Editorial. El conflicto sempiterno.

A medida que transcurren los días, la incertidumbre parece que recorre todo el país. El resultado del plebiscito constitucional de salida no se ve claro y, como en otras oportunidades, la ciudadanía no se atreve a hacer vaticinios. El dilema entre el “rechazo” y el “apruebo” tiene las mismas características de siempre, una marcada polarización que apela más a las emociones y sentimientos que a la razón, evitándose toda argumentación seria y toda reflexión sobre las consecuencias que para el país tendrán las cifras finales. Por un lado, la opción del “rechazo” es alimentada desde los sectores más conservadores de la sociedad que, sin que lo digan, prefieren la mantención del statu quo y para ello usan y abusan de su poder económico, comunicacional y de una majadera utilización de la “encuestología”, teniendo al frente la opción del “apruebo” sostenida por las demandas de cambio expresadas por el Chile real que cree que un país más justo, solidario y equitativo es posible.

Si se trata de razonar fríamente, es necesario comprender que ninguna cifra final es gratuita. Las posibilidades de una u otra elección ciudadana traerán efectos inevitables y, para decirlo claramente, un eventual “empate técnico” generará un corolario de efectos inusitados.

Por el momento, lo que resulta inaceptable e incluso injurioso es que sectores de extrema derecha capitaneados por un diputado republicano, hayan dado comienzo a una orquestada campaña destinada a desprestigiar al Servicio Electoral y a denunciar posibles irregularidades en los padrones de votación. Chile en esta materia ha mantenido una tradición ejemplar reconocida internacionalmente y la actitud señalada constituye un verdadero delito, inaceptable, como lo señalara el propio director del organismo.

El período de campaña, expresado a través de las palabras de dirigentes de uno y otro sector y, en especial, a través de las franjas televisivas, ha dejado mucho que desear. Los “creativos” han sido reincidentes en cuanto a la pobreza de los contenidos y argumentos, mostrando una actitud tremendamente negativa en un bloque o tremendamente ilusoria en el otro.

Tratando de construir un análisis maduro sobre la cuestión planteada, deben puntualizarse tres elementos de reflexión inevitables: a) El país quiere un nuevo ordenamiento jurídico – institucional, legítimo, surgido desde la soberanía popular, y que elimine todos los nudos subsistentes que amarraban el destino y evolución de la comunidad nacional a un modelo amarrado por la dictadura y que ha sido esencialmente individualista e injusto; b) El proyecto elaborado por la Convención Constituyente, si bien remueve tales obstáculos y tiene una indiscutida legitimidad de origen, tiene abundantes errores formales (que en algún momento van a necesitar ser corregidos) y claros defectos en su confusa definición institucional que permiten augurar una suma significativa de conflictos por un período bastante largo; c) La pretensión de rechazar para dar comienzo a un nuevo proceso, se ve como inviable y / o conflictiva, si se tiene en cuenta que sus sostenedores históricamente se han opuesto a cambios que resultaban indispensables.

Sobre la base de tales antecedentes, es posible afirmar que el país necesita generar un gran acuerdo político – social que corrija lo que hay que corregir, que preserve los avances promovidos en materias sociales y ambientales y que elimine las fuentes de conflicto que comprometen el desarrollo de la sociedad.

Si la ciudadanía no toma debida conciencia de que ninguno de los utópicos derechos especificados en la letra constitucional será realizable sin el esfuerzo y sacrificio necesarios para desarrollarnos, estaremos jugando el rol de un país fracasado que tuvo su oportunidad y no la aprovechó.