«La violencia debe ser desterrada de la vida nacional… esto no se resuelve con respuestas técnicas, burocráticas ni policiales por sí solas, todas las expresiones de violencia que vivimos, tienen un origen político, social, cultural , sociológico y, sus respuestas pasan por propuestas que apunten a  cambios culturales, cambios conductuales y planes integrales de salud mental para la ciudadanía. Los profesionales del área, las universidades, las instituciones todas y el estado deben hacerse cargo del tema, con autocrítica y real compromiso con el tema.»

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Editorial. En busca del tiempo perdido.

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

La Convención Constitucional se encuentra en una encrucijada. 

Abrumada por el avance inexorable del tiempo, se debate en un ambiente preocupante de incertezas que reflejan un ambiente controversial en que una gran cantidad de sus integrantes aparece más comprometida con la imposición a rajatabla de sus prejuicios y eslóganes que con el diseño de un marco que encuadre la evolución de la sociedad chilena para las próximas décadas. 

Si bien algunas propuestas descabelladas han sido rechazadas ( o más bien no han alcanzado el quórum aprobatorio de 2/3) muchos de las disposiciones que hasta ahora han sido aprobadas generan problemas e incertidumbres en vez de certezas normativas que es lo que el país espera y reclama. 

Un ejemplo significativo lo constituyó la moción que disponía que “el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”, texto que naturalmente derivaba en un cúmulo de conflictos y problemas que hacían imposible el funcionamiento de un Estado en forma.

En otros planos, también se han encendido las alarmas.

Pretender implantar la coexistencia de sistemas judiciales diversos implica un riesgo cuyas consecuencias no han sido debidamente calibradas. La experiencia habida en materia penal con delitos cometidos por algunos integrantes de la etnia rapanuí hace palmaria la inequidad en el tratamiento de determinados hechos. A la vez, como ya algunos han planteado, si se pretende discriminar en favor de los pueblos originarios o preexistentes ¿qué razones habría para no otorgar similares beneficios en favor de las naciones inmigrantes que para el 2030 constituirán el 20% de la población del país, respetando así sus tradiciones y costumbres? En el mismo terreno judicial, todas las iniciativas que afectan la inamovilidad de los jueces terminan dañando su independencia y sometiendo sus resoluciones y dictámenes actuales a un cuestionamiento político posterior.

A medida que avance el proceso, es probable que aparezcan ideas y sugerencias que contradigan la cultura institucional tradicional, no para perfeccionarla y evitar sus deficiencias, sino para someterlas a un populismo político que comprometa la esencia de un sistema democrático.

Bien miradas las cosas, la “prueba de la blancura” de un buen proceso constituyente estará dada por la perspectiva de que un determinado momento de la historia, el ejercicio del poder sea confiado por la ciudadanía a otros sectores políticos diversos de aquéllos que hoy presumen de mayoritarios. La Constitución heredada de la dictadura fue concebida por mentes imbuidas de principios totalitarios de tal forma que, como lo reconoció paladinamente el propio Jaime Guzmán (heredero indiscutido del franquismo hispánico) si en algún momento le tocara gobernar a los adversarios éstos no pudieran alterar el orden de las cosas porque “todo había quedado atado y bien atado”.

La sola pretensión de imponer por vía constitucional un modelo específico (remedando lo actuado por la dictadura) constituye, sin duda, un peligro que acecha. Creemos que no es eso lo que la ciudadanía quiere y, es obvio que si las cosas se extreman, la posibilidad del rechazo en el plebiscito de salida se puede dar, frustrando las esperanzas de toda la nación.     

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