«La ética, la moral, las personas, la solidaridad, la justicia social y el medio ambiente, y una economía a escala humana, deben estar en primer lugar de los programas de quienes pretenden gobernarnos»

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Editorial. La democracia en su laberinto.

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

En una definición muy básica y fundamental, la democracia implica el gobierno de las mayorías con el debido respeto a las minorías.

Esa concepción, tan breve, contiene un reconocimiento a la igualdad esencial de las personas, de su dignidad, de un conjunto de derechos que les son propios, y que se extienden a todos los miembros de una comunidad nacional cualesquiera que sean su género, su raza, su edad, sus convicciones políticas o religiosas. El camino de tránsito de este sistema político hasta nuestros días no ha sido fácil. Al contrario, desde las viejas polis griegas que están presentes en su origen pero que excluían a mujeres y esclavos, hasta nuestros días, ha corrido mucha agua bajo el puente.

Largo sería detallar las vicisitudes experimentadas durante siglos hasta llegar a un momento en que los elites políticas, sociales y académicas llegaron a coincidir en cuanto a que la democracia liberal, con todas sus limitantes e imperfecciones, era el mejor sistema político en cuanto a garantizar y proteger los derechos humanos y asimismo en tanto tenía en sí misma la capacidad de enmendar sus propios errores, equívocos e insuficiencias.

Sin embargo, la realidad concreta en unos pocos decenios mostró una cosa distinta.

Poco a poco, irrumpieron las “democracias con apellidos”: las democracias populares, las democracias protegidas, las democracias autoritarias, hasta encontrarnos con que regímenes tales como el nazismo, el fascismo y el estalinismo llegaron a vanagloriarse de sus orígenes y prácticas democráticas. Los propios Estados Unidos, apuntados por muchos como la patria de las libertades, llegaron a actuar, sin mayores problemas de conciencia, como los instaladores y sostenedores de las peores regímenes totalitarios en países de su área de influencia.

Hoy se puede comprobar, casi con espanto, cómo los fundamentos morales e ideológicos en que se sustenta la democracia se han ido corroyendo paulatinamente.

Los grupos dominantes – económicos, culturales e incluso religiosos – que tradicionalmente controlaron el poder, al constatar su irreversible condición de minoritarios, optaron hábilmente por corromper el sistema mediante el uso del dinero para el financiamiento ilegítimo de la política para cohonestar los partidos y organizaciones, para tomar desenfadadamente el control de los medios de comunicación social, de la educación y de toda área importante de influencia.

 La democracia, en último término, se transforma, en la práctica, en un mecanismo social que permite una competencia pacífica por el poder, la que, por supuesto, supone la sujeción a ciertas reglas previamente convenidas y aceptadas. Idealmente, en el escenario ciudadano se confrontan proyectos de futuro, de corto o largo plazo, sobre los cuales deben pronunciarse los integrantes de la comunidad política. Un debate democrático supone respeto mutuo, capacidad de argumentación, invitación a un razonamiento colectivo. Si, por el contrario, se opta por la injuria soez, por el ataque personal, por el eslogan sinsentido, se está mostrando una profunda falta de respeto hacia las personas. Peor aún: si se elige el camino de la agresión verbal o física contra el adversario como forma de imponer por la fuerza o el temor las propias convicciones, se está haciendo patente un claro espíritu totalitario.

La democracia implica asumir compromisos fundamentales entre los cuales está el respeto a las reglas que norman la convivencia ya sea que nos favorezcan o que nos afecten porque precisamente en ese punto radica una cualidad básica de la vida cívica civilizada.

A todas luces, absurdo sería guardar silencio frente a grupos que ostensiblemente procuran saltar la valla e imponer, por la vía de mayorías temporales u ocasionales, sus propias definiciones. Específicamente, la Convención Constituyente debe tener claro que fue mandatada para elaborar un cuadro institucional y normativo que, removiendo todos los nudos que atan al país a un determinado modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura, pueda constituir una “casa común”.

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