Editorial: El gatopardo al acecho

El plebiscito del 25 de octubre marcó el inicio de lo que muchos han calificado como el proceso más relevante de la historia del Chile republicano. Tras más de doscientos años de vida independiente, por primera vez el pueblo soberano ha decidido a través de una abrumadora mayoría asumir la responsabilidad de darse una nueva Carta Fundamental.

Aunque luego de un largo mes ello no ha sido suficientemente relevado, lo más llamativo de la consulta mencionada ha sido sin duda la categórica decisión ciudadana de excluir absolutamente a los parlamentarios de toda participación en la elaboración de un documento destinado a ser básico para definir la nueva institucionalidad de la República y, lo que es aún más importante, la normativa llamada a reconocer y resguardar los derechos de las personas en un marco de relaciones que evite privilegios y abusos y elimine las trabas que hasta ahora han obstaculizado la concreción de políticas públicas asentadas en principios de participación, equidad y solidaridad.

Es decir, nos encontramos frente a un panorama preocupante configurado por un Poder Legislativo que definitivamente carece de la confianza ciudadana (y que, además, parece no tener conciencia de ello), y un Poder Ejecutivo desacreditado, con nula capacidad de conducción política (según la opinión de sus propios partidarios) y cuya preocupación primordial radica en tener la capacidad para mantenerse a flote hasta marzo de 2022.

El cuadro anterior está muy lejos de asegurar un transcurso maduro del tiempo desde ahora hasta la próxima elección de los convencionales constituyentes.

Un análisis de opinión post plebiscito llevado a cabo por el Centro de Estudios MORI conjuntamente con la Fundación Instituto de Estudios Laborales, y que cubrió a la población mayor  de 18 años de todo el territorio nacional, determinó que el tema prioritario que debe considerar una nueva Constitución es el derecho a la salud para lo cual debe considerarse su calidad y mejoras significativas en el sistema vigente, ya que la crisis derivada de la pandemia destapó sus inequidades e insuficiencias, lo que afecta a los grupos sociales más vulnerables. Le sigue de muy cerca el derecho a la educación y, un poco más abajo el derecho de las personas a acceder a pensiones dignas. Otros temas considerados por la ciudadanía son los derechos civiles y sociales, el trabajo y las remuneraciones dignas y la equidad salarial.

Ahora bien ¿en quienes se confía para participar en la elaboración de este instrumento? En personas que sean independientes y más en las mujeres que en los hombres. Académicos, expertos y abogados constitucionalistas reciben una mención destacada y también los representantes de los pueblos originarios. De los personeros de la sociedad civil los líderes vecinales destacan muy por sobre la dirigencia sindical, gremial o empresarial en tanto que diputados, senadores, dirigentes políticos y partidos políticos reciben escasas menciones.

Esta fotografía de lo que quiere Chile ¿será suficiente como para lograr convencer a las desgastadas, obsoletas y repetitivas elites políticas de que ha llegado la hora de cambiar el rumbo? Un reportaje del medio electrónico <emol> ha señalado que dentro de la esfera partidaria ya estarían decididas unas cincuenta postulaciones a la Convención, lista que encabeza la propia hija del Presidente, hijos de ministros, subsecretarios de Estado en funciones, ex parlamentarios de diversos partidos, etc., en buenas cuentas, aunque se trate de disimularlo, se trata de los conocidos de siempre.

Las trabas y dificultades que han encontrado en el Congreso Nacional las normativas tendientes a hacer efectivos los derechos de los independientes en la elección del próximo 11 de abril tal como lo demanda y exige la ciudadanía, son una muestra indiscutible de que hay una clase política que insiste en jugar al gatopardismo para que, en la línea gruesa, todo siga igual.

Esto es muy grave porque en la medida en que la ciudadanía constate que hay una verdadera confabulación para preservar mezquinos intereses, es evidente que se corre el riesgo de que las aguas se desborden y las respuestas las busque el Chile real por canales fuera de la vía institucional.

La Convención Constitucional tiene la obligación de remover privilegios y de construir un nuevo sistema republicano y democrático que signifique la consagración de los derechos humanos y haga posible establecer las bases de una sociedad inclusiva fundada en principios solidaridad y equidad.

Del voto de cada ciudadano depende que esto sea posible.