“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.” Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973.

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Leve mejoría

El martes 12 de enero, el Ministro de Salud Enrique París declaró a la prensa: “A nivel nacional y de la Región Metropolitana las cifras son bastante alentadoras”.

Dos días más tarde, el jueves 14,  el Presidente de la República, participando telemáticamente en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE, organizado por ICARE, amplió el campo del optimismo: ”Estamos teniendo una leve mejoría”.

Otros dos días después, el Dr. Rodrigo Cruz, médico infectólogo del Centro de Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la U. de Valparaíso daba a conocer un informe sanitario en los siguientes términos: “Entre el 15 de diciembre de 2020 y el 15 de enero de 2021, los casos positivos y el número de quienes se mantienen activos o capaces de contagiar a otras personas, se duplicaron a nivel nacional y se triplicaron en la Región de Valparaíso”. El profesional de la salud, explicó que el fuerte incremento había sido causado por las reiteradas aglomeraciones en calles y centros comerciales, por la excesiva movilidad, por la elevada cifra de fiestas familiares y clandestinas y por el relajo generalizado en cuanto al respeto y observancia de las normas e instructivos sanitarios dispuestos por la autoridad.

Paralelamente, la subsecretaria de Salud, Paula Daza (12.01.2021) justificaba algunas decisiones gubernamentales en los siguientes términos:   “Hay una fatiga pandémica que dice que las personas están cansadas y es por eso que entender que darle más libertades a las personas, darles la posibilidad de que puedan salir de vacaciones, que tengan permiso de un lugar a otra comuna, pero que mantengan estas normas de autocuidado” (sic). A los diez días, se daba a conocer que se habían otorgado a la fecha “945.000 permisos de vacaciones” que correspondían en un elevado porcentaje a residentes de Santiago que se desplazaban hacia la zona costera de la Región de Valparaíso.

Los antecedentes entregados el viernes 22 por el propio Ministerio muestran que 11 regiones del país (se exceptúan Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y O’Higgins) claramente han ingresado a “la segunda ola” registrándose una grave escasez de disponibilidad de “camas críticas” (Valparaíso=0) y, lo que es peor, el día anterior se llegó a 84 fallecidos elevando a 17.786 el total acumulado con la presencia de 4.956 casos nuevos la cifra más alta constatada desde el 21 de junio.

El panorama vacunatorio se ha complicado por problemas de internación y de aplicación. La recién reelecta presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, ha emplazado al Gobierno pidiendo que se fije con claridad el orden de priorización en la aplicación de las vacunas ya que, según indicó, a algunas regiones se les había entregado 7.000 dosis en tanto que a otras solo 200.

En este clima, sería irresponsable no llamar la atención sobre el manejo general de la pandemia en el país. A las vacaciones masivas y a las fiestas ilegales y clandestinas que favorecen la propagación del contagio, se ha sumado el caso de la Clínica Care Full Home, con sede en la comuna de Las Condes, que ha sido clausurada por la venta de informes negativos de PCR, por la modesta suma de $60.000 “sin necesidad de tomar muestras”.

Cualquier ciudadano con un mínimo de sentido común puede darse cuenta que existe un claro conflicto entre las expresiones voluntariosas de algunas altas autoridades de gobierno y los datos duros que entregan los informes sanitarios. Como se ha señalado en comentarios anteriores, el Gobierno, en la materia, muestra dos almas: una, preocupada tozudamente por demostrar que el país vive un período de normalidad económica (acatando las presiones de los poderes fácticos) y otra, preocupada del día a día sanitario, sin que se haya visto una cabeza que resuelva este conflicto que ya está teniendo consecuencias graves a irreparables.

Habiendo transcurrido más de diez meses desde la detección del primer caso en el país de Covid 19, la evaluación de la gestión política y sanitaria es, sin duda negativa. Si bien la remoción de Jaime Mañalich y su reemplazo por Enrique París significó a todas luces un cambio positivo (ya que se pasó de un polémico proceso de farandulización y manipulación de datos a un manejo más serio de la pandemia, con mayor apertura mental y disposición a recibir sugerencias y observaciones) es indiscutible que la cabeza del Ejecutivo vive en un mundo paralelo con incapacidad para comprender la gravedad de una situación en la que están en juego miles de vidas humanas.

El inminente riesgo de que el país experimente un rebote generalizado del contagio, sumado a la venta sin escrúpulos de la idea enfermiza de que con la llegada de algunos miles de dosis de vacunas todo va a estar muy pronto controlado y, ojo, al estrés sobrehumano a que están sometidos todos los trabajadores de la salud, exigen respuestas y actitudes distintas.

En la totalidad de la población existe una preocupante incertidumbre sobre el futuro próximo. Se está llegando a un período en el cual las reglas del juego se cambian día a día sin razones de fondo, ambigüedad que lleva al irrespeto de las disposiciones que se dictan con las consecuencias previsibles. Mientras tanto, el Gobierno se desgrana, el Congreso sigue en su mundillo cerrado de bilz y pap preocupado solo de la defensa y preservación de sus propias parcelas de interés, y el país de resbala por la cuesta de un populismo barato en que solo los que se quedaron dormidos no se han auto designado como presidenciables.   

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