Editorial. La calidad de la política.

Sin duda alguna, la política a nivel país enfrenta una crisis de envergadura.

Los dos últimos meses han sido útiles para corroborar la afirmación precedente y diversos acontecimientos han aportado lo suyo para incrementar el alto nivel de desconfianza que la sociedad chilena tiene en sus elites dirigenciales. Los dardos ciudadanos se concentran, por supuesto, en los partidos políticos y en su expresión más notoria que son los parlamentarios.

Si se quisiera hacer un recuento de lo sucedido en estos sesenta días, tendríamos que recordar los casos individuales pero emblemáticos del diputado del sur del país que concurre a cumplir sus deberes (por los cuales el Estado chileno le paga suculentas sumas) con indubitado hálito alcohólico y del otro parlamentario que, tras ser reemplazado por sus propios compañeros de bancada vierte los peores epítetos contra estos y luego justifica su ordinariez en supuestas razones médicas que le impiden ejercer control sobre sus impulsos.

 A un nivel más grave, encontramos los casos, denunciados en un trabajo de investigación periodística del medio digital CIPER, en que se demuestra, con datos duros, que diversos congresales, tanto diputados como senadores, tanto de un sector como de otro, han sido descubiertos utilizando los recursos que les son otorgados en asignaciones de combustibles para el cumplimiento de sus labores parlamentarias, para actividades que simplemente no corresponden ni legal ni moralmente.

En los momentos en que todas las encuestas y estudios de opinión coinciden unánimemente en que la principal preocupación de la gente radica en la seguridad y el orden público, lo que implica el tratamiento del problema de la delincuencia ligado cada vez más al tráfico de drogas, resulta inaceptable que la Fiscalía Nacional, principal ente persecutor, permanezca acéfala durante semanas y semanas en un proceso que se vislumbra entrampado con graves consecuencias para la población. En un procedimiento que teóricamente resulta sano y conveniente –como es la participación de los tres poderes del Estado en la génesis del nombre que sustituirá al Fiscal Abbot – es claro que no se ha actuado con el nivel de responsabilidad que el caso amerita. La Corte Suprema de Justicia ha dado un mal ejemplo en la materia, al recibir en audiencia preliminar a los diecisiete postulantes, otorgando un tiempo de diez minutos a cada uno para su presentación y exposición hecho que por sí mismo demuestra la liviandad con que se ha abordado el problema. Los pasos siguientes, tanto en el Ejecutivo como en el Senado, han completado el bochorno.

Otro hecho destacable negativamente, lo constituye la prosecución del ciclo tendiente a otorgar al país una nueva Carta Fundamental. El plebiscito del 4 de septiembre marcó un hito en cuanto a que la determinación ciudadana rechazó por abrumadora mayoría el “producto” del trabajo de la Convención Constituyente.  Sin embargo, es indiscutible que la decisión precedente del país en cuanto a que se deseaba una nueva Constitución sigue vigente, lo que obliga a reencauzar los procedimientos con el fin de lograr concretar un trabajo serio, orgánico y participativo en un lapso racional de tiempo. Hasta ahora solo se ha visto en la materia una lucha por cuotas de poder que resulta frustrante.

El cuestionable panorama descrito obliga a una respuesta ciudadana contundente en cuanto a exigir parámetros cada vez más alto en cuanto al comportamiento de la clase política. Conductas como las descritas (aunque el espectro podría ampliarse sin mayores problemas) corroen la esencia sustantiva del sistema democrático y terminan abriendo paso a dolorosas experiencias populistas de ultraderecha.