. Los recursos del Estado no son ilimitados y ofrecer beneficios con cargo a un financiamiento utópico e irreal es algo que no tiene sustento en ninguna sociedad del mundo y, que, de seguro, alimentará las desilusiones y la conciencia de sentirse estafados por parte de las dirigencias políticas.

Sin perjuicio de las obvias reglas básicas que deben ordenar un modelo de desarrollo humano al servicio de todos los habitantes y no de determinadas familias o grupos, hay ciertos problemas básicos del país que constituyen nuestros desafíos fundamentales: salud, vivienda, educación y pensiones, se presentan como los más significativos y apremiantes.

La historia nos ha mostrado que el viento se ha llevado innumerables promesas de campaña y que luego nadie se hace responsable de su cumplimiento. Si realmente queremos estructurar una sociedad que dé respuestas efectivas a las demandas que nacen del simple reconocimiento de la dignidad de las personas, tenemos el deber de tomar las medidas consecuentes para alcanzar esos objetivos que a fin de cuentas constituyen “tareas –país” y que van por lejos más allá del tránsito efímero de gobiernos de cualquier signo.

La nueva institucionalidad, por lo menos en los campos básicos que antes hemos indicado, debería imponer a cada nuevo gobierno que asume la obligación de obtener la aprobación una ley programática que consagre metas objetivas y medibles, debidamente financiadas, y que defina los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos, directamente o por medio de sus representantes, puedan constatar periódicamente su avance efectivo.

El proceso constituyente debiera significar un giro en ciento ochenta grados en la forma en que tradicionalmente se ha hecho la gestión del país. Cada habitante siente una frustración enorme al constatar que el eventual incremento de los indicadores básicos llamados a medir el crecimiento no altera para nada su situación personal y que sus condiciones de desarrollo humano, de mejoramiento de su calidad de vida, permanece en un cuadro de insatisfacción y de inseguridades constantes. Un sólido debate sobre temas como estos, resulta impostergable y, en esto, la responsabilidad de los partidos políticos –elemento esencial para el funcionamiento de un sistema democrático – no puede ser eludida. Más allá de la crítica, el ciudadano debe exigir la renovación profunda de estas colectividades para que asuman, a través de la participación activa, el rol que por comodidad o inconsecuencia han abandonado sistemáticamente.

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