«La ética, la moral, las personas, la solidaridad, la justicia social y el medio ambiente, y una economía a escala humana, deben estar en primer lugar de los programas de quienes pretenden gobernarnos»

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La decisión que le ha pegado duro a las leyes de Inmigración Racista de los Estados Unidos de Norteamérica (I)

Guilmo Barrio Salazar

Desde Georgia, E.U.A.

Hace cien 100 atrás, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó una ley indicando que era una felonía de alguien volver a entrar a este país después de haber sido deportado.  Ahora, una Jueza ha encontrado que es demasiado racista para ser permitida una ley de este tipo en esta nación.

          Hasta cierto punto, he aprendido a aceptar que las reglas de inmigración son racistas.  Pero a otro nivel, también he aprendido a aceptar que «es legal» que este reglamento inmigratorio sea discriminativo, cuando se indica que el Estado puede hacer lo que quiera en cualquier territorio que está controlado por la fuerza.

          Esta nación siempre ha tenido «preferencias» en la clase de inmigrantes que desea atraer, mientras trate de mantenerse en contra de aquellos que sean indeseables para el poder blanco.  Antiguamente los irlandeses no eran aceptados por un tiempo, después sucedió lo mismo con los chinos, también con los japoneses, posteriormente fueron los europeos del sur y del este de Europa, hasta que últimamente han sido los latinoamericanos y los musulmanes de cualquier parte.

          Casi siempre, las restricciones racistas de inmigración han salido adelante en los reglamentos de los blancos en las cortes judiciales de este país.  La intolerancia de esta nación está tan penetrada en las leyes de inmigración, que para sacar el racismo de las leyes, se necesitaría sujetar unas restricciones básicas en la inmigración y declararlas esencialmente inconstitucionales, para comenzar todo de nuevo.

          Extraordinariamente, eso es precisamente lo que la Jueza de un Distrito estadounidense, Miranda Du hizo en el caso llamado Estados Unidos versus Carrillo-López. La Jueza del Estado de Nevada declaró que uno de los más básicos estatutos de inmigración (Sección 1326) es una violación inconstitucional de la igualdad en la protección de los derechos civiles en este país.

          Para que una Jueza encuentre una violación de la ley en la Cláusula de Igualdad de Protección, y encontrarla esencialmente «demasiado racista» para ser constitucional, la víctima de la ley tiene que demostrar, por lo menos una de dos cosas.  Tiene que probar que la ley, como ha sido aplicada, trata a una raza fundamentalmente diferente y peor que a los otros (los abogados llaman a esto un «disparate de impacto«), o tiene que demostrar que el Congreso pasó la ley con la intención de discriminar racialmente.

          La Jueza Miranda Du encontró que la Sección 1326, que hace una felonía para la gente que regresa a los Estados Unidos de Norteamérica después de haberle  negado la admisión al país o haya sido deportado, lo cual fracasó en ambas cosas con relación a los inmigrantes latinos.  El disparate de impacto es obvio: debido a que se mantiene mucho más estricto la frontera sur del país con México, con agentes de inmigración militarizados al extremo, y con mucho más personal y con recursos, que la frontera del norte con Canadá.  Lo que demuestra claramente que son más inmigrantes, ya sea mexicanos o latinoamericanos, los que son arrestados y deportados, que los inmigrantes canadienses.  Incluso, son más inmigrantes latinos los deportados que los inmigrantes europeos, que generalmente entran a esta nación por la costa a lo largo del Océano Atlántico.

          Pero eso no es todo: la Jueza Miranda Du encontró que este impacto racista era exactamente lo que el Congreso intentaba cuando pasó la ley.  La Sección 1326 se pasó como parte de la «Ley de Inmigrantes Indeseables» de 1929. Si el nombre indicado de esta ley no fue suficiente para alterarlos, estimados lectores de La Ventana Ciudadana, la Jueza Miranda Du ha confirmado oficialmente que el Congreso norteamericano tuvo un gesto de racismo intolerable cuando votó esa ley.

          El gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica concede el punto presentado, pero señala que la Sección 1326 fue re-autorizada en el año 1952, y que el Congreso no fue motivado por un racismo en aquella instancia.  La Juezs está en completo desacuerdo.  Ella señala, dentro de otras cosas, el hecho de que haya pasado esa regla en 1952, por sobre un veto presidencial de Harry Truman, quien dijo que esa regla «perpetuaría injusticias por mucho tiempo contra muchas otras naciones del mundo«, y que «intensificaría la represión de los aspectos inhumanos de nuestros procedimientos inmigratorios«.  El rechazo del Congreso a aceptar esas palabras, es una forma que podemos ver el racismo intentado detrás de esas leyes.

          La defensa final del gobierno norteamericano fue que aun cuando se pasó esa ley con un racismo intencionado, pudo haber pasado sin esa intención.  En otras palabras, hay buenas razones, totalmente no racistas para discriminar contra los mexicanos o latinos cruzando la frontera del sur de esta nación.

          Continuaré en la próxima edición de «La Ventana Ciudadana» con la segunda parte de este artículo. Agradeceré los comentarios al respecto.

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